Los ataques a gran escala de la rama saheliana del autodenominado Estado Islámico han provocado una gran emergencia humanitaria en el noreste de Malí y han contribuido al mayor recuento de víctimas civiles en el conflicto yihadista del país, que dura ya una década.
Un campo de desplazados en el centro de Malí. 410.000 personas han sido desarraigadas en todo el país y nueve millones necesitan ayuda.
Mamadou Tapily
Periodista y camarógrafo maliense
The New Humanitarian
Los testimonios recogidos en las últimas semanas ponen de manifiesto las grandes necesidades sobre el terreno y recogen la frustración de los funcionarios locales y los desplazados, que afirman que el gobierno no está haciendo lo suficiente para ayudarles.
«No hemos recibido ni un simple hola del gobierno, ni siquiera para encontrarnos un espacio donde instalarnos», dijo a The New Humanitarian a finales del año pasado un funcionario de la muy afectada comuna de Talataye. Su nombre se mantiene en reserva por motivos de seguridad.
El grupo Estado Islámico -conocido como Provincia del Sahel del Estado Islámico o EI Sahel- fue uno de los principales objetivos de la misión antiyihadista francesa Barkhane, que finalizó su retirada de Malí el año pasado tras agriarse las relaciones con la junta gobernante.
Los analistas afirman que las fuerzas francesas contribuyeron a empeorar la situación de seguridad en Malí. Sin embargo, su salida ha dado un respiro al IS Sahel, que ha lanzado una ofensiva a una «escala sin precedentes», según el grupo de seguimiento del conflicto ACLED.
«Desde el final de la operación Barkhane, podemos sentir el aumento de poder del Estado Islámico», dijo Baba Dakono, un analista político y de seguridad con sede en Bamako, capital de Malí.
Desde marzo de 2022, el IS Sahel ha cometido una serie de masacres en Ménaka y Gao, las principales regiones donde los grupos armados se las disputan. Cientos de civiles han muerto y decenas de miles han huido de sus hogares.
Los desplazados se refugian en campamentos de los principales centros urbanos, pero «no [viven] en buenas condiciones», afirmó Mohamed Aly Yattara, que huyó de su hogar el año pasado y ahora vive en la ciudad de Ménaka.
Los grupos de ayuda afirman que el acceso a las comunidades del noreste es limitado debido a la inseguridad. También se enfrentan a una junta cada vez más restrictiva que ha endurecido los controles sobre las ONG y suspendido las actividades de las que reciben financiación francesa.
Ataques indiscriminados
IS Sahel surgió en 2015 después de que su antiguo líder se escindiera de un grupo yihadista separado junto con unos cientos de combatientes. Opera principalmente en Mali, Burkina Faso y Níger.
El grupo tardó en ser reconocido por el mando central del EI y se vio muy debilitado por las operaciones dirigidas por Francia en 2020 y 2021. Los ataques aéreos eliminaron a sus principales líderes, pero el grupo fue capaz de recuperarse.
Los grupos de derechos humanos afirman que las recientes matanzas se han dirigido principalmente contra el grupo Daoussahak del norte. IS Sahel ha acusado a la comunidad de colaborar con movimientos armados rivales no yihadistas, aunque algunos Daoussahak también forman parte de la coalición yihadista.
Los ataques han sido especialmente mortíferos porque la definición de apostasía del IS Sahel incluye a casi cualquiera que discrepe de él, y porque el grupo es menos indulgente con los civiles que otros movimientos yihadistas.
«Es un grupo especialmente violento, y a menudo la causa de tragedias que van más allá de lo comprensible», afirmó Dakono, secretario ejecutivo de una organización local llamada Observatorio Ciudadano sobre Gobernanza y Seguridad.
Una miembro de una asociación de mujeres de Talataye -aldea y municipio de la región de Gao- afirmó que el IS Sahel atacó su comunidad, mayoritariamente daoussahak, el pasado junio, pero fue repelido. Según ella, los combatientes regresaron en septiembre y «lo destruyeron todo».
«Mataron a todos los hombres, agujerearon el depósito de agua y vertieron veneno en el estanque», relató la mujer, cuyo nombre también se mantiene en reserva por riesgo de represalias. «[Quemaron] todos los cereales que no pudieron llevarse… y dejaron Talataye hecha cenizas».
A la pregunta de qué motivó la atrocidad, el miembro de la asociación añadió: «[IS Sahel] sólo quiere controlar la zona [y] someter a la gente mientras promete seguridad y que no se aceptará ninguna oposición.»
Silencio del gobierno
Alhassane Gaoukoye, investigador y escritor de Ménaka, afirmó que el ejército maliense ha llevado a cabo ataques aéreos y patrullas en ciudades, y se ha enfrentado a militantes en algunas zonas. Sin embargo, afirmó que es «muy raro» que intervengan en terrenos más alejados controlados por los militantes.
Dakono afirmó que el ejército se ha reforzado en los últimos años y ha adquirido nuevos equipos. Pero afirmó que el gobierno parece «casi indiferente a lo que está ocurriendo» en el noreste.
«Esto es lo más preocupante, dada la evolución casi dramática de la situación», declaró Dakono en una entrevista a finales del año pasado. «Ha habido muy poca o ninguna comunicación por parte del gobierno, lo cual es bastante sorprendente».
Este silencio ha irritado a los afectados. Se suma a una larga historia de marginación del norte por parte del gobierno del sur, que ha contribuido a anteriores revueltas de parte de la diversa comunidad tuareg de la región.
«No hay bandera a media asta, no hay luto nacional. ¿Acaso no somos malienses?», dijo el año pasado un influyente miembro de la comunidad daoussahak -estrechamente emparentada con los tuareg- al órgano legislativo de la junta.
Algunos desplazados afirmaron haber recibido ayuda del gobierno, aunque otros dijeron que sólo habían recibido ayuda de ONG internacionales y agencias de la ONU. Todos pidieron más apoyo de quien pudiera proporcionarlo.
«El Estado y sus socios deben reaccionar para encontrar soluciones a los problemas alimentarios», afirmó Yattara, el desplazado de Ménaka. «Nos gustaría ver una solución rápida para aliviar el sufrimiento de la gente en estas zonas».
Según un informe de diciembre de las organizaciones humanitarias, hay unos 60.000 desplazados en Gao y 31.000 en Ménaka. Más de 410.000 personas están desplazadas en todo Malí y nueve millones necesitan ayuda.
El frente contra el ISIS
Los grupos armados no yihadistas han librado gran parte de los combates en lugar del ejército. Entre ellos se encuentran la facción Daoussahak del Movimiento para la Salvación de Azawad (MSA) y el Grupo de Autodefensa Tuareg Imghad y Aliados (GATIA).
Sin embargo, Albachar Ag Hamadou, miembro del MSA, afirmó que estos dos grupos «no pueden cubrir todo el territorio, dado que los combatientes del IS Sahel son muy móviles… y están guiados por malienses que conocen bien el terreno».
Gaoukoye, investigador afincado en Ménaka, acusó al MSA y al GATIA de cometer sus propios abusos y actividades ilícitas (al igual que los grupos de defensa de los derechos). «¿Habla de ello la prensa internacional o nacional?», preguntó retóricamente.
Gaoukoye calificó el título de Estado Islámico de «representación occidental» que carece de matices locales. Afirmó que el grupo incluye a personas marginadas de otros grupos armados, a quienes buscan venganza por injusticias pasadas y a combatientes extranjeros con motivos económicos.
También se enfrenta al IS Sahel (habiendo colaborado con él en el pasado) el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, una coalición afiliada a Al Qaeda conocida por sus siglas JNIM.
Según los medios de comunicación, el líder del JNIM se reunió recientemente con grupos armados no yihadistas del norte, incluidos antiguos separatistas y milicias alineadas con el gobierno. Al parecer, los interlocutores hablaron de concentrar sus respectivos esfuerzos en la lucha contra el EI en el Sahel.
Reducir las tensiones
La violencia militante no sólo afecta al norte. Está sacudiendo las regiones centrales y extendiéndose hacia el sur, con recientes ataques del JNIM cerca de Bamako. En todo el país, los yihadistas mataron a muchos más civiles el año pasado que en 2021.
Mientras tanto, la junta populista de Malí se ha enfrentado a sus vecinos, a organismos regionales y a países occidentales. También están aumentando las tensiones con la misión de paz de la ONU, cuyo jefe de derechos humanos fue expulsado el domingo.
Aunque la Junta goza de bastante apoyo público, Gaoukoye le pidió que «rebajara las tensiones con los vecinos» y dejara de perder energía en «mezquindades y errores geoestratégicos».
«Estamos en lucha contra nuestros vecinos, con Francia, y… al mismo tiempo nos enfrentamos a bandidos armados», afirmó. «En mi opinión, hay muchos frentes abiertos… así que tienen que tomar los más importantes para gestionarlos».
Preguntado por su mensaje al gobierno, el responsable local de Talataye se limitó a pedir ayuda. «Pido al gobierno que venga a ayudar a los desplazados», dijeron, «porque nadie puede predecir el final de esta crisis».