Un informe de Amnistía Internacional pone el foco en los ataques contra la población civil de diferentes facciones yihadistas de la región
Ansaroul Islam y otros grupos armados han asediado brutalmente a comunidades de todo Burkina Faso, cometiendo crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos -incluidos homicidios de civiles, secuestros de mujeres y niñas y ataques contra infraestructuras civiles y convoyes de suministros- con graves consecuencias humanitarias, escribe Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado el 2 de noviembre de 2023.
Titulado «La muerte nos esperaba: Vivir bajo asedio en Burkina Faso», el informe condena los ataques contra los derechos de las personas que viven en zonas asediadas a cultivar sus tierras y criar ganado, y limita su acceso a la salud y la educación, obligando a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares.
Los grupos armados también atacan los convoyes de suministros, afectando de forma desproporcionada a los civiles. En Burkina Faso, una de cada 12 personas se ha visto obligada a abandonar su hogar a causa del conflicto armado.
Localidades sitiadas
Según estimaciones de Amnistía Internacional, en julio de 2023, al menos 46 localidades estaban sitiadas por grupos armados en Burkina Faso. Esta estrategia, utilizada por primera vez en 2019 pero que se ha convertido en una característica del conflicto desde 2022, se define por el uso de puestos de control en las principales rutas de salida, la colocación de artefactos explosivos improvisados para restringir el tráfico y ataques ocasionales contra civiles, soldados y convoyes de suministros. Estos asedios afectan a alrededor de un millón de personas.
Un dirigente de una organización de la sociedad civil dijo a Amnistía Internacional: «En estos momentos, hay ciudades y pueblos bloqueados todos los días. Arbinda lleva bloqueada desde 2019. Gorgadji, Sollé, Mansila y Titoa están más o menos igual, y los peligros son reales para la población.»
Ansaroul Islam y otros grupos armados han atacado a los habitantes de las localidades asediadas. Es lo que ocurrió en Madjoari (provincia de Kompienga, región oriental), localidad cercada por Ansaroul Islam desde febrero de 2021. El 25 de mayo de 2022, asaltantes armados atacaron a civiles de Tambarga y Madjoari que intentaban huir de las sedes de estas comunas y llegar a Nadiagou, en el departamento de Pama, en Singou, matando al menos a 50 civiles. De las personas que huían, sólo cuatro (dos mujeres, un anciano y un niño) se salvaron de los atacantes; consiguieron llegar a Nadiagou. En enero de 2023, 66 mujeres, niñas y bebés fueron secuestrados cerca del pueblo sitiado de Liki, en el departamento de Aribinda, mientras recogían leña, frutas silvestres y verduras, debido al bloqueo de su pueblo por Ansaroul Islam.
En varias localidades asediadas, Amnistía Internacional descubrió que miembros de Ansaroul Islam habían impedido a los residentes cultivar cosechas o acceder a tierras de pastoreo para el ganado, lo que había socavado gravemente la seguridad alimentaria y los medios de vida.
Una persona desplazada de 52 años dijo a Amnistía Internacional: «Los terroristas [sic] nos llaman descreídos y nos prohíben cultivar nuestros campos. Este año [2022] no he podido cultivar ni acceder a pastos para mi ganado. Al comienzo de la temporada de lluvias, nos dijeron en Djibo que no se permitía a nadie entrar en los campos. Es más, vienen y se llevan nuestros animales de los pastos a su antojo. Cualquiera que se atreva a oponerse corre el riesgo de ser asesinado».
En junio de 2023, 373 clínicas cerraron en Burkina Faso a causa del conflicto, una situación que afecta al acceso a la atención sanitaria de 3,5 millones de personas. En la región del Sahel, más de 84 centros médicos se vieron obligados a cerrar, lo que limitó el acceso a la atención sanitaria de 964.000 personas.
«Tuvimos que comer hojas de plantas silvestres para sobrevivir».
Los asedios también están teniendo graves consecuencias económicas y humanitarias, en particular un efecto inflacionista localizado en las ciudades cercadas debido a la escasez de alimentos. En Djibo, la seguridad alimentaria es un problema importante, y los residentes no tienen más remedio que comer hojas silvestres, como el oulo (Senna obtusifolia).
Un desplazado que huyó de Yibo tras el inicio del asedio declaró: «Tuvimos que comer estas hojas de plantas silvestres para sobrevivir. La gente hace cualquier cosa para alimentarse y alimentar a sus familias. A veces mezclan hojas de oulo con arroz, pero como últimamente el arroz escasea, hemos tenido que comer sólo hojas de oulo. Antes del asedio, estas hojas eran para los pobres, pero ahora se han convertido en un alimento básico común e incluso es difícil encontrarlas en la naturaleza».
Un desplazado de 65 años que huyó de Yibo en noviembre de 2022 declaró: «El hambre reina en Yibo y los más débiles son los más expuestos. Este año he perdido poco a poco la vista».
Para establecer su cuartel general, Ansaroul Islam destruyó estructuras civiles, incluidos puentes e infraestructuras hídricas como pozos y desagües. Los combatientes armados destruyeron más de 32 puntos de agua en Burkina Faso entre enero y mayo de 2022, y la mayoría de los ataques se concentraron en Djibo, donde los residentes disponen de menos de tres litros de agua al día para cubrir todas sus necesidades: lavarse, limpiar y cocinar.
La respuesta de las autoridades
Las autoridades han puesto en marcha una serie de medidas destinadas a restablecer la seguridad, a veces con efectos adversos para la población civil.
El ejército de Burkina Faso, apoyado por los Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP), unidad auxiliar formada en 2020, atacó el 9 de noviembre de 2022 la ciudad de Holdé, situada a pocos kilómetros de Djibo pero bajo la influencia de Ansaroul Islam. Durante este ataque, una columna de vehículos y motocicletas ocupó el pueblo y atacó directamente a civiles, matando al menos a 49 personas, la mayoría mujeres y niños, según supervivientes del ataque entrevistados por Amnistía Internacional.
Ante el empeoramiento de la situación de seguridad, las autoridades de Burkina Faso han declarado el estado de excepción para 2019, lo que confiere poderes extraordinarios a la administración. También han tomado diversas medidas, como imponer escoltas militares en las carreteras para «el transporte de combustible, mercancías y otros materiales peligrosos» y prohibir las transferencias de dinero en las regiones del Sahel y del Este, dificultando así el acceso humanitario y la ayuda a las poblaciones necesitadas. La ruptura de la confianza entre las autoridades y los actores humanitarios, simbolizada por la expulsión del coordinador de asuntos humanitarios de la ONU en diciembre de 2022, está teniendo un impacto negativo en la ayuda humanitaria en un país donde cerca de dos millones de burkineses han tenido que abandonar sus hogares, según el Consejo Nacional de Ayuda de Emergencia y Rehabilitación (CONASUR).
«Ansaroul Islam y todos los grupos armados deben poner fin inmediatamente a todos los ataques contra civiles e infraestructuras civiles y facilitar el acceso sin trabas de las organizaciones humanitarias para ayudar a los afectados. Las autoridades de Burkina Faso deben poner fin a los ataques contra la población civil y dar prioridad a las medidas para promover la asistencia sanitaria y la seguridad alimentaria en las zonas sitiadas o que acogen a personas desplazadas», ha manifestado Samira Daoud.
«En Burkina Faso está en juego la vida de millones de personas. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para garantizar que los responsables de crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos comparezcan ante la justicia. El pueblo de Burkina Faso tiene derecho a vivir con seguridad y dignidad, y merece un futuro prometedor.
Más información
Desde 2016, Burkina Faso se enfrenta a un conflicto armado no internacional que enfrenta a las fuerzas del Estado con Ansaroul Islam, un grupo armado local afiliado a Al Qaeda y al Estado Islámico en el Sahel (EIS). Este conflicto forma parte del conflicto armado más amplio de la región del Sahel central, que comenzó en 2012 en Malí antes de extenderse a los vecinos Burkina Faso y Níger y, más al sur, a las fronteras con Benín, Togo, Ghana y Costa de Marfil.
Los grupos armados y las fuerzas armadas nacionales han cometido numerosas violaciones de derechos humanos contra civiles desde que comenzó el conflicto en 2016. Ha habido miles de víctimas civiles, sobre todo en las zonas asediadas. En 2022, el año más mortífero registrado, murieron 1.418 civiles, según la ONG Armed Conflict Location Event Database (ACLED).