El desafío de la sostenibilidad en el sueño malasio de ciudades inteligentes

En un contexto de creciente urbanización y crisis climática global, las ciudades enfrentan el doble reto de sostener el desarrollo económico y reducir su impacto ambiental. Malasia, como muchas naciones emergentes, ha apostado por el concepto de ciudad inteligente como solución transformadora. Analizamos las oportunidades y desafíos que enfrenta el país en su intento de integrar tecnología, sostenibilidad y gobernanza urbana, identificando las barreras estructurales que han frenado el progreso y proponiendo estrategias para una implementación más efectiva y centrada en las personas

 

En la actualidad, las ciudades representan tanto el corazón de la actividad económica mundial como uno de los principales focos de presión ambiental. Las áreas urbanas, que albergan a más del 55% de la población global, generan aproximadamente el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y consumen más del 75% de los recursos naturales disponibles. Esta realidad plantea una paradoja crucial para los países en desarrollo como Malasia: mientras las ciudades actúan como catalizadores de crecimiento, innovación y modernización, también concentran los mayores desafíos en términos de desigualdad social, vulnerabilidad climática y degradación ambiental.

Malasia se encuentra en un punto de inflexión. La rápida urbanización experimentada en las últimas décadas ha transformado su geografía humana y económica. Ciudades como Kuala Lumpur, Johor Bahru, George Town y Kuching han crecido exponencialmente, tanto en densidad demográfica como en huella ecológica. Este proceso, aunque ha contribuido a un aumento significativo del Producto Interno Bruto y a la mejora de ciertos indicadores sociales, ha venido acompañado de problemas estructurales: congestión vehicular crónica, deficiencias en el transporte público, contaminación atmosférica, gestión ineficiente de residuos, expansión urbana desordenada y riesgos hídricos asociados al cambio climático, como las inundaciones repentinas.

Ante este panorama, el gobierno de Malasia lanzó en 2019 el Marco de Ciudades Inteligentes para Malasia (Malaysia Smart City Framework), con el objetivo de articular una estrategia nacional que permitiera integrar tecnologías digitales, sostenibilidad ambiental y gobernanza inclusiva como pilares para la transformación urbana. El documento definía seis dimensiones clave —gobernanza inteligente, economía inteligente, movilidad inteligente, medio ambiente inteligente, personas inteligentes y vida inteligente—, alineándose conceptualmente con modelos internacionales como los promovidos por la ONU-Hábitat y la OCDE. Sin embargo, cinco años después de su implementación, los avances han sido limitados y fragmentados, generando preocupación tanto en sectores académicos como en organismos de planificación.

Uno de los principales factores que explican esta lentitud en la ejecución es la estructura institucional altamente fragmentada de la gobernanza urbana en Malasia. Las competencias relacionadas con el desarrollo urbano están divididas entre múltiples niveles de gobierno: federal, estatal y local. Los consejos municipales y de distrito, responsables de implementar las políticas urbanas a nivel territorial, operan con escasa autonomía financiera, limitada capacidad técnica y una dependencia estructural de las transferencias fiscales del gobierno central. Además, no existe un organismo nacional con autoridad ejecutiva y presupuesto propio para coordinar, monitorear y evaluar de forma integral las iniciativas de ciudades inteligentes, lo cual ha derivado en una proliferación de proyectos aislados, frecuentemente impulsados por agencias sectoriales o empresas proveedoras de tecnología, sin una integración adecuada en los planes de ordenamiento territorial ni en los objetivos de desarrollo sostenible.

Esta debilidad institucional se ve agravada por la ausencia de un modelo nacional de financiación sostenible para ciudades inteligentes. La mayoría de los gobiernos locales carecen de los recursos necesarios para invertir en infraestructuras críticas como redes eléctricas inteligentes, sistemas avanzados de movilidad urbana, plataformas digitales de servicios públicos, edificios energéticamente eficientes o soluciones de economía circular. Ante esta carencia, los proyectos que han logrado materializarse han sido financiados principalmente por empresas privadas, guiadas por lógicas comerciales más que por principios de equidad, inclusión o sostenibilidad. Esto genera un riesgo evidente: que las ciudades inteligentes en Malasia se conviertan en vitrinas tecnológicas desconectadas de las necesidades reales de la población, limitadas a enclaves de modernidad sin capacidad de transformación estructural del tejido urbano.

Una revisión crítica del discurso predominante sobre ciudades inteligentes en Malasia revela una fuerte tecnocracia centrada en la implementación de herramientas digitales —como redes 5G, sensores IoT, inteligencia artificial y plataformas de big data—, sin un diagnóstico riguroso de los problemas sociales, ambientales y económicos que dichas herramientas deben resolver. La tecnología, en este contexto, es presentada como un fin en sí mismo, más que como un medio para alcanzar un desarrollo urbano equitativo, resiliente y sostenible. Esta lógica ignora que los verdaderos desafíos urbanos del siglo XXI no son únicamente de índole técnica, sino fundamentalmente políticos, sociales y ambientales.

Problemas estructurales como la desigualdad en el acceso a servicios públicos, la precariedad de la vivienda, la falta de oportunidades laborales en las periferias urbanas, la vulnerabilidad ante desastres climáticos y la pérdida de biodiversidad en los entornos urbanos requieren soluciones integrales que combinen la innovación tecnológica con una planificación participativa, basada en evidencia y centrada en las personas. En este sentido, una ciudad verdaderamente inteligente no es aquella que despliega la mayor cantidad de sensores o pantallas digitales, sino la que logra garantizar derechos básicos, reducir sus emisiones de carbono y construir comunidades resilientes, conectadas y sostenibles.

Un aspecto particularmente preocupante es la débil integración entre la agenda de ciudades inteligentes y los compromisos ambientales internacionales asumidos por Malasia, especialmente en el marco del Acuerdo de París y sus metas nacionales de alcanzar la neutralidad de carbono para mediados del siglo. Mientras que en otras regiones del mundo —como Europa, Corea del Sur o Singapur— las ciudades inteligentes están siendo concebidas como plataformas para la descarbonización urbana, en Malasia persiste una desconexión entre las políticas climáticas y las estrategias de digitalización urbana. La implementación de energías renovables, códigos de construcción verde, transporte público bajo en emisiones o sistemas de gestión de residuos circulares sigue siendo marginal o simbólica en muchos de los proyectos etiquetados como «inteligentes».

Para revertir esta situación y avanzar hacia una agenda urbana transformadora, Malasia necesita redefinir profundamente tanto su marco institucional como su estrategia de implementación. En primer lugar, se requiere la creación de una Unidad Nacional de Ejecución de Ciudades Inteligentes, con capacidad operativa, liderazgo político y autonomía presupuestaria, dependiente directamente del Departamento del Primer Ministro o del Ministerio de Economía. Esta unidad debería articular un sistema de gobernanza multinivel que permita romper los compartimentos burocráticos entre ministerios, alinear las políticas urbanas con los objetivos de sostenibilidad y garantizar la participación activa de los gobiernos locales y la sociedad civil.

En segundo lugar, es urgente establecer un marco de financiación innovador y sostenible, basado en la movilización de recursos públicos, la emisión de bonos verdes, asociaciones público-privadas responsables y la canalización de fondos internacionales para el desarrollo climático. Este sistema financiero debe priorizar aquellos proyectos que generen impactos sociales y ambientales medibles, garantizando mecanismos de evaluación y rendición de cuentas. Asimismo, se debe invertir en la capacitación técnica de los gobiernos locales y en la creación de laboratorios de innovación urbana que actúen como nodos de conocimiento y experimentación.

En tercer lugar, es fundamental reorientar la narrativa hacia una innovación centrada en las personas y basada en problemas reales. Las prioridades deben ser definidas a partir de un diálogo abierto con las comunidades urbanas, considerando sus necesidades, aspiraciones y condiciones materiales de vida. La mejora del transporte público, la prevención de inundaciones, la digitalización de servicios sociales, la promoción de vivienda asequible y eficiente en energía, y el acceso equitativo a conectividad digital deben convertirse en ejes estratégicos. Solo así se logrará una apropiación social de la transformación urbana.

Finalmente, Malasia debe pasar de una lógica de proyectos piloto dispersos a una estrategia de ciudades demostradoras regionales. Iniciativas en territorios clave como el Gran Valle de Klang, Iskandar Malasia o Kuching podrían funcionar como laboratorios vivos de integración tecnológica, planificación sostenible y gobernanza participativa. Estas experiencias piloto, si son bien diseñadas y gestionadas, pueden generar aprendizajes replicables a nivel nacional y posicionar al país como referente regional en innovación urbana sostenible.

En suma, el sueño malasio de ciudades inteligentes sigue siendo una promesa latente. Su realización dependerá menos de la sofisticación tecnológica y más de la voluntad política, la coherencia institucional, la participación ciudadana y el compromiso con la justicia climática y social. En un mundo cada vez más urbano y vulnerable, las ciudades inteligentes no pueden ser una moda pasajera ni un lujo para pocos: deben convertirse en la columna vertebral de un modelo de desarrollo inclusivo, resiliente y sostenible para el siglo XXI.


Por Instituto IDHUS

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