Analizamos cómo la gestión de la velocidad en las vías urbanas y rurales puede convertirse en una herramienta clave para salvar vidas, reducir lesiones graves y transformar nuestras ciudades en espacios más seguros y habitables. A partir de evidencia científica y enfoques internacionales, exploramos estrategias concretas que priorizan la seguridad de todos los usuarios, especialmente los más vulnerables. En un contexto donde los siniestros viales siguen siendo una de las principales causas de muerte evitables, reducir la velocidad no es solo una medida técnica, sino un imperativo social y ético
Cada año, los siniestros viales provocan la muerte de aproximadamente 1,19 millones de personas en todo el mundo y causan lesiones graves a entre 20 y 50 millones más. Esta crisis, que persiste silenciosamente en el centro de la vida urbana y rural, representa no solo una tragedia humana masiva, sino también un problema estructural de salud pública, seguridad vial, equidad social y sostenibilidad urbana. Los usuarios vulnerables de las vías —peatones, ciclistas y motociclistas— constituyen cerca de la mitad de las víctimas mortales y lesionadas, revelando una desproporción alarmante en el impacto de la movilidad insegura. En este contexto, la velocidad excesiva emerge como el factor determinante y universalmente reconocido que incrementa tanto la probabilidad como la gravedad de los accidentes de tránsito. A pesar de ser ampliamente conocida, esta causa es sistemáticamente subestimada en el diseño, la regulación y la operación de los sistemas de transporte en muchas regiones del mundo.
Frente a este panorama, la gestión de la velocidad adquiere una importancia estratégica como herramienta integral para salvar vidas y transformar los entornos urbanos en espacios más seguros, equitativos y sostenibles. No se trata únicamente de reducir cifras de mortalidad o evitar colisiones, sino de reconfigurar la relación entre las personas y su entorno urbano. En colaboración con el Banco Mundial, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) ha desarrollado la Guía para Velocidades Seguras: Gestión de la Velocidad del Tráfico para Salvar Vidas y Mejorar la Habitabilidad, un documento de referencia que presenta evidencia científica, buenas prácticas internacionales y herramientas de implementación, orientadas a ayudar a las autoridades locales, nacionales y a los planificadores del transporte a establecer límites de velocidad más seguros y coherentes con los principios del desarrollo urbano centrado en las personas.
Uno de los aportes fundamentales de esta guía es la articulación de la gestión de la velocidad como un instrumento de transformación urbana más allá del ámbito de la seguridad vial. Una reducción efectiva de la velocidad vehicular no solo disminuye la probabilidad de colisiones fatales, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire mediante la reducción de emisiones contaminantes, atenúa el ruido ambiental que afecta el bienestar mental y físico de los habitantes urbanos, y favorece el desarrollo de modos de transporte activo como el caminar o el ciclismo. A su vez, estos beneficios repercuten positivamente en la salud pública, promoviendo estilos de vida más activos, disminuyendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, y facilitando una movilidad más inclusiva para niños, personas mayores y personas con discapacidad.
La guía plantea un cambio de paradigma en la forma en que se establecen los límites de velocidad. Tradicionalmente, muchas jurisdicciones han determinado estos límites en función de la velocidad “deseada” por los conductores —una práctica que ignora el contexto urbano, la presencia de peatones, la calidad de la infraestructura y la seguridad de los usuarios más vulnerables. Este enfoque tecnocrático y centrado en el vehículo ha demostrado ser ineficiente e inseguro. Por el contrario, la Guía para Velocidades Seguras propone una estrategia sistémica basada en el Enfoque de Sistema Seguro, ampliamente respaldado por organismos internacionales como la OMS y la OCDE. Este modelo reconoce que el error humano es inevitable y que, por tanto, el sistema vial debe diseñarse para tolerar estos errores sin derivar en consecuencias fatales o graves. Bajo esta perspectiva, las muertes y lesiones graves en el tránsito dejan de ser percibidas como eventos inevitables y pasan a ser consideradas resultados prevenibles y socialmente inaceptables.
En el núcleo de esta propuesta se encuentra el marco Roads-for-Life (R4L), una metodología robusta y basada en evidencia científica que permite establecer límites de velocidad seguros y creíbles. Este enfoque se rige por cuatro principios: la seguridad para todos los usuarios como principio rector; el bienestar comunitario, la previsibilidad y la disponibilidad de red como principios complementarios que garantizan equidad, coherencia normativa y aplicabilidad técnica. La metodología no solo permite definir velocidades adecuadas para vías ya existentes, sino también evaluar los impactos de las velocidades de diseño en proyectos de nuevas infraestructuras viales. En este sentido, el R4L no es únicamente una herramienta normativa, sino una guía integral para la planificación y gestión del espacio vial desde un enfoque centrado en la vida humana y la habitabilidad urbana.
La implementación del marco R4L requiere la clasificación funcional de las vías según su capacidad para movilizar personas y bienes y su interacción con los usuarios vulnerables. La guía ofrece una matriz de aplicación que permite identificar los límites de velocidad más seguros en función del tipo de vía, el entorno construido y la mezcla de usuarios presentes. Por ejemplo, una calle urbana con un solo carril por sentido, bordeada de comercios locales y con tránsito peatonal intenso, debe clasificarse como “vía de actividad humana urbana”, para la cual se recomienda un límite de velocidad de 30 km/h, en línea con los estándares internacionales promovidos por las Naciones Unidas y adoptados por ciudades como Oslo, París y Bogotá. Esta reducción no solo salva vidas, sino que transforma la dinámica urbana, fomentando la convivencia, la economía local y la recuperación del espacio público.
Asimismo, la guía proporciona una hoja de ruta detallada para implementar estrategias de gestión de la velocidad a nivel nacional, regional y local. Incluye desde la formulación de políticas públicas hasta el diseño de intervenciones físicas (como reductores de velocidad, ensanchamiento de aceras, plataformas elevadas y señalización adaptativa), pasando por mecanismos de fiscalización, participación ciudadana y evaluación del impacto. Especial énfasis se pone en la necesidad de adaptar las soluciones al contexto específico de cada territorio, utilizando un enfoque basado en datos y evidencia. La experiencia comparada de diversas ciudades y países —presentada mediante estudios de caso— ilustra cómo es posible implementar políticas efectivas, obtener respaldo político y lograr una apropiación social de las medidas, siempre que exista voluntad institucional y una visión clara del cambio.
En última instancia, la gestión de la velocidad debe entenderse como una estrategia multisectorial que articula seguridad vial, salud pública, justicia social, sostenibilidad ambiental y planificación urbana. No se trata únicamente de hacer que los autos vayan más despacio, sino de reconfigurar nuestras ciudades para que sean espacios donde la vida, en todas sus formas y expresiones, sea protegida, valorada y fomentada. La Guía para Velocidades Seguras constituye, en este sentido, una herramienta fundamental para avanzar hacia este horizonte, al ofrecer un marco técnico y normativo sólido, adaptable y científicamente validado que puede ser aplicado en cualquier contexto territorial comprometido con una movilidad más segura, equitativa y sostenible.
