En un mundo cada vez más impulsado por tecnologías avanzadas, los minerales de tierras raras se han convertido en un recurso estratégico esencial. Su dominio, hasta ahora concentrado en manos de China, enfrenta una transformación profunda impulsada por tensiones geopolíticas, conflictos armados y ambiciosos planes de diversificación de suministro
Los elementos de tierras raras (REE, por sus siglas en inglés) constituyen un grupo de 17 metales fundamentales para la economía tecnológica moderna, desempeñando un papel insustituible en aplicaciones críticas que van desde la producción de vehículos eléctricos y energías renovables hasta sistemas avanzados de defensa y tecnologías de la información. Su relevancia estratégica se evidencia en cifras concretas: un solo Tesla Model Y contiene aproximadamente 2,5 kilogramos de neodimio en sus motores, mientras que un avión de combate F-35 incorpora más de 400 kilos de diversos REEs en sus sistemas de radar, sensores y componentes estructurales. Asimismo, un submarino clase Virginia utiliza alrededor de 4000 kilos de estos materiales, esenciales para sus sistemas de propulsión y comunicación. Dada su importancia crítica, el dominio de la cadena de suministro de REEs ha sido, y continúa siendo, un instrumento de poder geopolítico, actualmente sujeto a una transformación acelerada debido a tensiones internacionales crecientes y a las estrategias nacionales orientadas a reducir vulnerabilidades estratégicas.
China ha sido históricamente el actor predominante en el mercado global de tierras raras, controlando aproximadamente dos tercios de la producción minera mundial de REEs en bruto y ostentando hasta hace poco cerca del 100% del procesamiento global de REEs pesados, considerados aún más estratégicos debido a su escasez y aplicación en tecnologías avanzadas. Esta posición dominante le ha permitido a China utilizar los REEs no sólo como recurso económico, sino como herramienta de influencia política y económica. En abril de 2025, Pekín intensificó esta estrategia al implementar nuevas restricciones a la exportación de siete elementos específicos —samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio— así como de imanes fabricados a partir de estos materiales. Estas medidas exigen ahora licencias de exportación especiales, con tiempos de procesamiento superiores a los 45 días, afectando directamente la cadena de suministro global. Paralelamente, Pekín ha sancionado a 16 empresas estadounidenses, la mayoría pertenecientes a los sectores aeroespacial y de defensa, limitándoles el acceso a estos insumos esenciales. Como resultado, los mercados han reaccionado con gran volatilidad, observándose un aumento de aproximadamente el 30% en el precio del disprosio, que alcanzó los 300 dólares por kilogramo sólo en este mes de abril de 2025. Las exportaciones de tierras raras chinas a Estados Unidos cayeron un 52% interanual en el primer trimestre del año, evidenciando el impacto inmediato de esta nueva política de restricción.
La respuesta estadounidense ha sido amplia y decidida, reflejando la profunda preocupación estratégica ante su dependencia extrema: Estados Unidos importa el 100% de su demanda de al menos 15 minerales críticos, y más del 70% de sus necesidades de tierras raras provienen directamente de China. Ante esta vulnerabilidad, el gobierno estadounidense ha impulsado una serie de iniciativas para fortalecer su autonomía mineral. Entre estas medidas se incluyen órdenes ejecutivas destinadas a agilizar los procesos de permisos para nuevas minas, identificar terrenos federales potencialmente productivos, y utilizar la Ley de Producción de Defensa (DPA) para canalizar fondos públicos hacia proyectos estratégicos. Desde 2020, el Departamento de Defensa ha invertido más de 439 millones de dólares en la creación de una cadena de suministro nacional completa, «de la mina al imán», con el ambicioso objetivo de alcanzar la autosuficiencia en componentes críticos para la defensa en 2027. Se promueve así el desarrollo de proyectos como el yacimiento Elk Creek en Nebraska y Halleck Creek en Wyoming, en paralelo a la ampliación de las operaciones de MP Materials en Mountain Pass, California, el único complejo activo en Estados Unidos especializado en REEs ligeros.
Sin embargo, la construcción de una cadena de suministro nacional enfrenta desafíos significativos. Los plazos de desarrollo minero en Estados Unidos, promediando entre 18 y 29 años, resultan poco compatibles con la urgencia de la transición tecnológica y la competencia geopolítica acelerada. Además, los costes de capital necesarios —estimados entre 500 millones y 1.000 millones de dólares por mina y planta de separación—, las estrictas regulaciones medioambientales y la carencia de infraestructura industrial para el procesamiento de REEs pesados dificultan aún más el proceso. Esta situación refleja una verdad incuestionable: la reorganización de la cadena de suministro global de tierras raras es una tarea titánica que no puede resolverse en el corto plazo.
Ucrania, en este contexto, ha emergido como un actor potencial de gran relevancia. El país posee depósitos de 22 de los 34 materiales clasificados como críticos por la Unión Europea, incluyendo litio, grafito, titanio y, en menor medida, tierras raras. Se estima que Ucrania alberga aproximadamente el 5% de las reservas mundiales de REEs, aunque estos datos se basan principalmente en exploraciones soviéticas de hace entre 30 y 60 años, cuya vigencia técnica es limitada. Desde el estallido de la guerra en 2022, Estados Unidos y otros aliados occidentales han mostrado interés en apoyar la reconstrucción y el desarrollo del sector extractivo ucraniano a cambio de acceso preferencial a estos recursos estratégicos. Según noticias recientes de estas dos últimas semanas, se ha alcanzado un acuerdo preliminar entre Estados Unidos y Ucrania, aunque el presidente Zelenskyy ha manifestado reservas sobre los términos, consciente de los riesgos de soberanía que tales acuerdos pueden implicar. No obstante, la explotación efectiva de estos recursos enfrenta obstáculos formidables: aproximadamente el 20% de los yacimientos minerales y cerca del 50% de las reservas potenciales de REEs se encuentran en territorios ocupados o disputados con Rusia. La devastación de infraestructuras críticas, especialmente las relacionadas con la generación de energía, limita gravemente la viabilidad a corto y medio plazo de cualquier proyecto extractivo. A su vez, informes sugieren que Rusia ha ofrecido a Estados Unidos asociaciones en los territorios ucranianos ocupados, complicando aún más el panorama diplomático y ético.
En este contexto de tensión e incertidumbre, el futuro de la cadena de suministro de minerales críticos —y, por ende, del acceso a las tecnologías que dependen de ellos— aparece profundamente ligado a la evolución del orden geopolítico global. La combinación de restricciones chinas, esfuerzos de diversificación occidentales y el potencial (todavía incierto) de fuentes alternativas como Ucrania presagia un período de alta volatilidad en los mercados de minerales estratégicos. Esta volatilidad se traducirá previsiblemente en aumentos de precios, interrupciones de suministro y una competencia más intensa entre potencias por asegurar el control de fuentes de minerales críticos.
A medio y largo plazo, las sociedades enfrentarán una transición hacia un modelo de abastecimiento de minerales más diversificado y resiliente, pero también más costoso. Los precios más altos de los REEs y de los productos que dependen de ellos —vehículos eléctricos, aerogeneradores, dispositivos electrónicos, sistemas de defensa, entre otros— repercutirán en toda la cadena económica, afectando tanto a la industria como a los consumidores. Esta presión puede acelerar aún más los esfuerzos de reciclaje de materiales, la innovación en sustitutos tecnológicos (como motores sin tierras raras) y el desarrollo de nuevas tecnologías de extracción y procesamiento más sostenibles.
Finalmente, en términos sociales y políticos, la transición de la cadena de suministro de REEs refleja una dinámica más amplia: la creciente interrelación entre recursos naturales, soberanía tecnológica y poder geopolítico. La capacidad de los estados para garantizar el acceso a estos recursos críticos determinará no sólo su competitividad económica, sino también su autonomía política en un mundo cada vez más definido por la rivalidad entre grandes potencias y la lucha por recursos estratégicos. En última instancia, el modo en que la comunidad internacional gestione esta transición será crucial para determinar si el futuro será uno de cooperación constructiva o de conflicto abierto por el control de los minerales que alimentan la era tecnológica.
