A pesar de ser el centro político y administrativo de Pakistán, Islamabad carece de un sistema de representación democrática local efectivo, lo que pone en evidencia una contradicción estructural entre los principios constitucionales y la realidad institucional del país
A pesar de ser la capital federal de Pakistán y centro neurálgico de sus decisiones políticas, Islamabad constituye un ejemplo paradigmático de la contradicción entre los principios democráticos proclamados y la realidad de un sistema dominado por estructuras burocráticas y elites no electas. Su situación revela una disonancia profunda entre la teoría y la práctica de la gobernanza democrática en el país, donde la representación local efectiva ha sido sistemáticamente negada a sus ciudadanos, dejando a millones de personas bajo un régimen administrativo que carece de legitimidad democrática.
Desde una perspectiva politológica, la democracia es tradicionalmente entendida como un sistema político en el que el poder reside en el pueblo, quien lo ejerce directa o indirectamente mediante representantes elegidos a través de procedimientos libres, transparentes y competitivos. Esta estructura conlleva una serie de implicaciones institucionales, entre ellas la existencia de múltiples niveles de gobierno (nacional, provincial y local) que permiten canalizar la voluntad popular desde lo comunitario hasta lo estatal. Sin embargo, en muchos países con una trayectoria democrática débil o interrumpida, como es el caso de Pakistán, dicha definición parece ser meramente nominal. Lo que opera de facto es una forma híbrida de gobierno dominado por una alianza entre el poder civil, judicial y militar, cuyo control sobre los recursos institucionales desplaza a la ciudadanía del centro del proceso político.
En este contexto, Islamabad, creada ex nihilo en la década de 1960 para ser la capital política y administrativa del país, se encuentra hoy en día en una situación constitucional y administrativa peculiar. Formalmente, el Territorio Capital de Islamabad (ICT, por sus siglas en inglés) no pertenece a ninguna de las provincias del país y se rige bajo el artículo 258 de la Constitución de 1973, que faculta al Presidente a establecer provisiones de gobierno en aquellas regiones que no forman parte de una provincia, hasta que el Parlamento legisle al respecto. Pese al tiempo transcurrido desde la promulgación de la Constitución, el Parlamento aún no ha aprobado una legislación específica que establezca un marco legal autónomo para la gobernanza de Islamabad, lo que ha perpetuado su administración directa por parte del Ejecutivo y diversos cuerpos burocráticos.
La ausencia de un gobierno local plenamente funcional en Islamabad contrasta con el mandato explícito del artículo 140A de la misma Constitución, que exige a las provincias establecer sistemas de gobierno local dotados de autoridad política, administrativa y financiera. Si bien algunas provincias han establecido gobiernos municipales en distintas etapas—por ejemplo, Karachi cuenta actualmente con un alcalde—grandes centros urbanos en Punjab, Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán siguen sin contar con estructuras municipales robustas y democráticamente elegidas. Esta situación es aún más grave en Islamabad, donde las decisiones relativas al urbanismo, servicios públicos, orden público y planificación se toman sin participación ciudadana efectiva, delegadas a entidades como la Administración del Territorio Capital, la Autoridad de Desarrollo Capital (CDA), y la Corporación Metropolitana de Islamabad. Estas instituciones, dirigidas por funcionarios no electos, operan bajo lógicas tecnocráticas y frecuentemente responden más a intereses económicos y políticos del centro federal que a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos locales.
El impacto de esta estructura se hace visible en decisiones urbanísticas profundamente controversiales, como la destrucción de extensas zonas verdes para abrir paso a avenidas y proyectos inmobiliarios de dudosa rentabilidad social. La construcción de la Séptima Avenida, por ejemplo, supuso la eliminación de uno de los principales cinturones ecológicos de la ciudad, lo cual fue duramente criticado por organizaciones ambientalistas y ciudadanos, sin que hubiera un mecanismo institucional para canalizar esta oposición. Tales acciones revelan la exclusión sistemática de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre el entorno que habitan, configurando un modelo de “desarrollo sin representación” profundamente problemático.
En comparación, experiencias internacionales como la de Nueva Delhi ofrecen modelos alternativos de gobernanza en capitales federales. La capital india, bajo el sistema del Gobierno del Territorio Capital Nacional de Delhi, cuenta con una asamblea legislativa local, una administración propia y competencias en diversas áreas clave como educación, salud, transporte y servicios municipales. Aunque su sistema también enfrenta tensiones con el gobierno central, proporciona un marco institucional que permite a los ciudadanos elegir representantes locales y ejercer un control democrático sobre la gestión pública. Inspirándose en este modelo, el gobierno pakistaní ha considerado recientemente implementar una estructura similar en Islamabad, que incluiría una asamblea de 31 miembros con representación directa y sectorial. Sin embargo, la falta de claridad legislativa, la inercia burocrática y la reticencia del poder central a ceder competencias hacen que este proyecto aún se mantenga en el terreno de las propuestas.
La importancia de los gobiernos locales en el fortalecimiento de la democracia no puede subestimarse. Estos niveles de administración permiten una proximidad efectiva entre gobernantes y gobernados, garantizan la inclusión de diversas voces en el diseño de políticas públicas y facilitan la rendición de cuentas. En entornos urbanos complejos como Islamabad, donde conviven una gran diversidad social y étnica, la existencia de gobiernos locales representativos podría contribuir significativamente a una planificación urbana más inclusiva, a la provisión equitativa de servicios y a una mayor cohesión social. La democracia, entendida no solo como un sistema electoral sino como una forma de vida política, exige canales de participación que vayan más allá de las elecciones generales y se enraícen en la vida cotidiana de las comunidades.
Islamabad simboliza una de las paradojas más profundas del sistema político pakistaní: una capital nacional desprovista de los mecanismos fundamentales de la representación democrática. Mientras el país se enfrenta a desafíos monumentales en términos de gobernanza, desarrollo y cohesión social, persistir en estructuras centralizadas y excluyentes no solo socava la legitimidad del Estado, sino que perpetúa una cultura política basada en la dependencia, el clientelismo y la desafección ciudadana. El camino hacia una democracia sustantiva pasa necesariamente por devolver la voz a los ciudadanos en todos los niveles del Estado—y ello comienza, inevitablemente, en las ciudades.