Las fuerzas de seguridad de Malí, Níger y Burkina Faso han sido acusadas de cometer un creciente número de ejecuciones extrajudiciales en su lucha contra los grupos yihadistas en la región del Sahel.
Obi Anyadike
Mali
En Malí, los soldados presuntamente llevaron a cabo 101 ejecuciones, 32 desapariciones forzadas y 32 casos de tortura en los tres primeros meses del año, informó la Misión de la ONU en Malí, un aumento general en comparación con el final de 2019.
La mayoría de las violaciones se produjeron en el muy disputado centro de Malí. Según los informes, en el Círculo de Niono, en la región de Ségou, el ejército mató a 53 personas el 27 de enero. Las ejecuciones se produjeron tras un ataque del grupo yihadista Nusrat al Islam el día anterior que dejó una veintena de gendarmes muertos en Sokolo, en la misma región. También se acusó al ejército de ejecutar sumariamente a 46 personas en Mondoro, en la región de Mopti, cerca de la frontera con Burkina Faso. Las fuerzas nigerianas en Malí, bajo el paraguas del G5 multinacional, también fueron responsables de 34 ejecuciones, según la ONU.
En su propio país, los militares nigerianos están acusados de matar a 102 personas y enterrar sus cadáveres en una fosa común en una zona entre Inates y Ayorou, en la región septentrional de Tillabéri. El ministro de Defensa, Issoufou Katambe, negó los hechos, que habrían ocurrido entre el 27 de marzo y el 2 de abril. En Inates, cerca de la frontera con Malí, murieron 71 soldados nigerianos en un ataque yihadista contra su base en diciembre del año pasado.
En Burkina Faso, Human Rights Watch denunció la presunta ejecución de 31 detenidos por las fuerzas de seguridad el 9 de abril en la ciudad septentrional de Djibo. Al parecer, los hombres fueron asesinados pocas horas después de ser detenidos -desarmados- durante una operación antiterrorista del gobierno.
Corinne Dufka, directora para el Sahel de HRW, calificó el incidente de «burla brutal de una operación antiterrorista que puede equivaler a un crimen de guerra y podría alimentar nuevas atrocidades».
Las fuerzas de seguridad de la región están luchando para contener un aumento de los ataques yihadistas en todo el Sahel, que el año pasado mataron a más de 4.000 personas, frente a las 770 de 2016. La violencia intercomunitaria, en la que algunas comunidades son etiquetadas como simpatizantes de los yihadistas, se ha sumado al número de víctimas, así como a las cifras desorbitadas de desplazados.
«Las fuerzas de seguridad tienen el mandato de proteger, y proteger por igual», declaró Dufka. «Y, sin embargo, las vemos con demasiada frecuencia participando en castigos colectivos, en ataques de represalia contra comunidades por su afiliación real o percibida con grupos islamistas armados».