Pudieron escapar de los ataques de militantes islamistas que han desencadenado una de las crisis de desplazamiento de más rápido crecimiento del mundo. Pero su calvario, dicen, no terminó ahí: En los lugares donde supuestamente se refugiaban, los hombres del lugar les exigían mantener relaciones sexuales a cambio de ayuda humanitaria.
Mujeres saliendo de un recinto en la ciudad septentrional de Kaya tras hablar con The New Humanitarian sobre cómo fueron solicitadas para mantener relaciones sexuales mientras intentaban conseguir ayuda alimentaria.
Por Sam Mednick
Freelance journalist para TNH
Traducción: Instituto IDHUS
Ocho mujeres desplazadas que viven en la ciudad de Kaya, en el norte de Burkina Faso, contaron a The New Humanitarian que hombres de la localidad -algunos de ellos líderes comunitarios- las abordaron para mantener relaciones sexuales y les dijeron que estaban registrando a personas que necesitaban ayuda alimentaria.
La mayoría de los incidentes tuvieron lugar en los últimos 15 meses, dijeron las mujeres en entrevistas realizadas en septiembre de 2020 y mayo de 2021.
«Dije que sí porque tenía miedo [de decir que no] y estaba desesperada por entrar en la lista [de ayuda alimentaria]», dijo una mujer, que pidió no ser nombrada para evitar represalias.
La mujer dijo que se había inscrito en 2019 en la lista del gobierno para recibir alimentos, pero no recibió nada. Entonces conoció a un líder comunitario encargado del registro y mantuvo relaciones sexuales con él dos veces entre junio y noviembre de 2020 porque le prometió incluirla en una lista. Nunca recibió alimentos, dijo, y sigue sin saber si su nombre se ha añadido a las listas.
El registro de desplazados en Burkina Faso está gestionado por el gobierno central y las autoridades locales, que a veces piden a los miembros de la comunidad que ayuden en el proceso. Los grupos de ayuda, entre ellos el Programa Mundial de Alimentos (PMA) -el mayor proveedor de ayuda alimentaria del país-, prestan asistencia a las personas cuyos nombres figuran en las listas.
Los relatos de las mujeres se hacen eco de otros que funcionarios del gobierno y trabajadores humanitarios han comunicado a The New Humanitarian. También se suman a las preocupaciones expresadas por los medios de comunicación locales y los grupos de ayuda internacional sobre las violaciones y el llamado sexo de supervivencia en los campos de desplazados de Kaya y otras partes de Burkina Faso, donde más de 1,3 millones de personas han sido desarraigadas.
Sin embargo, las organizaciones humanitarias y el gobierno -que mantiene un férreo control sobre las operaciones humanitarias en el país e impide el acceso de los periodistas a los campos de desplazados- han tardado en tomar medidas para prevenir y abordar la explotación y los abusos sexuales. Trabajadores humanitarios y funcionarios afirmaron que las cuestiones que afectan a las mujeres y las niñas han quedado relegadas a un segundo plano en la respuesta de emergencia más amplia.
La mayoría de las mujeres que hablaron con The New Humanitarian dijeron que habían rechazado las insinuaciones de los hombres, pero que conocían a otras mujeres a las que habían hecho proposiciones del mismo tipo, lo que sugiere que los abusos están muy extendidos.
Otras 16 mujeres que hablaron con The New Humanitarian dijeron que los hombres les habían pedido dinero a cambio de añadir sus nombres a las listas de registro. Todas menos una dijeron que habían pagado, aunque ninguna recibió ayuda a cambio.
Una mujer de 42 años y madre de siete hijos -desplazada de su pueblo en 2019- dijo que pagó 90 céntimos a un hombre con un portapapeles que estaba de pie en lo que ella pensaba que era un edificio del gobierno en diciembre de 2020. Dijo que no recibió ninguna ayuda alimentaria.
«Nadie nos ha dicho nunca qué necesitamos para conseguir alimentos», dijo la mujer, que pidió que no se revelara su nombre. «Si no estuviéramos hablando con ustedes hoy, [estaríamos] caminando de un sector a otro tratando de encontrar un lugar donde conseguir comida».
El gobierno y los trabajadores humanitarios son conscientes del problema
Un funcionario que trabaja para una organización humanitaria en Kaya, epicentro de los desplazamientos, dijo tener conocimiento de 13 mujeres que afirmaron haber sido abordadas por hombres para mantener relaciones sexuales en las mismas circunstancias en febrero y marzo de este año.
El funcionario pidió que no se revelara su nombre, por motivos de seguridad, y no confirmó si se habían tomado medidas. The New Humanitarian no pudo confirmar si los 13 incidentes señalados por el funcionario coincidían con los ocho que desveló.
Un funcionario del gobierno de Barsalogho -ciudad cercana a Kaya- dijo que unas 10 mujeres de la zona habían acudido a la administración local entre febrero y marzo de este año para denunciar que algunos hombres se les habían acercado para mantener relaciones sexuales a cambio de ayuda alimentaria.
«En general, estas mujeres comparten esta noticia tras esperar en vano la ayuda prometida», dijo el funcionario, que pidió no ser identificado, alegando también motivos de seguridad. «Nos disgusta mucho que estos hombres estropeen el nombre de nuestra institución».
Hélène Marie Laurence Ilboudo Marchal, ministra de Acción Humanitaria de Burkina Faso, declaró que era consciente del problema y animó a las mujeres a denunciar los abusos. «La ley condena estas cosas», declaró. «Todas las personas que hayan sido víctimas de este tipo de abusos pueden denunciarlo».
El PMA y otros organismos de ayuda afirmaron que en los últimos meses habían hablado con líderes comunitarios y autoridades locales sobre la necesidad de abordar los abusos sexuales y la explotación. Ninguna, sin embargo, dijo tener planes para dejar de trabajar con las listas de registro, que el gobierno exige que utilicen.
A pesar de haber establecido sistemas para que las mujeres denuncien los abusos sexuales y la explotación, ninguna de las siete grandes agencias de ayuda internacional y ONG con las que se puso en contacto The New Humanitarian afirmó haber recibido o comunicado ninguna reclamación relacionada con el proceso de registro.
Metsi Makhetha, el funcionario de mayor rango de la ONU en el país, declaró que la situación en Burkina Faso es «cada vez más compleja» y que las agencias de ayuda «simplemente deben hacer y harán más» para proteger a las mujeres y niñas de los abusos.
Sin embargo, un alto funcionario de la ayuda, cuyo nombre se mantiene en reserva por no estar autorizado a hablar con los medios de comunicación, afirmó que los esfuerzos para prevenir la explotación y los abusos sexuales -así como otras cuestiones relacionadas con la protección- «han pasado a un segundo plano» en toda la respuesta.
Desplazamientos crecientes y una respuesta caótica
Un campo de desplazados improvisado en la ciudad de Kaya. En los campos, muchos de los cuales no están reconocidos oficialmente por el gobierno, no se han tomado medidas para proteger a las mujeres de la explotación sexual.
Burkina Faso era considerado hasta hace poco uno de los países más pacíficos de África Occidental. Pero la situación de seguridad se ha deteriorado en los últimos cinco años en medio de atentados vinculados a Al Qaeda y al llamado Estado Islámico, lo que ha incrementado el número de desplazados en más de un 1.000% en los dos últimos años.
Muchas de las mujeres que hablaron con The New Humanitarian dijeron que habían perdido a familiares y amigos en los ataques, que han seguido aumentando a pesar de un frágil acuerdo de alto el fuego en algunas partes del país entre el gobierno y algunos grupos yihadistas.
Algunas de las mujeres dijeron que vivían en campos con servicios deficientes, la mayoría de los cuales el gobierno no reconoce como lugares oficiales de desplazamiento. Al carecer de estatus oficial, los grupos de ayuda y las autoridades «parecen haber olvidado poner en marcha servicios básicos» en los lugares, incluidas medidas para proteger mejor a las mujeres de la explotación, afirmó un funcionario humanitario que pidió el anonimato para no poner en peligro las relaciones con el gobierno.
Aunque no es infrecuente que las autoridades locales gestionen las listas de registro en una respuesta humanitaria, las agencias de ayuda señalaron que el aumento vertiginoso de los desplazamientos significa que el proceso en Burkina Faso fue inicialmente caótico, lo que ralentizó la distribución de la ayuda.
En Kaya, una ciudad de tamaño medio de la región Centro-Norte -donde viven casi 500.000 desplazados y 60.000 se enfrentan a niveles de hambre de «emergencia»-, los funcionarios del gobierno afirmaron que su capacidad para registrar a las personas se vio desbordada.
La mala comunicación y la falta de personal dieron lugar a que los desplazados no supieran dónde inscribirse, se inscribieran pero no recibieran ayuda o se inscribieran en varias listas, algunas de las cuales nunca llegaron a las agencias de ayuda.
Para mejorar el sistema, las autoridades de Kaya dijeron que en 2019 reclutaron a unos 30 voluntarios -en su mayoría líderes comunitarios varones designados por los desplazados- para registrar a los recién llegados.
Algunas de las ocho mujeres que hablaron con The New Humanitarian afirmaron que los líderes comunitarios designados, a los que reconocieron, se pusieron en contacto con ellas para mantener relaciones sexuales.
TNH también habló con tres líderes locales implicados en el proceso de registro, que afirmaron haber oído informes de explotación de mujeres, pero añadieron que ese comportamiento no era representativo de la mayoría de los voluntarios.
Es posible que algunos de los hombres hayan fingido estar implicados en el proceso de registro y se hayan aprovechado de la falta de información sobre cómo inscribirse para recibir ayuda, afirmaron funcionarios del gobierno y líderes comunitarios.
Las ocho mujeres que hablaron con The New Humanitarian dijeron que les resultaba difícil verificar el estatus de los hombres que se les acercaban. Los hombres instalaban sus puestos de trabajo bajo los árboles y en recintos abandonados, o se paraban con portapapeles junto a lo que parecían ser puntos de registro oficiales.
«Somos agricultores, cultivamos y criamos animales», dijo Rasmata Ouedraogo, de 46 años y madre de cinco hijos, que huyó de su casa tras un ataque yihadista en enero de 2020. Dijo que no podía decir quién formaba parte de la respuesta y quién no.
Entre agosto de 2020 y marzo de 2021, Ouedraogo dijo que intentó varias veces registrarse con personas que creía que la ayudarían a obtener ayuda alimentaria. Dijo que en dos ocasiones la solicitaron para mantener relaciones sexuales y se negó.
Un problema generalizado: Las mujeres nos lo cuentan abiertamente
El trabajador humanitario que tomó nota de los 13 casos dijo que con frecuencia se habían encontrado con mujeres angustiadas en los lugares de distribución de alimentos en Kaya que habían descubierto que sus nombres no figuraban en las listas.
«[Las mujeres] nos lo cuentan abiertamente», dijo el funcionario. «Puedes ir y preguntarle por qué está llorando, y te dirá que cuando se registraron los nombres, ‘él me ofreció esto y aquello, y yo lo rechacé, y por eso mi nombre no está en la lista'».
La cooperante dijo que creen que Kaya es sólo la punta del iceberg, ya que la misma situación se da en lugares de desplazamiento de otras ciudades y regiones, donde el proceso de registro también está gestionado por el gobierno. No confirmaron qué procedimientos habían seguido tras conocer los casos, alegando confidencialidad. Sin embargo, la agencia para la que trabajan afirmó no haber recibido ninguna denuncia, lo que sugiere que los casos no fueron denunciados. THN no revela el nombre de la agencia para proteger la intimidad del trabajador humanitario.
Algunas personas desplazadas han manifestado que temen que se sigan ignorando y marginando los problemas de explotación y abusos sexuales, ya que el gobierno central ha prohibido a los periodistas visitar los campos de desplazados e informar sobre ellos.
Varios trabajadores humanitarios afirmaron que la prohibición -que entró en vigor aproximadamente el pasado mes de octubre- estaba relacionada con las informaciones publicadas en los medios de comunicación locales y por grupos humanitarios sobre violaciones y sexo de supervivencia en los campos, que, en opinión de las autoridades, daban mala imagen del país.
Marchal, ministro del gobierno, defendió la decisión, alegando que se había tomado para proteger la dignidad de los desplazados. «No necesitamos que los medios de comunicación vengan a filmar todo esto, como si fuera un zoo», afirmó.
The New Humanitarian pudo hablar con mujeres fuera de los campos, en la ciudad de Kaya.
Varios funcionarios locales de Kaya -ninguno de los cuales quiso dar su nombre- culparon de los abusos sexuales y la explotación a las propias mujeres. Uno de ellos dijo que las mujeres solicitaban sexo porque sus maridos habían muerto en el conflicto, o porque viven solas en Kaya mientras sus parejas trabajan en explotaciones mineras fuera de la ciudad.
«Si las mujeres están [solas] durante un mes o seis meses o un año… querrán este placer sexual y a veces son ellas las que lo provocan», afirmó el funcionario, cuyos comentarios fueron similares a los realizados por otros dos del gobierno local.
Líneas directas y buzones de respuesta poco utilizados
Un soldado monta guardia en la capital, Uagadugú, durante una protesta contra el aumento de la inseguridad en Burkina Faso. Alrededor de 1,3 millones de personas han quedado desarraigadas en los últimos años.
Preguntado por su responsabilidad a la hora de responder a las denuncias de abusos o de intentar prevenir situaciones similares, Antoine Renard, director del PMA en Burkina Faso, afirmó que la organización no era responsable del proceso de registro y que «no era una agencia de protección», es decir, que se ocupara de cuestiones relacionadas con los derechos.
Pero Nidhi Kapur, especialista independiente en cuestiones de género que trabaja en la prevención de la explotación y los abusos sexuales en contextos de emergencia, afirmó que la ONU debe responsabilizarse de «toda la cadena de valor» de la distribución de alimentos, independientemente de si está directamente implicada en cada etapa.
«Tienen la responsabilidad de ser conscientes del entorno al que se dirigen y de abordar adecuadamente los posibles riesgos y daños asociados a la intervención que proponen», afirmó Kapur. «Siempre que se produce una respuesta humanitaria de gran envergadura y se inyectan enormes cantidades de recursos en un entorno de escasos recursos, se van a crear condiciones en las que abunden la explotación y los abusos sexuales».
La política del PMA en materia de abusos y explotación sexuales, de acceso público, establece que las denuncias de abusos por parte de las organizaciones asociadas -que, según los expertos en la materia, deberían incluir al gobierno que gestiona las listas- deben notificarse a través de los sistemas internos de ética y cumplimiento.
La organización también tiene una política de protección que describe su responsabilidad de «hacer todo lo posible para apoyar la protección de las personas en situaciones de emergencia humanitaria, especialmente -pero no sólo- las mujeres, los niños y los grupos marginados y privados de derechos».
Aunque las denuncias de abusos sexuales por parte de funcionarios locales y líderes comunitarios pueden no ser responsabilidad legal de una agencia de ayuda extranjera, las nuevas directrices de USAID -el mayor donante del PMA- insisten en que se le informe de cualquier sospecha de casos de explotación y abusos sexuales en los que estén implicados sus recursos. El PMA no respondió cuando se le preguntó si había informado a sus donantes. USAID no confirmó si había tenido conocimiento de las denuncias concretas.
Renard afirmó que el PMA ha transmitido en repetidas ocasiones a sus diversos socios -incluido el gobierno- el mensaje de que mantiene una política de tolerancia cero frente al abuso y la explotación sexuales.
La agencia y otros grupos de ayuda afirmaron que en los últimos meses también habían incrementado las medidas para contrarrestar los abusos sexuales y la explotación, desde la organización de sesiones de formación para los trabajadores humanitarios sobre lo que constituye una conducta sexual inapropiada, hasta la instalación de buzones de información en los campos de desplazados de Kaya y otros lugares.
Pero las agencias han tardado en establecer otros sistemas. Aunque las grandes misiones humanitarias suelen contar con redes interinstitucionales destinadas a prevenir los abusos y la explotación sexuales, en Burkina Faso este sistema no está plenamente operativo, según Makhetha, la máxima responsable de la ONU.
Afirmó que la red se pondrá en marcha en septiembre, cinco años después del inicio de la crisis y tres años después de que empezara a agravarse rápidamente.
Asmita Naik, consultora internacional de derechos humanos y coautora de un informe histórico de 2002 sobre la explotación sexual por parte de trabajadores humanitarios en África Occidental, calificó de «increíblemente lento» el tiempo que se ha tardado en crear la red.
«La ONU lleva más de una década hablando del valor de los mecanismos y redes interinstitucionales de denuncia», afirmó. «La única manera de que veamos progresos es que los donantes hagan de la cooperación con mecanismos conjuntos una condición para la financiación».
Marchal dijo que el gobierno, mientras tanto, ha creado una línea telefónica nacional -con el apoyo de agencias de la ONU- que permite a las mujeres denunciar distintos tipos de violencia sexual y de género, no necesariamente relacionados con la distribución de ayuda.
Algunas de las mujeres que hablaron con The New Humanitarian conocían el número de la línea directa y dijeron que algunas personas -cuya identidad desconocían- se habían puesto en contacto con ellas en los campamentos para informarles de cómo utilizarla. Otras no conocían el número.
Los expertos en explotación sexual en operaciones humanitarias afirman que los grupos de ayuda deben replantearse su enfoque de los mecanismos de denuncia, que rara vez son utilizados por los denunciantes.
«Los grupos humanitarios deberían trabajar con las comunidades locales para concienciarlas sobre la explotación y los abusos sexuales, [y] colaborar con ellas para crear mecanismos de denuncia que se adapten a sus contextos locales», señaló Agnes Odhiambo, investigadora sobre derechos de la mujer de Human Rights Watch.
Incluso con mejores sistemas, las mujeres burkinesas dijeron que temen que los abusos y la explotación continúen mientras dure el conflicto.
«Esperamos que esta crisis termine para poder regresar a nuestros hogares», dijo una mujer en Kaya que sólo dio su nombre de pila, Maiga. «Creemos que la gente se aprovecha de nosotras por nuestra situación».