Dhaka, una de las metrópolis de más rápido crecimiento del mundo, enfrenta una crisis habitacional profunda que pone en jaque el derecho básico a un hogar digno. A medida que la población aumenta vertiginosamente, la ciudad evidencia una desconexión alarmante entre el crecimiento económico y la planificación urbana inclusiva. Exploramos una visión ampliada y humanista de la vivienda, no solo como infraestructura, sino como un eje articulador del tejido social, económico y ecológico de la ciudad. La vivienda, en este contexto, emerge como una responsabilidad colectiva y una herramienta fundamental para la justicia urbana
La vivienda, como necesidad humana fundamental y derecho constitucional, constituye uno de los pilares esenciales del bienestar individual y colectivo. En la ciudad de Dhaka, capital de Bangladés, la problemática habitacional ha adquirido una magnitud crítica. Con una población que supera los 23 millones de habitantes y una afluencia anual cercana al medio millón de personas, mayoritariamente atraídas por oportunidades económicas y servicios urbanos básicos, la demanda de vivienda se encuentra en niveles que desbordan cualquier capacidad institucional o del mercado para responder de manera eficaz, equitativa y sostenible.
La expansión metropolitana de Dhaka es un fenómeno representativo de la dinámica urbana de muchas ciudades del Sur Global, donde el crecimiento poblacional acelerado, el éxodo rural, la presión sobre los servicios públicos y la urbanización informal configuran un panorama complejo. En este contexto, la vivienda no debe entenderse simplemente como una unidad física o como una solución logística que se limita a proporcionar abrigo, sino como un sistema cultural, económico, ecológico y social que articula múltiples dimensiones del desarrollo urbano. Así lo han expresado históricamente las vanguardias arquitectónicas del siglo XX, para quienes la planificación urbana debía ser, ante todo, una herramienta para la justicia social y la dignificación de la vida.
No obstante, la realidad de Dhaka refleja una paradoja preocupante. A pesar del reconocimiento legal de la vivienda como un derecho y del dinamismo económico del país, el acceso a un hogar digno continúa siendo un privilegio reservado a una minoría. Las cifras oficiales del PNUD y otras organizaciones multilaterales revelan un déficit de más de 6 millones de unidades habitacionales, cifra que podría alcanzar los 10,5 millones en 2030 si no se implementan políticas estructurales. Este déficit no solo representa una amenaza para la cohesión social, sino también una carga directa sobre la salud pública, la seguridad ciudadana, la productividad económica y la sostenibilidad ambiental.
El sistema habitacional vigente se basa predominantemente en un modelo especulativo y fragmentario, articulado en torno al esquema de parcela-a-apartamento. Esta lógica mercantilista privilegia la maximización de beneficios por encima de las necesidades sociales, incentivando la inflación de los precios del suelo, la destrucción de humedales y ecosistemas urbanos, la segmentación espacial de clases sociales y la marginalización de millones de ciudadanos que sobreviven en asentamientos informales. La lógica del “plot banijjo” o comercio de parcelas ha transformado vastas áreas de la ciudad en espacios segregados y ecológicamente devastados. Este modelo no responde a los principios de planificación urbana contemporánea, orientados por criterios de equidad, resiliencia y sostenibilidad.
Por otro lado, la inversión pública en vivienda ha sido históricamente mínima. El presupuesto nacional asignado al sector es inferior al 1 %, una cifra irrisoria si se compara con la magnitud de la crisis. La vivienda social o pública, cuando existe, suele ser limitada, burocratizada y poco imaginativa en su diseño y enfoque. En el mejor de los casos, se ofrecen subsidios indirectos mediante planes hipotecarios de difícil acceso para los sectores de bajos ingresos. En el peor, se relega a millones de personas a la autoconstrucción en condiciones precarias y sin servicios básicos, sin garantías de seguridad jurídica o de habitabilidad.
Una visión renovada y profundamente transformadora de la vivienda en Dhaka debe partir de una comprensión ampliada del concepto de habitar. La vivienda no es solo un “basha” —una casa—, sino también un “bashati”: un espacio compartido, un entorno donde se configuran las relaciones comunitarias, los vínculos de solidaridad, la identidad barrial y la vida cotidiana. El diseño arquitectónico y urbanístico debe reflejar esta noción, reconociendo que cada unidad habitacional forma parte de una red social y física más amplia, que va desde la vivienda individual hasta el vecindario, los corredores urbanos y el ecosistema regional.
En este sentido, es fundamental adoptar modelos alternativos al esquema de la vivienda como mercancía. La experiencia internacional ofrece lecciones valiosas. Iniciativas como el Programa del Millón de Viviendas en Indonesia, el sistema estatal de vivienda pública en Singapur o los desarrollos cooperativos de Alemania y Uruguay demuestran que es posible construir vivienda digna, asequible y accesible a gran escala si existe voluntad política, visión técnica y participación ciudadana. En muchos casos, estos modelos han combinado innovación tecnológica (construcción modular, prefabricación, diseño pasivo), enfoques participativos (autoconstrucción asistida, cooperativas de vivienda), y estrategias de financiamiento integradas (bancos de tierras, créditos blandos, subsidios cruzados).
Particularmente ilustrativo es el enfoque de la vivienda como proceso vivo, como derecho a construir y transformar en función de las necesidades cambiantes de las familias. Esta visión, promovida por arquitectos como John F.C. Turner y Hasan Fathy, se centra en la agencia de las personas y en su capacidad para ser protagonistas del entorno que habitan. En lugar de recibir soluciones prefabricadas, las comunidades reciben acceso a tierra, infraestructura básica y apoyo técnico, y con ello diseñan y autogestionan viviendas que evolucionan orgánicamente con el tiempo. Este enfoque no solo reduce costos, sino que fortalece el tejido social y la apropiación del espacio.
La arquitectura moderna en Bangladés cuenta con referentes valiosos, como los proyectos colectivos de Muzharul Islam en las décadas de 1960 y 1970, o las experiencias más recientes del arquitecto Khandaker Hasibul Kabir. Sin embargo, estos esfuerzos han sido puntuales y no han sido sistematizados ni replicados a nivel nacional. Lo que se necesita con urgencia es un marco institucional que permita desarrollar modelos de vivienda cooperativa, social y participativa en diferentes escalas y tipologías, desde bloques en altura hasta agrupaciones horizontales, adaptadas a las condiciones geográficas y culturales de cada región.
Asimismo, es crucial vincular la política habitacional con otras dimensiones del desarrollo urbano. La vivienda debe formar parte de una planificación integrada que considere el transporte público, el acceso a servicios, la conectividad ecológica y la equidad territorial. El DAP de Dhaka propone acertadamente el modelo de “bloques de vivienda”, donde parcelas contiguas se integran en complejos con patios comunes, servicios compartidos y espacios abiertos. Este enfoque, si se implementa con criterios de inclusión social y sostenibilidad ambiental, puede renovar radicalmente el tejido urbano y recuperar la ciudad como espacio de convivencia.
Además, es indispensable repensar la relación entre urbanización y territorio. Frente a la expansión descontrolada sobre tierras agrícolas y zonas vulnerables, se deben explorar formas alternativas de ocupación del suelo, como los desarrollos en borde (edge-form) que preservan humedales y zonas inundables mediante soluciones habitacionales lineales e integradas al ecosistema. Igualmente, los corredores de transporte masivo ofrecen oportunidades para proyectos de vivienda orientados al tránsito (TOD), que articulen movilidad sostenible y densidad habitacional.
En definitiva, la vivienda en Dhaka —y en Bangladés en general— debe dejar de ser un producto de mercado y convertirse en una misión pública. En un momento histórico en que se invocan reformas estructurales, justicia social y transición ecológica, la vivienda debe ocupar un lugar central en la agenda nacional. Construir viviendas dignas no es solo edificar muros y techos, sino cimentar el derecho a la ciudad, la inclusión social y la dignidad humana. Sin una política habitacional sólida, democrática y sensible al contexto, el desarrollo urbano seguirá siendo un espejismo para millones de personas. La ciudad del futuro debe empezar por el hogar.