Trayectoria de la violencia contra la población civil por parte de los grupos islamistas militantes africanos

Un desplazado construye un refugio en el campo de Mentao Norte, en Burkina Faso. (Foto: Pablo Tosco/Oxfam)

Anouar Boukhars
Africa Center for Strategic Studies

La violencia de los grupos extremistas contra la población civil está motivada por factores específicos del contexto: agravios de grupos externos, intimidación para controlar el territorio y respuesta a las medidas de seguridad de mano dura, que requieren una mayor mitigación a nivel comunitario y profesionalidad militar.

África ha experimentado un aumento constante de la violencia islamista militante durante la última década. Esta escalada se ha caracterizado en los últimos años por un recrudecimiento de la violencia dirigida contra civiles. En 2021, una cuarta parte de todos los ataques vinculados a militantes islamistas fueron contra civiles. Esta cifra contrasta con el 14% de 2016.

La frecuencia de los ataques contra civiles ha variado en los cinco principales escenarios de la violencia islamista militante en África -el Sahel, Somalia, la cuenca del lago Chad, el norte de Mozambique y el norte de África-, lo que pone de manifiesto las distintas motivaciones y estrategias de estos grupos. Por lo tanto, comprender las variaciones en los patrones de violencia contra los civiles en estos contextos locales es clave para mejorar la protección de los civiles frente a estos ataques.

La lógica estratégica de la violencia contra la población civil por parte de los grupos islamistas militantes africanos

La estructura del entorno competitivo en el que operan los extremistas violentos determina en gran medida las estrategias y la elección de objetivos de cada grupo. Por ejemplo, los grupos extremistas violentos que carecen de fuentes externas de apoyo y operan en zonas caracterizadas por bajos niveles de hostilidad hacia grupos externos, tienen más probabilidades de centrar la mayoría de sus ataques en objetivos estatales que en civiles. Los grupos que ejercen un mayor grado de control sobre un territorio también tienden a ser más moderados en el uso de la violencia contra los civiles.

Sin embargo, los que sí atacan a civiles suelen hacerlo en entornos conflictivos con múltiples actores, caracterizados por una intensa competencia y un elevado antagonismo entre grupos externos. Los contextos de divisiones socioeconómicas por etnia, religión, medios de subsistencia y raza -y marcados por una fuerte hostilidad y antagonismo entre grupos internos y externos- corresponden a niveles más altos de violencia contra civiles.

La violencia contra los civiles también depende de la debilidad de las estructuras organizativas de los grupos militantes. La incapacidad de los líderes de un grupo militante para controlar el comportamiento de sus combatientes está estrechamente relacionada con mayores niveles de violencia contra la población civil.

Efectivos de mantenimiento de la paz de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) patrullan las calles de Gao, en el norte de Malí. (Foto: UN Photo/Marco Dormino)

Las respuestas de los gobiernos en materia de seguridad también influyen en la violencia de los militantes islamistas contra la población civil. La presión sostenida sobre los actores extremistas violentos puede degradar su estructura organizativa y reducir su capacidad de atacar a la población civil.

atacar a la población civil. Sin embargo, en la medida en que las acciones del gobierno se consideren un castigo colectivo o se lleven a cabo principalmente en función de la composición étnica de una comunidad, pueden estimular el reclutamiento de grupos militantes, lo que se traduce en un aumento de la violencia de los extremistas contra la población civil. La presión de las fuerzas de seguridad también puede desencadenar represalias por parte de grupos islamistas militantes con el objetivo de intimidar a las comunidades locales para que no cooperen con el gobierno.

Partiendo de estas explicaciones de la violencia contra la población civil, este análisis ofrece una visión de las tendencias de la violencia civil en el Sahel, Somalia y Mozambique.

La victimización de civiles en el Sahel se dispara

El Sahel ha experimentado una rápida escalada de la violencia de los grupos militantes islamistas contra los civiles en los últimos años. En 2017, los ataques contra civiles comprendieron una quinta parte de todos los actos de violencia en el teatro del Sahel (38 de 187 eventos violentos registrados). Esa cifra alcanzó el 42% en 2021 (833 de 2.005). Esto convierte al Sahel en la región con el mayor nivel de violencia islamista militante contra civiles de todo el continente, y representa el 60 por ciento de toda la violencia de este tipo contra civiles en África.

Los niveles de violencia contra la población civil han variado entre los países sahelianos de Malí, Burkina Faso y Níger, así como dentro de ellos, a medida que los cambiantes entornos de conflicto han ido configurando las estrategias y los patrones de ataque de los actores armados. Éstos han sido principalmente el Frente de Liberación de Macina (FLM) (el elemento más activo de la coalición Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimin (JNIM)) y el Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS).

Las tensiones intercomunitarias se han polarizado enormemente en las regiones disputadas del Sahel. Los grupos islamistas militantes han explotado hábilmente las rivalidades inter e intracomunitarias por los recursos y los derechos. Estos grupos también han exacerbado la frustración por los fracasos percibidos de los gobiernos respectivos para aumentar el reclutamiento entre los pastores fulani, que llevan mucho tiempo sufriendo el agravio de las comunidades agrícolas vecinas. Esta situación ha provocado masacres mortales tanto por parte de los grupos islamistas militantes como de las milicias étnicas de autodefensa.

La espectacular expansión de la actividad islamista militante en el Sahel en los últimos años, tanto en número de actos como en alcance geográfico, parece haber debilitado las estructuras de mando y control de estos grupos. El FLM y el ISGS han tenido dificultades para controlar a sus subordinados, cuyo comportamiento se ha vuelto más explotador: controlan las minas de oro artesanales y extorsionan a las comunidades locales. Esto ha dado lugar a desconexiones entre las afirmaciones de los líderes de los grupos en Malí y el comportamiento real de sus miembros o grupos en lugares periféricos donde los grupos ejercen un menor grado de control territorial.

Combatientes del ISGS cerca de la frontera entre Malí y Níger. (Foto: saharan kotogo)

En el delta interior del Níger, en el centro de Malí, por ejemplo, los nómadas fulani que se unieron al FLM exigieron que el grupo ampliara sus ataques más allá de las fuerzas de seguridad y sus presuntos colaboradores locales para tomar represalias también contra aldeas agrícolas dogon enteras sospechosas de complicidad en los asaltos de cazadores dogon a comunidades fulani. Algunos combatientes fulani descontentos abandonaron la base del FLM en el delta interior del Níger para reforzar las defensas de sus comunidades contra los ataques dogon. Estos combatientes, a su vez, son presuntamente responsables de varios ataques contra civiles dogon en la región.

En otros casos, los enfrentamientos entre los propios grupos islamistas militantes han contribuido a la escalada de violencia. En los humedales del delta interior del Níger, estallaron conflictos en el seno del FLM entre los miembros locales del delta y los de las llanuras de Seeno por el acceso a los pastos de los humedales. La incapacidad del FLM para resolver estas tensiones llevó a algunos combatientes seenos a desertar y unirse a grupos vinculados al ISGS. Los agresivos intentos del ISGS de explotar estas divisiones y alejar a los combatientes del FLM deterioraron las relaciones entre ambos y condujeron a enfrentamientos abiertos entre el FLM y el ISGS en 2020. Los enfrentamientos entre los dos grupos y sus afiliados por el control territorial y el reclutamiento contribuyeron a un fuerte aumento de la violencia y a la muerte de civiles atrapados en medio, así como al debilitamiento de la capacidad operativa del ISGS.

Las fuerzas gubernamentales que se enfrentan a los grupos islamistas militantes sahelianos se han sumado, en ocasiones, a la escalada de violencia contra la población civil. Las tácticas de mano dura de los servicios de seguridad han alienado a ciertas comunidades de pastores fulani, reforzando la narrativa de los grupos marginados e impulsando el reclutamiento de grupos islamistas militantes. Esto, a su vez, ha permitido que aumente la violencia contra la población civil en las regiones en disputa. La dependencia de las fuerzas de seguridad gubernamentales de los grupos de autodefensa comunitarios en sus operaciones de seguridad, sin una supervisión estricta, también ha agravado las tensiones entre comunidades y ha desencadenado formas más mortíferas de violencia contra los civiles.

Flujo y reflujo dinámicos de la violencia en Somalia

A lo largo de su insurgencia en Somalia, Al Shabaab ha participado principalmente en emboscadas, ataques complejos y combates contra las fuerzas de seguridad estatales y no estatales y la AMISOM. En menor medida, emplea terroristas suicidas, despliega artefactos explosivos improvisados y lleva a cabo asesinatos selectivos de funcionarios y civiles como herramienta de intimidación. También impone duros castigos a los civiles que infringen el código legal del grupo extremista. Estos ataques están dirigidos en gran medida a controlar el territorio y la influencia frente al gobierno y las fuerzas regionales. La mano dura de estas fuerzas no se considera una escalada de la violencia de Al Shabaab contra la población civil.

El uso táctico de la violencia contra la población civil por parte de Al Shabaab ha sufrido altibajos a lo largo del tiempo, adaptándose a numerosas dinámicas relacionadas con las estrategias de seguridad del gobierno somalí y sus socios. Por ejemplo, en su apogeo territorial entre 2009 y 2010, el comportamiento violento de Al Shabaab contra la población civil fue relativamente moderado. La inmensa mayoría de los sucesos violentos relacionados con al Shabaab durante ese periodo se produjeron en forma de combates con fuerzas somalíes e internacionales.

Después de que las intervenciones de las fuerzas de seguridad regionales amenazaran la supervivencia del grupo, su control territorial se redujo, al igual que su capacidad para organizar ataques contra civiles. Con el tiempo, el grupo incrementó el uso de atentados suicidas y artefactos explosivos improvisados (violencia a distancia), lo que supuso un aumento del 83% de las víctimas civiles en Somalia entre 2015 y 2016. Al Shabaab también intensificó su violencia contra civiles: contra empresas que no pagaban protección, castigando duramente a los disidentes y vengándose de sus enemigos. Los tres años siguientes (2017-2019) fueron mortíferos para la población civil, ya que Al Shabaab perpetró casi 900 ataques directos e indirectos contra civiles en Somalia, con un saldo estimado de casi 2.000 víctimas mortales. La mayoría de estas muertes se debieron a artefactos explosivos improvisados. Aunque Al Shabaab juega con ciertos aspectos del antagonismo entre grupos externos, ya que históricamente ha obtenido la mayor parte de su apoyo de los subclanes Gaaljecel y Duduble del clan Hawiye, la mayor parte de la violencia contra civiles parece estar motivada como herramienta de coacción.

En los últimos años han aumentado los incidentes de combates de Al Shabaab con las fuerzas de seguridad, que representan casi tres cuartas partes de todos los sucesos ocurridos en Somalia. No obstante, la violencia contra los civiles sigue siendo persistente y representa alrededor del 13% de la actividad violenta de Al Shabaab. Esta violencia parece estar destinada a aislar al gobierno limitando el apoyo de la comunidad. En el noreste de Kenia, por ejemplo, Al Shabaab ha atacado a profesores, trabajadores sanitarios, administradores públicos y obreros de la construcción cristianos para obligar a estos profesionales a marcharse en masa.

Como ha sucedido a lo largo de los 15 años de insurgencia de Al Shabaab, el grupo sigue siendo letal en Somalia y un capaz saboteador en la esfera política al explotar el conflicto entre clanes y el faccionalismo político en Somalia. A pesar de sufrir varios reveses militares y escisiones internas ocasionales, Al Shabaab ha demostrado su capacidad para reagruparse, evolucionar tácticamente y, a pesar de todo, prosperar financieramente. Estas tendencias continuaron en 2021, cuando Al Shabaab mantuvo su campaña de atentados suicidas y ataques con artefactos explosivos improvisados contra objetivos gubernamentales y civiles en Mogadiscio y otras capitales estatales de Somalia.

Trayectoria de escalada de violencia en Mozambique

Mujeres sentadas con sus hijos mientras esperan para recoger su ración de alimentos cerca de Tombuctú, Malí. (Foto: EU/ECHO/Brahima Cissé)

La intensificación de la violencia en la provincia mozambiqueña de Cabo Delgado ha tenido un impacto catastrófico en la población civil. Desde octubre de 2017, cuando Ahlu Sunnah wa Jama’a (ASWJ) cometió su primer acto de violencia en Mocímboa da Praia, unos 1.400 civiles han sido asesinados y casi 750.000 civiles, aproximadamente un tercio de la población total de la provincia de Cabo Delgado, han sido desplazados. La violencia de los ASWJ parece haber estado animada principalmente por dos de los tres amplificadores: el antagonismo entre grupos y las respuestas de seguridad de mano dura.

Décadas de negligencia gubernamental y falta de inversión sistemática han convertido a Cabo Delgado en la provincia más pobre de Mozambique. Esto ha creado un sentimiento generalizado de resentimiento y frustración, especialmente entre los grupos étnicos mwani y makua, que culpan al dominio de las élites empresariales y los funcionarios locales de la etnia maconde -el grupo étnico del presidente Filipe Nyusi- de la exclusión política y económica de los mwani y los makua. El descubrimiento de rubíes en Montepuez en 2009 y de gas natural licuado en el fondo marino de Palma en 2010 han exacerbado las tensiones, ya que las comunidades que perdieron el acceso a sus caladeros de pesca o fueron desalojadas de sus tierras cultivadas en Cabo Delgado aún no han visto materializadas las promesas de oportunidades de empleo y prosperidad. Decenas de jóvenes mwani y makua acabaron uniéndose a la ASWJ. Sus primeros enfrentamientos con el gobierno local se produjeron en 2015, seguidos del lanzamiento de una campaña extremista violenta en toda regla en 2017.

Desde entonces, la ASWJ ha sido implacable en sus ataques contra instalaciones gubernamentales, fuerzas de seguridad, supuestos simpatizantes del partido político dominante (el Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo)) y civiles que se niegan a acatar sus dictados. Según los informes, los combatientes del ASWJ han escogido a los maconde, en su mayoría católicos y considerados partidarios del Frelimo, para perpetrar los ataques más brutales, masacrando a civiles, profanando sus cadáveres e incendiando sus aldeas y pueblos.

Las fuerzas armadas mozambiqueñas estaban mal equipadas y mal entrenadas para hacer frente a una insurgencia islamista militante. Respondieron a los brutales actos de violencia de la ASWJ con sus propias tácticas despiadadas que, según los informes, incluían el uso generalizado de la tortura, ejecuciones extrajudiciales de civiles sospechosos de apoyar al grupo y la mutilación de cadáveres de presuntos combatientes de la ASWJ. Esto no hizo sino aumentar aún más el reclutamiento por parte de la ASWJ y las represalias violentas contra civiles, que constituyeron dos tercios de la actividad violenta de la ASWJ en 2020.

Cuando el ejército y la policía no lograron frenar los avances de la ASWJ en torno a Cabo Delgado, el gobierno contrató primero mercenarios rusos y después zimbabuenses y sudafricanos. El gobierno también animó a los civiles a formar milicias de autodefensa.

Amnistía Internacional acusó a uno de los mercenarios, el sudafricano Dyck Advisory Group (DAG), de cometer crímenes de guerra, como disparar indiscriminadamente con ametralladoras desde helicópteros y lanzar granadas de mano contra civiles. Las brutales tácticas de DAG exacerbaron las ya tensas relaciones entre algunas de las comunidades agraviadas de Cabo Delgado y el gobierno.

El gobierno permitió entonces el despliegue de tropas ruandesas y de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC) -incluidas fuerzas especiales sudafricanas- en Cabo Delgado. En 2021, el nivel total de actividad violenta de los ASWJ se redujo en un 25 por ciento, y los ataques contra civiles representaron algo más de un tercio de esos sucesos. La trayectoria inversa revela la diferencia potencial de una respuesta de seguridad más profesional.

Mitigación de la violencia militante contra civiles

Este análisis de la violencia de los grupos islamistas militantes contra la población civil en África pone de relieve que los civiles suelen ser el blanco de los ataques como parte de las narrativas de agravio intercomunitario y como medio de intimidación cuando los extremistas violentos intentan afirmar su control territorial. Las respuestas de mano dura de las fuerzas de seguridad, por su parte, casi siempre tienen un efecto de escalada, impulsando el reclutamiento de grupos extremistas violentos y poniendo aún más en peligro a los civiles en las zonas en disputa.

Cada contexto es diferente y los llamamientos a corregir el rumbo deben ajustarse a las especificidades y demandas locales. Sin embargo, dado el uso instrumentalizado de la violencia contra los civiles por parte de los grupos islamistas militantes, es necesario reevaluar y reorientar las respuestas.

Una de las claves es dar prioridad a los esfuerzos para evitar que los grupos islamistas militantes exploten las tensiones comunales existentes. Los entornos de seguridad en el Sahel y Mozambique podrían beneficiarse de mayores esfuerzos del gobierno y la sociedad civil para aliviar las tensiones étnicas facilitando los diálogos intercomunales en curso, fortaleciendo los mecanismos de resolución de disputas y estableciendo normas más transparentes y equitativas sobre el uso de la tierra y los derechos de propiedad.

En Mozambique, donde las comunidades locales consideran que el gobierno explota los recursos de la zona, puede ser necesario un organismo independiente que facilite estos intercambios, incluida la revisión de los contratos. Los gobiernos que pretenden reducir la violencia de los militantes contra la población civil también deberían dar prioridad a la prestación de servicios sociales básicos en las zonas marginadas para corregir algunas de las desigualdades y agravios sistémicos que subyacen a estas tensiones intercomunitarias.

También es necesario hacer más hincapié en la formación y el despliegue de fuerzas de seguridad profesionales. Evitar respuestas de mano dura que alienen a comunidades ya agraviadas puede mitigar el reclutamiento de extremistas violentos. También puede reducir la probabilidad de que las fuerzas gubernamentales amplifiquen inadvertidamente las tensiones intercomunitarias. El despliegue de fuerzas disciplinadas y profesionales también puede proteger a los ciudadanos en zonas disputadas, creando un amortiguador entre comunidades antagonistas. Estas acciones pueden ayudar colectivamente a romper la secuencia que contribuye a la violencia de los militantes contra los civiles.

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