Las ciudades africanas necesitan autoridad fiscal para forjar su futuro

La urbanización acelerada en África plantea uno de los mayores desafíos y oportunidades del siglo XXI. Con más de 1.400 millones de personas proyectadas a vivir en ciudades africanas para 2050, la pregunta clave es si estas urbes tendrán el poder de diseñar y financiar su propio futuro. Hoy, atrapadas en sistemas fiscales centralizados y obsoletos, las ciudades africanas enfrentan una grave parálisis institucional

África está atravesando una transformación urbana sin precedentes en términos de velocidad y magnitud. La proyección de que para 2050 las ciudades africanas albergarán a más de 1.400 millones de personas —el doble de la población urbana actual— no sólo representa un desafío demográfico, sino también un imperativo estructural para redefinir las políticas urbanas, económicas y fiscales del continente. Esta rápida urbanización, documentada por informes como Africa’s Urbanisation Dynamics 2025 de la OCDE, está ocurriendo en un contexto institucional frágil, en el que las ciudades carecen de autonomía fiscal, capacidad de planificación a largo plazo y herramientas financieras adecuadas para responder a las crecientes demandas de infraestructura, servicios y sostenibilidad.

En la mayoría de los países africanos, los gobiernos locales se encuentran atrapados en sistemas centralizados heredados del período colonial o reforzados por dinámicas políticas post-independencia que han perpetuado la concentración del poder financiero en los gobiernos nacionales. Esta centralización limita gravemente la capacidad de las ciudades para generar ingresos propios, acceder a financiamiento externo o diseñar políticas urbanas adaptadas a sus realidades locales. A menudo, las ciudades deben esperar a que los gobiernos centrales asignen presupuestos anuales que son insuficientes, tardíos y desvinculados de las necesidades reales y urgentes de la población urbana. Como resultado, se produce una parálisis estructural que impide la inversión en infraestructura crítica como redes viales, sistemas de transporte público, vivienda, saneamiento, gestión de residuos, energía y espacios públicos.

Este déficit de gobernanza fiscal se agrava ante el avance del cambio climático, que introduce nuevas vulnerabilidades en las zonas urbanas africanas. Inundaciones más frecuentes, olas de calor extremas, sequías prolongadas y otros fenómenos climáticos están afectando de manera desproporcionada a las ciudades, deteriorando infraestructuras ya precarias y drenando los escasos recursos disponibles. Las ciudades africanas necesitan, por tanto, infraestructuras no solo más amplias, sino también más resilientes, adaptadas a los desafíos ambientales y planificadas con visión de futuro. Sin embargo, sin autoridad fiscal ni acceso a instrumentos financieros modernos, incluso las iniciativas más urgentes quedan sin ejecutar, y el riesgo de colapso urbano se intensifica.

En este marco, la convocatoria de la Urban 20 (U20), un foro internacional que reúne a alcaldes de ciudades del G20 y que tendrá lugar en noviembre en Johannesburgo, representa una oportunidad clave para visibilizar estas problemáticas y articular demandas comunes. Durante la reciente Asamblea de Alcaldes Africanos celebrada en Tshwane, bajo la misma bandera de la U20, se planteó una interrogante fundamental: ¿cómo pueden financiarse las infraestructuras que requiere una población urbana africana en expansión si las ciudades no tienen la capacidad legal ni institucional para generar, administrar y movilizar capital?

Aunque algunas ciudades como Johannesburgo o Nairobi han desarrollado mecanismos fiscales relativamente eficaces, estos modelos operan bajo una gran presión y no son replicables sin ajustes estructurales significativos. En muchas otras ciudades, la infraestructura fiscal básica está aún en construcción o, directamente, ausente. Según el Banco Africano de Desarrollo, la brecha de inversión en infraestructura urbana del continente oscila entre los 13.000 y 170.000 millones de dólares anuales, una cifra que pone en evidencia la dimensión del reto. Sin embargo, la mayoría de las ciudades africanas no cumplen con los criterios exigidos por los prestamistas internacionales, como fuentes estables de ingresos, capacidad institucional para gestionar deuda, o historiales crediticios confiables.

Para romper este ciclo de dependencia y subdesarrollo fiscal, es imprescindible emprender reformas estructurales que transfieran a las ciudades competencias fiscales reales. Esto implica no sólo la capacidad de recaudar impuestos, sino también la de diseñar estructuras impositivas adaptadas a sus economías locales, acceder a los mercados financieros, establecer alianzas público-privadas y negociar de manera directa con actores internacionales. Una carta firmada recientemente por decenas de alcaldes africanos dirigida a sus ministros de Finanzas sintetiza esta demanda: liberar a las ciudades de las restricciones fiscales impuestas por sistemas centralizados que ya no responden a las dinámicas contemporáneas del desarrollo urbano.

A la par, se hace necesaria la construcción de nuevos modelos de financiación urbana contextualizados, es decir, arraigados en las realidades sociales, económicas y políticas de África. No se trata de importar marcos institucionales de Europa o Norteamérica, cuyos contextos son radicalmente distintos, sino de construir soluciones que reconozcan fenómenos como el crecimiento informal de las ciudades, el desempleo juvenil masivo, las bases tributarias estrechas y las desigualdades históricas en el acceso a servicios e infraestructura. Asimismo, es urgente fomentar la creación de una “Unión Urbana Africana”, una instancia de coordinación regional que permita el intercambio de buenas prácticas, la estandarización de ciertos instrumentos de financiamiento y una representación conjunta ante los organismos multilaterales.

El verdadero cambio requerirá reformas constitucionales que garanticen la autonomía fiscal de los municipios, así como marcos normativos regionales que faciliten la colaboración transfronteriza. Las asociaciones internacionales también deben repensarse: en lugar de crear estructuras paralelas que marginalicen a los gobiernos locales, deberían centrarse en fortalecer su capacidad técnica, administrativa y financiera. Esta transformación institucional es la única vía para que las ciudades africanas dejen de ser entes dependientes y reactivos, y se conviertan en actores estratégicos de planificación, resiliencia y crecimiento.

En definitiva, el éxito o fracaso de las ciudades africanas en las próximas décadas no será solo un asunto continental, sino una variable decisiva en la trayectoria de la economía global, la estabilidad política y la sostenibilidad planetaria. Si el proceso de urbanización en África se gestiona con justicia fiscal, equidad territorial y visión de futuro, el continente puede convertirse en un motor de desarrollo e innovación urbana. Pero para ello, es imprescindible que los gobiernos nacionales reconozcan el rol estratégico de las ciudades y tengan la voluntad política de dotarlas del poder que necesitan para construir su propio porvenir.