Francia enfrenta una encrucijada histórica: preservar su modelo social, cada vez más insostenible, o redefinir su estructura demográfica mediante una inmigración masiva. La propuesta de recurrir a cientos de miles de inmigrantes al año ha reavivado un debate profundo que va más allá de lo económico. ¿Es viable sostener el Estado del bienestar sin alterar la identidad cultural de la nación?
La crisis del modelo social europeo, y en particular el francés, es uno de los desafíos estructurales más acuciantes de las democracias desarrolladas en el siglo XXI. Francia, con su modelo social heredado del Estado del bienestar del siglo XX, enfrenta una disyuntiva histórica: cómo sostener un sistema que requiere una población activa en crecimiento para financiar el creciente número de jubilados y personas dependientes, en un contexto de envejecimiento poblacional, baja natalidad y creciente desafección ciudadana. En este marco, el think tank progresista Terra Nova ha vuelto a poner sobre la mesa una propuesta polémica y profundamente divisiva: asegurar la sostenibilidad del modelo social francés mediante una política migratoria intensiva, que contemple la incorporación anual de entre 250.000 y 310.000 trabajadores inmigrantes hasta mediados del siglo XXI. Lejos de ser un simple debate técnico sobre demografía y economía, esta propuesta revela profundas tensiones culturales, ideológicas, identitarias y geopolíticas que atraviesan no solo Francia, sino al conjunto de Europa Occidental.
El argumento central de Terra Nova parte de una premisa ampliamente aceptada en ciertos círculos académicos y políticos: sin un relevo generacional suficiente, las economías avanzadas no podrán sostener su sistema de pensiones, salud pública y servicios sociales universales. En Francia, donde el sistema de pensiones se basa en el reparto —es decir, las cotizaciones de los trabajadores activos financian directamente a los jubilados actuales—, la disminución del ratio entre activos y pasivos se ha vuelto crítica. En 1970 había 4 trabajadores por cada jubilado. Hoy, esa proporción es cercana a 1,7 y, de seguir la tendencia, podría llegar a 1,3 en las próximas décadas. Terra Nova plantea que solo una fuerte inmigración laboral podrá revertir esta dinámica, al incrementar artificialmente la base de cotizantes, además de cubrir déficits crónicos en sectores estratégicos como la salud, la construcción, los cuidados domiciliarios y la limpieza urbana.
No obstante, esta perspectiva es fuertemente cuestionada desde otros sectores, como el Observatorio de Inmigración y Demografía (OID), una institución crítica de las políticas migratorias expansivas, que defiende un enfoque más realista y menos ideologizado, apoyado en datos empíricos. Su director, Nicolas Pouvreau-Monti, ha señalado que el supuesto beneficio económico de la inmigración masiva es una ilusión estadística, basada en modelos que no reflejan las condiciones reales de integración laboral. Según Eurostat, la tasa de empleo de inmigrantes extracomunitarios en Francia es de las más bajas de la Unión Europea, situándose alrededor del 52 %, frente al 65-70 % de los nacionales franceses. Esto significa que más de la mitad de los inmigrantes no contribuyen activamente al sistema, sino que dependen, parcial o totalmente, de las ayudas estatales.
A esto se suma el desequilibrio entre los motivos de otorgamiento de permisos de residencia. En la actualidad, apenas un 10% de los permisos emitidos anualmente en Francia responden a criterios económicos. La gran mayoría corresponde a razones familiares, humanitarias o estudiantiles, lo que sugiere que el fenómeno migratorio está lejos de responder a una lógica de selección productiva. Además, la política de reunificación familiar permite la llegada de un número indeterminado de dependientes por cada trabajador admitido, lo que multiplica el impacto fiscal y social de la inmigración sin una contraprestación equivalente en términos de productividad o sostenibilidad económica.
El informe de Terra Nova omite también el análisis de los costes asociados a la inmigración, que no se limitan a una simple contabilidad fiscal. Numerosos estudios señalan que los inmigrantes extracomunitarios en Francia reciben, en promedio, el doble en beneficios sociales respecto a lo que contribuyen en impuestos y cotizaciones. Este fenómeno no solo tensiona las cuentas públicas, sino que genera una creciente percepción de injusticia redistributiva entre la población autóctona, alimentando reacciones de rechazo, polarización y cuestionamiento del contrato social. La criminalidad, la inseguridad, los conflictos culturales y la fractura identitaria no pueden ignorarse en el análisis de las consecuencias estructurales de una inmigración masiva en contextos de integración fallida. En departamentos como Seine-Saint-Denis, donde la concentración de población inmigrante es más elevada, los indicadores de pobreza, desempleo, fracaso escolar y violencia urbana superan ampliamente la media nacional, a pesar de una inyección masiva de recursos públicos.
Desde una perspectiva geoeconómica, el enfoque propuesto por Terra Nova plantea un dilema estratégico para Francia y Europa en su conjunto. Apostar por la inmigración como mecanismo de sostenibilidad del modelo social implica una dependencia estructural de flujos migratorios provenientes, mayoritariamente, del África subsahariana, el Magreb y Medio Oriente. Esta dependencia, lejos de neutralizar conflictos, puede exacerbar desequilibrios entre el Norte y el Sur global, promoviendo dinámicas neocoloniales, extracción de capital humano y vaciamiento de las economías emisoras. Además, al no existir una política europea común ni mecanismos de integración sólidos, esta inmigración puede derivar en una fragmentación interna del espacio europeo, donde los países receptores —como Francia, Alemania o Bélgica— absorban las tensiones sociales, mientras otros, como Hungría o Polonia, refuercen su cerrazón identitaria y su distancia política respecto a Bruselas.
Desde el punto de vista geopolítico, el debate sobre inmigración y sostenibilidad social está íntimamente ligado a la estabilidad democrática, la cohesión nacional y la legitimidad del Estado. Un modelo que requiere un cambio demográfico para sobrevivir plantea preguntas profundas sobre la identidad colectiva, la soberanía cultural y la continuidad histórica de una nación. ¿Hasta qué punto es legítimo reconfigurar la composición poblacional de un país en nombre de su modelo económico? ¿Qué implica para la gobernabilidad a largo plazo el reemplazo progresivo de una población autóctona que pierde protagonismo económico y político? ¿No estaríamos, en el fondo, ante un conflicto entre sostenibilidad económica y cohesión civilizatoria?
La izquierda progresista, representada por Terra Nova, propone un paradigma posnacional, donde las fronteras culturales y étnicas son irrelevantes frente a los imperativos funcionales del sistema. Desde esta lógica, el multiculturalismo, la diversidad y la movilidad global son activos estratégicos. En cambio, los sectores conservadores, como el OID, consideran que sin una base común de valores, identidad y pertenencia, ningún sistema social es sostenible a largo plazo, por más eficiente que sea su arquitectura financiera.
En definitiva, el debate sobre la inmigración como solución al colapso del modelo social europeo no puede reducirse a un análisis técnico de balances fiscales o ratios de dependencia. Se trata de un enfrentamiento de visiones sobre el futuro de la sociedad, el papel del Estado, la naturaleza de la ciudadanía y el sentido de pertenencia. Francia se encuentra en la encrucijada entre dos caminos: intentar salvar su modelo social mediante un cambio radical en su composición demográfica, con todos los riesgos que ello implica, o rediseñar sus instituciones, sus políticas de natalidad, su sistema económico y su proyecto nacional para adaptarse a las nuevas realidades sin renunciar a su identidad histórica. Esta decisión no solo definirá el futuro del modelo francés, sino que tendrá implicaciones profundas para el equilibrio político y cultural del continente europeo.
