El envejecimiento poblacional representa uno de los mayores retos estructurales del siglo XXI, con profundas implicaciones sociales, económicas y geopolíticas. En el Reino Unido, el crecimiento sostenido del número de personas mayores exige respuestas urgentes y coordinadas por parte del Estado. Sin embargo, la ausencia de una estrategia gubernamental integral ha sido motivo de crítica por parte del Comité de Mujeres e Igualdad del Parlamento.
El envejecimiento poblacional se ha convertido en una de las transformaciones demográficas más significativas del siglo XXI, con implicaciones profundas para el desarrollo social, económico y político de los países. En este contexto, el Comité de Mujeres e Igualdad del Parlamento del Reino Unido (WEC, por sus siglas en inglés) ha advertido recientemente sobre el riesgo de que el Gobierno británico incurra en una «oportunidad perdida» si no establece una estrategia transversal e interdepartamental para afrontar el envejecimiento creciente de la población. Esta advertencia se emitió tras la publicación de la respuesta oficial del Gobierno, el pasado 16 de mayo, al informe titulado Derechos de las Personas Mayores, elaborado por dicho comité.
Actualmente, más de 11 millones de personas en Inglaterra y Gales tienen 65 años o más, y más de medio millón supera los 90 años de edad. Estas cifras no solo representan un cambio estructural en la pirámide poblacional, sino que proyectan una transformación drástica a futuro: se estima que, en las próximas dos décadas, la población mayor de 65 años en el Reino Unido aumentará en cinco millones, incluyendo al menos un millón adicional de personas de 85 años o más. Este fenómeno es reflejo de una tendencia global impulsada por una combinación de disminución de la natalidad, aumento de la longevidad y mejoras en la atención sanitaria. Sin embargo, el informe del WEC denuncia que la maquinaria institucional del Reino Unido en materia de igualdad carece de un enfoque específico sobre el envejecimiento y el cambio demográfico, lo cual evidencia un desfase entre las tendencias poblacionales y la planificación política.
Entre las recomendaciones más destacadas del WEC se incluye la creación, dentro de la Oficina de Igualdad y Oportunidad (OEO), de una unidad especializada en análisis de datos y políticas públicas enfocadas en los desafíos estructurales e interseccionales que afectan a las personas mayores. Esta unidad tendría como misión principal generar una base de evidencia robusta que permita formular respuestas coordinadas a problemas como la discriminación por edad, la exclusión digital, las barreras al empleo, la precariedad en la atención sanitaria y social, y la marginación política de los adultos mayores.
No obstante, en su respuesta, el Gobierno reafirma su compromiso con un “enfoque transversal”, aunque evita la creación de nuevas estructuras, argumentando que la OEO ya dispone de analistas que abordan la intersección entre características como edad, género, etnicidad y discapacidad. Además, se defiende la actual división de competencias entre departamentos, como salud, empleo y servicios sociales, sugiriendo que estos ya ofrecen apoyo suficiente a las personas mayores. Esta respuesta ha sido criticada por el Comité por considerarse insuficiente y reactiva, y por no estar alineada con la magnitud del desafío.
El informe también destaca la necesidad urgente de fortalecer el marco legal contra la discriminación por edad. Según el WEC, el edadismo es una forma de discriminación “extendida y culturalmente arraigada” en el Reino Unido, que afecta negativamente a la calidad de vida de las personas mayores y limita sus derechos fundamentales. Como ejemplo de buenas prácticas, se señala el caso de Gales, que cuenta con un Comisionado para las Personas Mayores y una red articulada de defensores locales, cuya función es garantizar que las políticas públicas respondan a las necesidades específicas de este grupo poblacional. El Comité sugiere replicar este modelo en Inglaterra, en tanto representa un marco institucional eficaz para hacer frente al envejecimiento desde una perspectiva estratégica y coordinada.
En cuanto a la inclusión digital, otro eje central del informe, se advierte que la brecha digital representa una nueva forma de exclusión social que profundiza las desigualdades existentes. Muchas personas mayores carecen de acceso, habilidades o confianza para interactuar con servicios y plataformas digitales, lo que las deja en desventaja ante una sociedad cada vez más digitalizada. El Gobierno ha presentado un Plan de Acción para la Inclusión Digital que reconoce esta problemática y prioriza a los adultos mayores entre sus cinco grupos meta. Las primeras acciones incluyen la expansión del acceso a dispositivos, la mejora de la conectividad y el impulso a programas comunitarios de alfabetización digital. No obstante, el WEC insiste en que este esfuerzo debe complementarse con la garantía de mantener servicios alternativos no digitales mientras persistan necesidades no cubiertas.
Más allá de los efectos directos sobre los derechos y la calidad de vida de los adultos mayores, el envejecimiento poblacional tiene implicaciones profundas en la dinámica geoeconómica y geopolítica del Reino Unido. Desde el punto de vista económico, una población más envejecida implica una mayor presión sobre los sistemas de pensiones, salud pública y cuidados de larga duración, lo cual podría comprometer la sostenibilidad fiscal del Estado si no se introducen reformas estructurales. A su vez, el envejecimiento puede afectar la productividad y la competitividad del país, al reducir la proporción de población en edad laboral y aumentar la dependencia económica. Estos factores hacen necesaria una reconfiguración de las políticas laborales, incluyendo la promoción de la empleabilidad de trabajadores mayores y el diseño de estrategias para la transferencia intergeneracional de conocimientos.
Desde la perspectiva geopolítica, el envejecimiento demográfico puede debilitar el poder relativo del Reino Unido en comparación con regiones con poblaciones más jóvenes y dinámicas, como el sudeste asiático o África subsahariana. La gestión eficaz del envejecimiento será clave para mantener la estabilidad interna y proyectar una imagen de cohesión y resiliencia institucional en el contexto de una competencia internacional cada vez más marcada por el capital humano, la innovación tecnológica y la capacidad de adaptación a los cambios estructurales. Además, las políticas que se adopten en este ámbito tendrán un impacto directo en la percepción internacional del Reino Unido como sociedad inclusiva, moderna y socialmente sostenible.
En resumen, el informe del Comité de Mujeres e Igualdad pone de relieve la urgencia de una respuesta política integral al envejecimiento poblacional, un fenómeno irreversible que ya está transformando las bases del contrato social. Frente a ello, la pasividad institucional o las medidas fragmentadas no solo resultan insuficientes, sino que pueden traducirse en un deterioro progresivo de la cohesión social, una sobrecarga de los sistemas públicos y un debilitamiento del posicionamiento estratégico del país a nivel global. El desafío está planteado: se requiere una visión de Estado que entienda el envejecimiento no como una carga, sino como una oportunidad para rediseñar una sociedad más equitativa, solidaria e intergeneracionalmente integrada.