Los ataques de grupos de autodefensa y extremistas vinculados al llamado Estado Islámico y Al Qaeda han aumentado drásticamente en Burkina Faso, desplazando a casi 850.000 personas -todas menos 80.000 desde principios de 2019- y dejando a dos millones necesitadas de ayuda humanitaria.
Sam Mednick
Freelance journalist para the New Humanitarian
Cuando Abdoulaye huyó de la violencia en Malí en 2012, cruzó la frontera hacia un campo de refugiados en la entonces pacífica Burkina Faso. Pero en marzo de este año, su campamento fue atacado por extremistas, dejando a este hombre de 37 años y a su familia sin saber adónde dirigirse.
«No creo que pueda volver a Malí, pero estando aquí y viendo la situación a la que se enfrenta actualmente Burkina Faso, no sé cuál será mi destino», declaró, pidiendo que no se revelara su apellido por motivos de seguridad.
La violencia también ha trastocado las vidas de unos 25.000 refugiados malienses que, como Abdoulaye, dependían del país para su seguridad, pero que ahora sopesan sus opciones tras los ataques que han vaciado sus campamentos y arrancado la poca ayuda que recibían.
Desde que estalló la violencia en el campamento de Abdoulaye, llamado Goudoubo, miles de residentes han regresado a sus hogares en Malí, creyendo que la situación en Burkina Faso es ahora peor que la crisis en su propio país, mientras que otros se han trasladado a ciudades más seguras lejos del campamento.
Los residentes de un segundo campo, llamado Mentao, también han sido atacados en los últimos meses tanto por extremistas como por el ejército de Burkina Faso, lo que ha obligado a las agencias de ayuda a abandonar sus actividades y a la mayoría de los habitantes a trasladarse a zonas más seguras.
Miles de habitantes de Mentao han solicitado ayuda a través de un programa de repatriación voluntaria gestionado por la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, pero el cierre de fronteras relacionado con el coronavirus ha obligado a suspender temporalmente el programa.
«Los refugiados se enfrentan ahora a un callejón sin salida, atrapados entre el extremismo violento y una pandemia», declaró Florence Kim, portavoz regional de la OIM, la agencia de la ONU para las migraciones.
Ataques a campamentos
Los malienses empezaron a huir a Burkina Faso en 2012 después de que los rebeldes tuaregs y los militantes islamistas aprovecharan un golpe militar en la capital, Bamako, para hacerse con vastas extensiones de tierra en el desértico norte.
Una ofensiva dirigida por Francia desalojó a los yihadistas de varias ciudades, pero pronto se reagruparon en el interior de Malí, antes de avanzar hacia el sur y cruzar la frontera con Burkina Faso, ahora epicentro de una crisis regional.
La espiral de desplazamientos internos y las enormes necesidades de asistencia en Burkina Faso han captado la atención de las agencias de ayuda, pero hasta la fecha sólo se ha recibido el 12% de los 12,5 millones de dólares solicitados por ACNUR para apoyar a los refugiados este año.
Muchos refugiados ya habían abandonado Burkina Faso antes de los recientes ataques a los campamentos, a medida que disminuían las ayudas. Sin embargo, hasta este mes de marzo, miles de ellos seguían viviendo en campamentos sin financiación suficiente en el norte de Burkina Faso, entre ellos 9.000 en Goudoubo, en la provincia de Seno, y unos 6.500 en Mentao, en la provincia de Soum.
La gran mayoría ya se ha marchado
En marzo, unos hombres que se autodenominaban «terroristas» entraron en el campamento de Abdoulaye, golpearon a su mujer, a su hermano pequeño y a sus tres hijos, antes de atarles las manos y robarles las vacas, el dinero y las motos. A continuación dijeron a los residentes del campamento que tenían cinco días para evacuarlo, una orden que pocos se atrevieron a desobedecer.
Abdoulaye, que dice que a veces se despierta bañado en sudor con el sonido en su cabeza de una pistola amartillada, no sabe si los hombres le buscaban a él específicamente o sólo querían robar a alguien con dinero.
Pero Héni Nsaibia, investigador del Sahel en el grupo de seguimiento de conflictos ACLED, dijo a TNH que los ataques apuntan a una estrategia en evolución por parte de grupos extremistas que buscan ampliar su control sobre las zonas rurales.
«La estrategia que se esconde tras la despoblación del campamento de Goudoubo es transformar una zona disputada en una zona de guerrilla y debe considerarse desde el punto de vista de la expansión militante», afirmó Nsaibia.
Los ataques contra el campamento de Mentao -situado en una de las zonas más inestables de Burkina Faso- comenzaron hace un año, cuando un médico, una enfermera y un conductor fueron secuestrados en un incidente que obligó a ACNUR y otras agencias de ayuda que trabajaban allí a reubicar al personal.
Monique Rudacogora, funcionaria del ACNUR en Burkina Faso, dijo que no ha habido ningún centro de salud en funcionamiento en el campamento durante seis meses, mientras que el acceso a las escuelas y los mercados es limitado. La inseguridad ha empeorado en las últimas semanas, añadió Rudacogora, por lo que sólo quedan unas 10 familias en el campamento.
La agencia para los refugiados dijo que está en conversaciones con el gobierno para trasladar de forma segura a los residentes que huyeron de ambos campos de vuelta a Goudoubo, pero la situación de seguridad sigue siendo frágil y los refugiados de Mentao dudan de la capacidad del ejército para protegerlos.
Al menos 32 residentes del campo de Mentao resultaron heridos a principios de este mes -algunos de gravedad- cuando los soldados irrumpieron en la zona, acusando a los refugiados de complicidad con extremistas -el último de una serie de incidentes que ha erosionado su confianza en las fuerzas de seguridad-.
Un refugiado declaró a The New Humanitarian que los soldados del gobierno le golpearon con palos de madera, y añadió que a otros les rompieron miembros cuando los soldados iban de tienda en tienda azotando a los residentes, incluidos niños.
«Dijeron que volverían al cabo de tres días y que no perdonarían a nadie», afirmó el refugiado.
El gobierno dijo que sus soldados estaban persiguiendo a combatientes «terroristas» que huyeron al campamento tras lanzar un ataque, pero que lamentaba la situación y abriría una investigación para determinar la responsabilidad de ambas partes.
Decisiones difíciles
En la carrera por abandonar Goudoubo en marzo, unos 4.000 refugiados tomaron la difícil decisión de regresar a Malí, a través de un programa de repatriación voluntaria gestionado por ACNUR.
El programa ofrece aproximadamente 60 dólares para el transporte de cada refugiado, así como información sobre la situación en la zona a la que van a regresar. Desde su puesta en marcha en noviembre de 2014, ha ayudado a más de 11.300 malienses a regresar a casa.
Pero las restricciones por coronavirus han congelado el programa desde entonces, dejando en el limbo a 4.000 residentes de Mentao que habían solicitado ser repatriados. Desde entonces, la mayoría se ha trasladado a Djibo, una gran ciudad del norte donde suelen producirse ataques y donde las opciones de comida y refugio son limitadas, según Rudacogora.
Sin embargo, muchos refugiados no quieren volver a casa, ya que los conflictos se intensifican en Malí y el acuerdo de paz de 2015 -firmado entre el gobierno maliense y los grupos armados- sigue estancado.
Temiendo lo peor, unos 2.500 residentes de Goudoubo se trasladaron en marzo a un lugar de desplazamiento improvisado en la cercana ciudad de Dori, mientras que otros se dispersaron por todo el país. El ACNUR dijo que ha proporcionado a los residentes tres meses de ayuda para el alquiler.
«No querían volver porque les parecía inseguro… y siguen buscando protección internacional», dijo Rudacogora.
Abdoulaye, de una conocida familia de Gao, ciudad del norte de Malí, está especialmente preocupado por volver a casa. Dijo que su tío y su hermano dejaron campamentos en Burkina Faso para ir a Malí en 2016 y 2017, solo para que ambos fueran asesinados por grupos yihadistas semanas después.
«Vinieron a buscarlo [a mi tío] a su casa y le dijeron: ‘Hoy te toca a ti, llevamos mucho tiempo buscándote. Despídete de tu familia'», relató Abdoulaye. «Le arrastraron 200 metros desde su casa y le dispararon».
Sentado en el suelo de la casa de un pariente en Uagadugú, Abdoulaye hojeaba una copia de sus documentos de asilo. Ocho años después de solicitar protección, sigue esperando una respuesta. «Es muy importante, porque todo mi futuro depende de ello», afirma.
Abdou, de 34 años -que también pidió que se le mencionara solo por su nombre de pila-, dijo que su familia regresó a Malí en diciembre de 2018 cuando una estación de policía fue atacada cerca del campamento de Mentao. Dijo que regresar a casa fue una «elección difícil», pero que la decisión fue finalmente la correcta.
«[Huimos] de Malí por la inseguridad, pero ahora hay inseguridad donde [fuimos]», dijo Abdou. «Es mejor volver a donde todo el mundo [nos] conoce en el pueblo».