Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) han hecho pública una orden de detención contra uno de los principales líderes yihadistas del Sahel, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Estos crímenes se habrían cometido, en su mayor parte, en la legendaria ciudad de Tombuctú, en Malí, entre enero de 2012 y enero de 2013, según el comunicado de la CPI. Iyad Ag Ghaly, cuya edad no se ha especificado, es uno de los yihadistas más importantes de Malí y del Sahel y uno de los principales protagonistas de la crisis de seguridad en la que está sumido el Sahel desde 2012.
Dirige el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM), vinculado a Al Qaeda, que opera en Malí, Burkina Faso y Níger y está acusado de innumerables atentados contra ejércitos nacionales y abusos contra civiles. Líder rebelde tuareg radicalizado, también conocido como «Abou Fadl», fundó en 2012 el grupo Ansar Dine, que invadió y ocupó Tombuctú.
Entre los delitos perseguidos figuran asesinatos (incluso de soldados), violaciones, esclavitud sexual y torturas, así como «ataques dirigidos intencionadamente contra edificios dedicados a la religión y monumentos históricos». En 2012, Ansar Dine utilizó picos y palas para destruir 14 de los 16 famosos mausoleos de santos musulmanes de Tombuctú, donde causó estragos entre la población local.
Una orden de detención emitida inicialmente en 2017
La orden de detención se emitió inicialmente el 18 de julio de 2017. Hasta entonces, había permanecido en secreto debido a los «riesgos potenciales para los testigos y las víctimas». «El señor Ghaly no está bajo custodia de la CPI», dice el comunicado.
Originario de la región de Kidal, en el norte de Malí, participó con Ansar Dine en la insurrección que desembocó en un largo y sangriento conflicto, que se extendió al centro del país y luego a los vecinos Burkina Faso y Níger. La Corte Penal Internacional, creada en 2022, es el único tribunal independiente que investiga, procesa y juzga los peores crímenes del mundo. Sin embargo, es incapaz de detener a los sospechosos y depende de sus Estados miembros para llevar a cabo las detenciones.