Afriquinfos
La Autoridad de Jefes de Estado y de Gobierno de la CEDEAO sigue preocupada por la situación política y de seguridad en Malí. Las fuertes sospechas de connivencia entre las autoridades de transición malienses y las empresas de seguridad privada, en particular la empresa rusa Wagner, no sientan bien a los dirigentes de la organización regional, que lo han hecho saber una vez más.
La región del Sahel y la crisis política y de seguridad imperante en Malí ocuparon claramente el centro de los debates entre los jefes de Estado y de gobierno de la CEDEAO, reunidos el pasado domingo en Abuja. Al término de sus deliberaciones, el comunicado afirma que la Conferencia «reafirma su compromiso de promover la paz, la seguridad y la estabilidad en la región, que son requisitos previos para la integración económica y el desarrollo de la región».
En este contexto, expresa su preocupación por la lentitud de los preparativos de las elecciones. También sigue preocupado por los riesgos que supone para la región la intervención de empresas privadas de seguridad en Mali.
El grupo ruso Wagner llama a la puerta de Bamako, y la actitud de las autoridades de transición, que mantienen vagas sus intenciones, no tranquiliza a los Estados miembros de la CEDEAO, que, al igual que Europa y Estados Unidos, presionan a Assimi Goïta y a sus compañeros de armas para que no den el paso.
En cuanto al aspecto político, los dirigentes de la CEDEAO declaran haber «tomado nota de una comunicación oficial del 9 de diciembre, enviada por las autoridades malienses a la CEDEAO, en la que informan de que el calendario de las elecciones se transmitirá a más tardar el 31 de enero de 2022, y podrá ser discutido con una misión de la CEDEAO».
No obstante, la conferencia reafirma: la necesidad de respetar la fecha del 27 de febrero de 2022 para la celebración de las elecciones; mantiene las sanciones ya impuestas; decide imponer sanciones adicionales a partir del 1 de enero de 2022 si no se realizan progresos tangibles en la preparación de las elecciones antes de finales de diciembre de 2021. También se enviará un mediador a Bamako para notificar estas decisiones a las autoridades malienses.