La transición democrática de Sudán se encuentra bajo presión, ya que los militares pretenden revalidar su control del poder mediante la reinstauración de un primer ministro civil.
Por Joseph Siegle
Africa Center for Strategic Studies
En las semanas que siguieron al golpe de Estado del 25 de octubre en Sudán hubo numerosas noticias de que los militares estaban intentando nombrar a un primer ministro civil para encabezar el gobierno reformado de los militares. El actual primer ministro de transición, Abdallah Hamdok, siempre ocupó un lugar destacado en la lista de candidatos, a quien los militares mantenían bajo arresto domiciliario mientras la mayor parte del resto del gabinete y cientos de otros funcionarios civiles permanecían detenidos.
El acuerdo del 21 de noviembre entre el teniente general Abdel Fattah al-Burhan y Hamdok parece ser la culminación de los esfuerzos de los militares, creando así la apariencia de continuidad en el liderazgo civil. Reconociendo que el acuerdo no es óptimo, Hamdok lo ha justificado como una forma de desactivar el enfrentamiento político tras el golpe sin más pérdidas de vidas humanas.
Aunque muchos detalles siguen sin estar claros, en su estado actual, el acuerdo representaría una validación del golpe militar. También supondría un giro sorprendente para los militares, que se han enfrentado a una condena generalizada en el país, una escalada de protestas populares y el aislamiento internacional, incluida la revocación de la ayuda y el alivio de la deuda. De hecho, cada vez era más evidente que los militares no podrían sostener el golpe -ni política ni económicamente- y que tendrían que encontrar una forma de dar marcha atrás en su acción extralegal.
Reacciones de la población civil
Las reacciones públicas al acuerdo en Sudán han sido en su mayoría muy críticas, ya que no satisface las exigencias de los manifestantes de que se restablezca el gabinete civil anterior al 25 de octubre, reconocido internacionalmente, se libere a todos los presos políticos detenidos desde el golpe y los civiles asuman el liderazgo del proceso de transición en lugar de los militares. En su lugar, Hamdok parece haber cedido a la exigencia de los militares de que el gabinete sea remodelado para que sea más flexible a los intereses de los militares. El acuerdo, por tanto, refuerza el obstáculo fundamental para la transición democrática de Sudán: la sensación de los militares de tener derecho a dirigir el gobierno.
Doce ministros civiles de las Fuerzas de la Libertad y el Cambio (FFC), una de las principales coaliciones civiles, dimitieron de sus cargos tras el acuerdo. Todos los ministros del gabinete anterior al golpe, salvo dos, han dimitido ya, y esos dos siguen detenidos. Además, tres cuartas partes del Comité Central de la FFC se han negado incluso a reunirse con Hamdok. Por lo tanto, parece haber perdido su electorado nacional al firmar el acuerdo con los militares.
Los civiles también han afirmado que el acuerdo entre Burhan y Hamdok carece de base legal. El gobierno de transición ha estado operando a partir de una Carta Constitucional de transición firmada en 2019 por los militares y los principales grupos civiles como parte de un proceso de transición de 3 años. Como parte de ese acuerdo de reparto de poder, el FFC era responsable de nombrar al primer ministro que seleccionaría un gabinete. Además, cualquier modificación de la Carta requería la aprobación del Consejo Legislativo o, en su defecto, del Consejo de Soberanía y el Consejo de Ministros. Dado que se ignoraron todas estas disposiciones, la FFC concluye que el acuerdo del 21 de noviembre es entre dos individuos, y no entre las partes institucionales interesadas en la Carta de 2019. Por consiguiente, carece tanto de fundamento jurídico como de legitimidad.
La columna vertebral de los llamamientos civiles al cambio ha sido una red de «comités de resistencia», organizaciones de base de la sociedad civil creadas a partir de 2013 para educar al público y abogar por el cambio democrático en Sudán. Estos comités difusos, aunque bien organizados, proporcionan una estructura para centrar y mantener las demandas civiles de cambio. Nacidos del legado sudanés de resistencia no violenta al régimen militar y autoritario, que se remonta a las revoluciones de 1964 y 1985, estos comités representan una característica distintiva del panorama político de Sudán. Estos comités de resistencia han prometido seguir protestando hasta que vean un auténtico restablecimiento del proceso de transición democrática. Desde el golpe, muchos de estos comités han pedido la retirada total e inmediata de los militares de la política sudanesa.
En resumen, el acuerdo Burhan-Hamdok no ha sido considerado creíble por las principales partes interesadas de Sudán. Por el contrario, es visto como un medio para afirmar y legitimar el papel de los militares en el gobierno y la posición de Burhan como jefe de Estado (un papel que asumió pero que no estaba autorizado por la Carta Constitucional de 2019).
Los militares muestran sus cartas
El acuerdo Burhan-Hamdok plantea otras preocupaciones fundamentales sobre las normas de gobernanza en Sudán. Paradójicamente, en lugar de tener que hacer concesiones políticas por dar el golpe, los militares serían recompensados por cooptar la transición democrática.
Desde el golpe del 25 de octubre, las fuerzas de seguridad sudanesas también se han mostrado dispuestas a utilizar la fuerza letal contra civiles desarmados. Según el Comité Central de Médicos de Sudán, muchos de los más de 40 manifestantes que murieron a manos de los militares recibieron disparos en la cabeza o en el pecho. Así pues, las fuerzas de seguridad disparaban a matar, no para dispersar las protestas o proteger la propiedad. Este uso de la violencia pone de manifiesto la actitud del ejército hacia los civiles y la expresión pública. También ha profundizado la antipatía pública hacia el ejército, dilapidando la medida de buena voluntad que se había establecido desde que comenzó la transición democrática en 2019.
Igualmente revelador ha sido el esfuerzo de los militares desde el golpe por reemplazar a los funcionarios civiles con incondicionales del régimen del gobernante autocrático de larga data Omar al-Bashir. Esto es significativo, ya que la era Bashir había sido ampliamente vilipendiada, incluso por los militares, desde las protestas de 2019. Que los militares estén ahora aparentemente intentando restaurar elementos de la administración de Bashir, incluidos los islamistas, sugiere una afinidad e interés en mantener la continuidad con la era de Bashir, lo que expone aún más la falta de compromiso de los militares con una transición democrática.
Otra medida reveladora de los militares desde el golpe ha sido el despido del vicegobernador del Banco Central, Farouck Hussein, así como de los directores del Banco del Nilo, la Caja de Ahorros Al-Nile y el Banco de Desarrollo Industrial. Estas medidas han ido acompañadas de presiones al Banco Central para que transfiera fondos a cuentas controladas por los militares. Este estilo de gobierno depredador es otra marca de la era Bashir y es coherente con la fuerte implicación de los militares en la economía sudanesa, que supuestamente controlan unas 250 empresas.
Implicaciones para la transición democrática de Sudán
¿En qué situación queda la transición democrática en Sudán? Como ocurre con todos los golpes de Estado, Sudán se encuentra en un terreno jurídico inestable. La base constitucional del Consejo de Soberanía fue establecida por el acuerdo de reparto de poder de 2019. Desde que Burhan disolvió el Consejo de Soberanía y otros órganos de gobierno transitorios en su toma de poder del 25 de octubre, su autoridad como líder transitorio del Consejo también ha sido rescindida. Su pretensión de autoridad proviene ahora únicamente del cañón de una pistola. Al igual que en otros golpes de Estado, lo que ahora es legal es, de hecho, lo que digan los militares.
La misma lógica se aplica a la trayectoria de la transición. Desgraciadamente, todo indica que los militares nunca se tomaron en serio una verdadera transición. Por el contrario, su objetivo parece ser mantener el papel principal de los militares en el gobierno de Sudán, una postura que han mantenido durante los 10 años transcurridos desde la independencia en 1955. Además, como hemos visto en otros golpes de Estado en África el año pasado, los militares tienen incentivos limitados para liderar transiciones democráticas.
El público sudanés ha demostrado hasta ahora que no aceptará el nuevo acuerdo de gobierno, a pesar de la restitución de Hamdok como primer ministro. Los militares, por tanto, se enfrentan a la perspectiva de continuas protestas, huelgas y otras formas de desobediencia civil que pueden paralizar la capacidad de los militares para gobernar. A diferencia de otros países africanos que han sufrido golpes de Estado, la población sudanesa tiene una larga tradición de protestas no violentas y posee estructuras organizativas que permitirán a los manifestantes mantener estos esfuerzos.
La táctica de los militares para mantener el control tampoco concilia la realidad de que sólo con un gobierno civil atraerá Sudán el capital internacional necesario para abordar los retos económicos fundamentales a los que se enfrenta. Entre ellos, una economía en contracción, una inflación del 400%, una población de jóvenes desempleados numerosa y creciente, y una deuda cada vez mayor, que se calcula alcanzará los 1,2 billones de dólares en 2025 para una economía que actualmente apenas alcanza los 35.000 millones de dólares. Con el ejército al mando, todos estos problemas económicos son suyos y se enfrentarán a una ira pública aún mayor a medida que empeoren.
Al parecer, Burhan y los militares también han calculado que pueden conseguir suficiente credibilidad internacional para atraer la inversión extranjera, los préstamos y la ayuda necesarios para que los militares gobiernen. Esto puede ser una interpretación errónea de la avalancha de apoyo internacional y alivio de la deuda que Sudán ha recibido desde 2019.
Factores clave que configuran la próxima etapa de la transición
El resultado del acuerdo Burhan-Hamdok, y la transición democrática de Sudán en general, sigue siendo dudoso. Aunque los militares tengan actualmente la sartén por el mango, necesitan cierto grado de apoyo nacional e internacional para mantenerse en el poder, algo que hasta ahora no se ha producido.
A continuación se exponen algunos de los factores clave a tener en cuenta mientras Sudán atraviesa la actual fase de su esperada transición democrática.
Sostenibilidad de la resistencia interna
Si, como parece, la restitución de Hamdok como primer ministro no se consolida en el país, los militares no habrán sacado mucho provecho político del acuerdo. Seguirá bajo presión para restaurar el régimen anterior al 25 de octubre.
Liberación de presos políticos
Se suponía que esto formaba parte del acuerdo Burhan-Hamdok. Sin embargo, muy pocos de los cientos de detenidos políticos han sido puestos en libertad, y continúan las detenciones. Esto sugiere que el ejército puede no haber tomado en serio su liberación y que simplemente la estaba ofreciendo como un incentivo para que Hamdok y la comunidad internacional apoyaran el nuevo acuerdo. Es posible que los militares sigan liberando a detenidos de forma selectiva para abrir brechas en las filas civiles.
Espacio para que Hamdok gobierne.
Dado que Hamdok ya ha cedido en su exigencia inicial de que se restableciera todo el gabinete anterior al 25 de octubre, parece que tendrá menos margen de maniobra para decidir a quién puede incorporar al gabinete. Tampoco está claro cuántos líderes civiles creíbles se unirán a él en esta nueva estructura de gobierno. Si son pocos, Hamdok quedará aún más aislado políticamente. Tampoco está claro cuánta libertad tendrá Hamdok para establecer una agenda distinta de la militar. Si dimitiera, los militares quedarían aún más expuestos como únicos interesados en el acuerdo actual.
Necesidad de plazos precisos
La ambigüedad sobre los plazos ha obstaculizado la transición desde 2019. ¿Cuándo se suponía exactamente que los civiles asumirían el liderazgo del Consejo de Soberanía? ¿Cuándo iba a establecerse la Asamblea Legislativa? ¿Cuándo tendrá lugar la reforma de las instituciones clave? Además de la reforma del sector de la seguridad, éstas incluyen un proceso de revisión constitucional, el establecimiento de un poder judicial independiente para dirimir las cuestiones relativas a la transición, la protección de una prensa libre, la reforma de la función pública y el proceso de selección de la comisión electoral. Para que la transición cobre impulso, es necesario concretar las respuestas a estas y otras cuestiones críticas.
Compromiso de la comunidad internacional con la transición democrática de Sudán
Como en cualquier golpe de Estado, el reconocimiento internacional es vital para la viabilidad diplomática y económica del gobierno posterior al golpe. La comunidad internacional democrática ha condenado casi unánimemente el golpe del 25 de octubre. La decisión de los militares de reinstaurar a Hamdok pretende, en parte, convencer a los actores internacionales de que la transición sigue avanzando. Sigue siendo una incógnita si la comunidad internacional estará de acuerdo, aunque los actores nacionales, en general, no lo estén. Si sólo se adhieren unos pocos actores internacionales, los militares habrán conseguido fragmentar la condena internacional casi uniforme del golpe y empezar a asegurarse el reconocimiento externo que necesitan. Por lo tanto, los actores democráticos internacionales tendrán que ser claros y unificados en cuanto a los criterios que definen el progreso democrático. También deben estar dispuestos a colaborar con Egipto y los actores del Golfo que tienen intereses propios en mantener un gobierno militar en Sudán.
Como mínimo, la comunidad democrática internacional deberá considerar si la reanudación de la ayuda económica y al desarrollo mientras los militares mantengan el control envía una señal equivocada y desincentiva la transición. Además, si no se mantiene firme frente al golpe de Sudán, se acelerará aún más el patrón de golpes de Estado que África ha experimentado en los últimos años.
Por qué es importante
La historia del gobierno militar de Sudán ha sido pésima. Durante décadas, Sudán ha obtenido resultados insuficientes en materia de reducción de la pobreza, desarrollo y creación de empleo. No por casualidad, la corrupción, la disparidad, la represión, el conflicto y el genocidio han sido las señas de identidad del modelo de gobierno militar sudanés. La mala gestión crónica de la economía ha conducido a la crisis económica a la que se enfrenta actualmente el país. La comprensión de que las oportunidades económicas y la mejora de las condiciones de vida están directamente vinculadas a una auténtica transición democrática es lo que está impulsando la demanda popular de cambio, en 2019 y 2021.
Las transiciones democráticas rara vez son lineales. Más bien, suelen estar marcadas por altibajos, ya que los intereses atrincherados se resisten a las demandas de cambio. Este es el lugar en el que se encuentra ahora Sudán. La forma en que el conjunto de actores relevantes -ciudadanos, líderes civiles y actores internacionales- reaccione ante el último movimiento de los militares, determinará si este giro en la saga de Sudán es un revés o un impulso para seguir avanzando.