Desde que estalló la guerra en Sudán en abril de 2023, casi dos millones de personas han abandonado el país. Alrededor de 500.000 han ido a Egipto.
Olorin Maquindus
Le Monde
Sumidos de nuevo en una guerra de la que huyeron. Entre enero y marzo de 2024, al menos 800 refugiados sudaneses fueron detenidos y expulsados ilegalmente por las autoridades egipcias, según un informe de Amnistía Internacional publicado el miércoles 19 de junio. Según la ONG, a todos ellos se les negó la oportunidad de solicitar asilo, incluso a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), o de impugnar las decisiones de expulsión.
Desde que estalló la guerra en Sudán el 15 de abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) dirigidas por el general Abdel Fattah Al-Bourhane y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) dirigidas por el general Mohammed Hamdan Daglo, conocido como «Hemetti», casi dos millones de sudaneses han abandonado su país. Unos 500.000 se han ido a Egipto, según cifras de ACNUR.
Hasta junio de 2023, las mujeres sudanesas, los menores de 16 años y los hombres mayores de 50 estaban exentos de visado. Pero las autoridades egipcias han suspendido estas facilidades en virtud de los acuerdos bilaterales firmados en 2004 entre El Cairo y Jartum sobre circulación de personas.
«Controles faciales»
En agosto de 2023, Egipto también introdujo normas más estrictas para obtener un permiso de residencia, exigiendo un depósito de dólares en el banco e imponiendo una tasa de 1.000 dólares (940 euros) a los inmigrantes llegados ilegalmente para regularizar su situación. El decreto ha ido acompañado de un aumento del sentimiento xenófobo y racista en Egipto ante la «carga» económica que supone acoger a «millones» de refugiados.
«Esta retórica se pone en práctica varias veces al día en El Cairo, donde la policía detiene a hombres negros en la calle para realizar controles de identidad. En realidad, se trata de controles aleatorios, en los que se detiene a sudaneses indocumentados, se los recluye sin juicio y se los deporta a Sudán, lo que es contrario al derecho internacional», deplora Amira Ahmed, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Americana de El Cairo y especialista en cuestiones de migración.
Amnistía Internacional ha recogido testimonios de sudaneses que denuncian, entre otras cosas, detenciones «en hospitales» y condiciones de reclusión «crueles e inhumanas» debido al «hacinamiento, la falta de acceso a aseos e instalaciones sanitarias, la insuficiencia de alimentos y la denegación de atención médica adecuada».
Asociación entre Egipto y la Unión Europea
Estas expulsiones masivas se producen mientras la Unión Europea (UE) firma una «asociación estratégica» de 7.400 millones de euros con Egipto en marzo de 2024. La asociación incluye un importante componente migratorio, con al menos 200 millones de euros destinados a reforzar los controles. El acuerdo ha suscitado preocupación entre los activistas de derechos humanos.
«La UE es consciente de los retos a los que se enfrenta Egipto como consecuencia de la propagación del conflicto en Sudán y está dispuesta a proporcionar más apoyo al país para hacer frente a esta difícil situación, respetando plenamente el derecho internacional y los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes», aseguró a Le Monde un portavoz de la Comisión Europea.
En octubre de 2022, la UE y Egipto firmaron un acuerdo de cooperación por valor de 80 millones de euros para reforzar la capacidad de los guardias fronterizos egipcios con el fin de frenar la migración irregular y el tráfico de personas a través de la frontera egipcia. Guardias fronterizos implicados en las detenciones arbitrarias de refugiados sudaneses y en las detenciones ilegales documentadas por Amnistía Internacional.