La disolución del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en mayo de 2025 representa un momento histórico en el largo y complejo conflicto entre el Estado turco y el pueblo kurdo. Este acontecimiento no solo marca el fin de una lucha armada de décadas, sino que también abre un escenario incierto cargado de riesgos y oportunidades
La reciente disolución del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) marca un giro histórico en uno de los conflictos internos más prolongados y sangrientos del siglo XX y XXI en Oriente Medio. Fundado en 1978 por Abdullah Öcalan, el PKK surgió como una organización marxista-leninista que luchaba por la creación de un Estado kurdo independiente en el sudeste de Turquía, una región habitada por millones de kurdos pero marginada sistemáticamente por el Estado turco desde la fundación de la república en 1923. Durante décadas, el PKK llevó a cabo una insurgencia armada caracterizada por ataques tanto contra fuerzas de seguridad como contra infraestructuras civiles, lo que provocó una respuesta brutal del Estado, con miles de muertos, desplazamientos masivos y profundas fracturas en la cohesión social y política del país.
A lo largo del tiempo, las reivindicaciones del PKK evolucionaron desde la independencia total hacia una mayor autonomía política, el reconocimiento de la identidad kurda y la garantía de derechos culturales y lingüísticos. El conflicto, que ha dejado más de 40.000 muertos desde 1984, se convirtió en un obstáculo persistente para la estabilidad interna de Turquía y un factor desestabilizador en sus relaciones exteriores, especialmente con Irak, Siria e Irán, países que también albergan importantes poblaciones kurdas.
En mayo de 2025, en un hecho que ha sorprendido tanto a observadores locales como internacionales, el PKK anunció oficialmente su disolución tras un congreso interno que siguió a una histórica declaración de Öcalan —aún encarcelado en la isla-prisión de İmralı— en la que llamó a la organización a poner fin a la lucha armada. En su comunicado, la cúpula del PKK afirmó que la organización había “cumplido su misión histórica” al quebrar décadas de negación política del pueblo kurdo e insertar la cuestión kurda en el centro del debate político nacional. El liderazgo hizo un llamado explícito a sus miembros para desarmarse, reintegrarse en la vida civil y participar en la política democrática como único camino legítimo para la consecución de sus objetivos históricos.
Detrás de esta transformación no se encuentra tanto un cambio ideológico profundo como una necesidad estratégica de supervivencia. En los últimos años, el aparato militar y de inteligencia turco ha implementado una campaña sistemática de neutralización del PKK, utilizando drones armados, operaciones transfronterizas y una red de inteligencia reforzada, tanto en territorio turco como en el norte de Irak y Siria. Estas ofensivas han mermado drásticamente las capacidades operativas del grupo, eliminando a muchos de sus altos mandos y desarticulando sus redes logísticas. Además, la pérdida de apoyo externo —tras el debilitamiento del papel de Occidente en Siria y la creciente cooperación entre Turquía y ciertos actores regionales— ha aislado al PKK de aliados cruciales. Paralelamente, la comunidad kurda, especialmente los jóvenes, ha virado hacia la participación en estructuras políticas legales como el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), que aunque también ha sido blanco de represión estatal, se ha consolidado como la principal vía de expresión política kurda en Turquía.
El anuncio de la disolución del PKK plantea múltiples interrogantes sobre el futuro de la cuestión kurda y su impacto en la dinámica geopolítica y geoeconómica de la región. Desde el punto de vista interno, representa una ventana de oportunidad para que Turquía avance hacia una reconciliación nacional que podría redefinir su tejido político y social. No obstante, esto dependerá crucialmente de la voluntad del gobierno de Ankara para implementar reformas estructurales que garanticen los derechos lingüísticos, educativos, culturales y políticos de la población kurda, así como de cesar la represión sistemática contra sus representantes políticos. Si el Estado turco opta por reprimir cualquier forma de organización kurda en el ámbito legal y democrático, el riesgo de que surjan nuevas formas de radicalización o que el conflicto se reconfigure bajo otras formas no puede descartarse.
En el plano geopolítico, la desaparición del PKK como actor armado puede alterar significativamente el equilibrio de poder en las regiones fronterizas del norte de Irak y el noreste de Siria, donde el grupo tenía presencia a través de sus filiales, como las Unidades de Defensa del Pueblo (YPG). Estos territorios, que han sido puntos estratégicos tanto para la lucha contra el Estado Islámico como para el control de rutas de comercio y recursos, podrían experimentar un reacomodo de fuerzas donde Turquía busque aumentar su influencia directa, lo que podría generar tensiones con actores como el Gobierno Regional del Kurdistán (GRK) en Irak o las fuerzas kurdo-árabes en Siria, algunas de las cuales están respaldadas por Estados Unidos.
En términos geoeconómicos, una resolución pacífica y estable del conflicto kurdo podría tener efectos positivos sustanciales. La región del sudeste de Turquía, históricamente empobrecida y objeto de militarización constante, podría convertirse en un polo de desarrollo si se logra atraer inversiones, mejorar la infraestructura y promover la inclusión económica de la población local. Además, una normalización de la cuestión kurda reforzaría la posición de Turquía como corredor energético clave entre Asia Central, el Cáucaso y Europa, al disminuir los riesgos de inestabilidad que históricamente han afectado las rutas de oleoductos y gasoductos que atraviesan territorio kurdo. La estabilización también podría facilitar una mayor integración regional con Irak e Irán, países con importantes comunidades kurdas que han temido durante décadas el efecto contagio del separatismo kurdo en Turquía.
No obstante, los desafíos persisten. La cuestión kurda no se limita al PKK. Es una cuestión estructural que involucra a más de 30 millones de kurdos distribuidos entre varios Estados que, en mayor o menor medida, niegan su identidad nacional y sus derechos colectivos. La experiencia reciente demuestra que las soluciones duraderas solo son posibles cuando se abordan las causas profundas de los conflictos: la exclusión política, la represión cultural y la desigualdad económica. El fin del PKK, si bien simbólicamente importante, no garantiza por sí solo una paz duradera.
En suma, el momento actual representa un punto de inflexión tanto para Turquía como para la región en su conjunto. Si se maneja con sabiduría política, visión histórica y apertura democrática, puede convertirse en un hito en la construcción de un nuevo contrato social que incluya plenamente a los kurdos en la vida política y económica del país. Si se desaprovecha, podría abrir paso a una nueva fase de frustración, inestabilidad y conflicto latente que seguiría alimentando las tensiones que durante más de cuatro décadas han desgarrado la región.