Analizamos el papel clave de Sudáfrica en el G20 frente a las crecientes desigualdades globales entre países desarrollados y en desarrollo. A través de un seminario internacional, se abordan temas como el acceso equitativo a bienes públicos, financiamiento para el desarrollo y protección social, en un contexto marcado por crisis estructurales, climáticas y sanitarias. Se destaca la urgencia de políticas económicas centradas en la equidad y la cooperación internacional como pilares para un desarrollo sostenible e inclusivo.
El Viceministro del Departamento de Planificación, Monitoreo y Evaluación (DPME) de Sudáfrica, Seiso Mohai, ha subrayado la urgente necesidad de abordar las persistentes desigualdades globales que afectan desproporcionadamente a las naciones en desarrollo. Durante su intervención en un seminario de dos días del G20 titulado «Bien Público, Financiamiento para el Desarrollo y Protección Social», Mohai ha enfatizado que las naciones del G20 deben situar la desigualdad en el centro de la formulación de políticas económicas, ya que las disparidades en riqueza y desarrollo son injustas e insostenibles, siendo las consecuencias de estas desigualdades más evidentes en el Sur Global, donde la pobreza, el desempleo y la falta de acceso a servicios esenciales continúan obstaculizando el progreso.
Este seminario, organizado por el DPME en colaboración con la Asociación Sudafricana de Administración y Gestión Pública (SAAPAM) y la Universidad Tecnológica de Tshwane (TUT), se inscribe dentro de las prioridades estratégicas de Sudáfrica durante su presidencia del G20 en 2025. Bajo el lema «Solidaridad, Igualdad y Desarrollo Sostenible«, Sudáfrica busca promover soluciones innovadoras para abordar las disparidades económicas, avanzar en el desarrollo sostenible y garantizar la protección social de las comunidades vulnerables. La presidencia sudafricana del G20 coincide con un período crítico, a cinco años de la fecha límite para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
El evento ha proporcionado una plataforma para el diálogo entre funcionarios gubernamentales, académicos, representantes de la sociedad civil y del sector privado, centrándose en tres áreas clave: el bien público, el financiamiento para el desarrollo y la protección social. En cuanto al bien público, se ha abordado la necesidad de garantizar el acceso equitativo a servicios y recursos esenciales para todos los ciudadanos. En lo que respecta al financiamiento para el desarrollo, se discutieron mecanismos sostenibles para estimular el crecimiento económico, especialmente en países con capacidades fiscales limitadas. Finalmente, se destacó la importancia de fortalecer las políticas de protección social para reducir la desigualdad y brindar apoyo efectivo a los sectores más vulnerables de la población.
El Viceministro Mohai también resaltó el papel esencial del mundo académico en la formulación de soluciones innovadoras frente a los retos del desarrollo global, destacando la necesidad de una colaboración estrecha entre gobiernos, universidades, organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales para generar conocimiento, datos y recomendaciones de política pública que sustenten una acción global coordinada y equitativa. Esta colaboración fue ejemplificada por las intervenciones de destacados académicos como la Rectora de UNISA, Puleng Lenkabula, y el Profesor Mashupye Maserumule de la TUT, quienes subrayaron el valor de un servicio público ético y profesional y el compromiso de las instituciones educativas en la producción de conocimiento para el desarrollo.
Superando barreras al desarrollo sostenible
El seminario también ha abordado formas de superar barreras estructurales al desarrollo sostenible, incluyendo la movilización de recursos para acción climática y la necesidad de una mayor transparencia en las calificaciones crediticias soberanas. En particular, se enfatizó la problemática de la deuda externa que limita la capacidad de inversión de los países en desarrollo, así como las dificultades de acceso a tecnologías avanzadas y a mercados globales en condiciones equitativas.
Este contexto se inserta dentro de una dinámica más amplia de desigualdad estructural entre países desarrollados y en desarrollo. Las diferencias de ingreso nacional bruto per cápita son abismales: mientras en países como Noruega supera los 70.000 dólares anuales, en naciones como Burundi apenas alcanza los 300 dólares. La pandemia de COVID-19 exacerbó estas desigualdades al evidenciar la disparidad en la capacidad de respuesta de los Estados. Las economías avanzadas implementaron paquetes de rescate masivos, mientras que muchos países en desarrollo carecían de margen fiscal, provocando un retroceso en indicadores clave de desarrollo humano.
Las desigualdades también son patentes en el ámbito de la salud: un niño nacido en África subsahariana tiene 18 veces más probabilidades de morir antes de los cinco años que uno nacido en Australia o Nueva Zelanda. Asimismo, la concentración de la riqueza global en manos de una élite cada vez más reducida ha alcanzado niveles sin precedentes. Durante la pandemia, las diez personas más ricas del mundo duplicaron su fortuna, mientras que el 99% de la humanidad vio reducidos sus ingresos, lo que ha alimentado un clima de tensión social y descontento global.
Con todo esto, el seminario ha marcado un hito en el liderazgo de Sudáfrica dentro del G20, no solo como un espacio de debate, sino como una iniciativa concreta orientada a la generación de propuestas viables, basadas en la justicia social, la inclusión económica y el desarrollo sostenible. El DPME se ha comprometido a que los resultados de este encuentro alimenten la agenda internacional del G20 con recomendaciones de política pública que permitan avanzar hacia un futuro más equitativo, resiliente y solidario para todos los pueblos del mundo.
