Tiseke Kasambala
Directora de Programas para África en Freedom House
En África se está produciendo una oleada de golpes de Estado militares. El 30 de agosto de 2023, la nación centroafricana de Gabón se convirtió en el sexto país africano en sufrir un golpe militar en los últimos tres años, tras los golpes de Níger (julio de 2023), Burkina Faso (enero y septiembre de 2022), Sudán (octubre de 2021), Chad (abril de 2021), Guinea (septiembre de 2021) y Malí (agosto de 2020 y mayo de 2021).
Aunque los golpes militares en África no son nada nuevo, los de los últimos tres años han adquirido una nueva dinámica. La mayoría de ellos han recibido el respaldo y la legitimidad de facto de los ciudadanos. Aunque cada golpe es único, sus causas pueden vincularse en líneas generales a déficits democráticos y a la incapacidad de los gobiernos elegidos para ofrecer libertad, seguridad y desarrollo. La mayoría de estos golpes se han producido en el contexto de estrategias militares fallidas para hacer frente a la insurgencia, y del sentimiento antifrancés en antiguas colonias como Malí, Burkina Faso, Níger y Gabón, resultado de décadas de impopular política exterior francesa que incluía el apoyo a dictaduras e intervenciones económicas percibidas como protección de los intereses franceses a expensas de las poblaciones locales. Más recientemente, la reacción se ha derivado de las fallidas intervenciones militares de Francia en el Sahel. Los golpistas han justificado sus acciones citando otros fallos de los líderes democráticos. En Sudán, los golpistas alegaron que las luchas intestinas entre los civiles del gobierno de transición ponían en peligro la estabilidad del país. En Gabón, los líderes militares adujeron como motivo del golpe la falta de credibilidad en relación con las elecciones de agosto de 2023. En Níger, los golpistas culparon al aumento de la inseguridad y al estancamiento de la economía, a pesar de que los análisis previos al golpe sugerían que la estrategia contra la insurgencia era la más eficaz de la región.
Las juntas de Malí, Burkina Faso y Chad -que figuran entre los países más afectados por el terrorismo en el Índice Global de Terrorismo del Institute for Economics & Peace- afirman que restaurar la seguridad o mantener la estabilidad es la principal motivación de los golpes. Cada uno de ellos argumenta que el deterioro de la seguridad en sus países justifica la adopción de medidas excepcionales, muchas de las cuales entran en conflicto con sus obligaciones en materia de derechos humanos. En Burkina Faso, la junta emitió un decreto el 13 de abril de 2023 que les otorgaba el derecho a restringir determinadas libertades civiles. Tales restricciones están sujetas a condiciones estrictas, incluida la clara identificación de las obligaciones específicas de derechos humanos afectadas y las salvaguardias asociadas a la restricción de derechos. Éstas incluyen, entre otras, la legalidad con arreglo a la legislación nacional; que tales medidas sean excepcionales, temporales, no discriminatorias y proporcionales.
En Gabón, donde el ex presidente Ali Bongo obtuvo un tercer mandato de siete años en unas disputadas elecciones, los líderes militares adujeron la falta de credibilidad en los recientes comicios como motivo del golpe. En Níger, los golpistas culparon al aumento de la inseguridad y al estancamiento de la economía. Sin embargo, a pesar de su popularidad y de las justificaciones aducidas, los golpes no han logrado la estabilidad y han agravado la situación económica y de los derechos humanos.
Detenciones y encarcelamientos arbitrarios
En Malí, Burkina Faso, Guinea, Níger y Gabón, altos cargos civiles han sido sometidos a arresto domiciliario o detenidos durante periodos indeterminados, en muchos casos indefinidamente y sin que se presentaran cargos contra ellos. El ex presidente de Burkina Faso, Roch Kaboré, fue puesto en libertad el 6 de abril de 2022, tras permanecer más de dos meses bajo arresto domiciliario después del golpe de Estado contra él. El depuesto presidente de Níger fue puesto bajo arresto domiciliario el 26 de julio, y también fueron detenidos antiguos miembros de su gabinete. Las normas jurídicas internacionales exigen que las detenciones se ajusten a procedimientos legales supervisados por un juez para garantizar su imparcialidad, adecuación y previsibilidad. Las normas internacionales también instan a que las personas detenidas tengan acceso a un abogado y a sus familiares, y a que comparezcan ante un juez lo antes posible.
Uso excesivo de la fuerza y restricciones a las manifestaciones pacíficas
Con excepción de las concentraciones a favor de la Junta en Bamako, Niamey y Uagadugú, los golpistas han prohibido las manifestaciones de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, como en Chad, donde dispersaron violentamente a manifestantes pacíficos violando el derecho de los ciudadanos a reunirse pacíficamente. En Sudán, en varias ocasiones en 2022 y 2023, los militares hicieron un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes que causó decenas de muertos. En Guinea, las fuerzas de seguridad impidieron manifestaciones y agredieron en varias ocasiones a personas que protestaban contra el golpe de Estado. Según el derecho regional e internacional, sólo se permiten limitaciones al derecho a la libertad de reunión si existe una amenaza real que las autoridades deben explicar claramente.
Ataques a la libertad de prensa
Crece la preocupación por el acoso, la intimidación y los ataques de los militares contra periodistas considerados críticos con los dirigentes de la junta. El 3 de agosto, los golpistas nigerinos suspendieron las operaciones de France 24 y Radio France Internationale (RFI) en el país. En múltiples ocasiones, medios de comunicación locales e internacionales han sido suspendidos, acusados por la junta de difundir información engañosa y falsa sobre violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. En Burkina Faso, dos reporteros franceses fueron expulsados poco después del golpe de Estado. En el vecino Malí, desde el golpe de 2021, las autoridades han acusado a los agentes de derechos humanos de instrumentalización y politización tras los repetidos informes que atribuían los homicidios de civiles a las fuerzas armadas malienses.
Impunidad y aumento de las violaciones de derechos humanos
Los golpistas tampoco han abordado las denuncias de graves violaciones de derechos humanos. En Chad, tras la represión de las protestas del 20 de octubre de 2022, las autoridades no llevaron a cabo investigaciones creíbles sobre los informes de homicidios, muertes durante la detención y tortura. En Malí, se acusó a las fuerzas armadas y al grupo ruso Wagner de matar a civiles en Moura. A pesar del deterioro de la situación de seguridad que supuestamente motivó los golpes de Estado, en Burkina Faso han aumentado las denuncias de víctimas civiles durante operaciones antiterroristas. En Sudán, los golpistas han hecho todo lo posible por protegerse y evitar rendir cuentas por los crímenes cometidos durante el golpe de 2021, incluidos asesinatos, detenciones arbitrarias y encarcelamientos de manifestantes pacíficos por parte de las Fuerzas Armadas sudanesas.
Inseguridad creciente
Las estrategias militares a ultranza no han conseguido frenar la insurgencia ni acabar con la inseguridad. Según expertos de Naciones Unidas, a principios de septiembre de 2023, presuntos yihadistas asesinaron a decenas de personas. En Sudán, la violencia en la que participaron las fuerzas de seguridad, otros grupos armados y comunidades étnicas rivales persistió en muchas partes del país a lo largo de 2022. Esto culminó en un conflicto generalizado entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido en abril de 2023. El conflicto ha causado la muerte de miles de civiles, el desplazamiento de millones de personas y una crisis humanitaria. En Burkina Faso, a pesar de una fuerte campaña militar aérea y del reclutamiento masivo para las fuerzas civiles de defensa, decenas de soldados y civiles han sido asesinados por grupos armados violentos desconocidos en Burkina Faso, que también se enfrenta a la peor crisis humanitaria de su historia.
Falta de retorno al gobierno civil
A pesar de las promesas de celebrar elecciones, los golpistas han impedido la transición a un gobierno civil. En Malí, los golpistas pospusieron recientemente las elecciones presidenciales previstas para febrero de 2024. En Burkina Faso, los líderes parecen incumplir el compromiso de celebrar elecciones en julio de 2024 alegando motivos de seguridad. En 2022, los golpistas de Chad ampliaron el periodo de transición, mientras que los militares de Gabón aún no han fijado una fecha para las elecciones.
Más allá de los golpes
Los golpes de Estado nunca podrán resolver los numerosos problemas de África. Sin embargo, ponerles fin exigirá un esfuerzo internacional concertado que vaya más allá de la condena y la ampliación del apoyo militar a los países que luchan contra la insurgencia. Hay que abordar las causas profundas de la inestabilidad y el descontento. Entre ellas se encuentran el desgobierno, la corrupción y la incapacidad de los gobiernos electos del continente para ofrecer los dividendos de la democracia. La Unión Africana, los bloques regionales y la comunidad internacional en general deben poner fin a su silencio sobre las elecciones viciadas, la ampliación de los límites de los mandatos y los cambios en las constituciones que afianzan aún más a los líderes en el poder y desencantan a la población. Los socios deben ir más allá de la seguridad en sus esfuerzos antiterroristas y centrarse en estrategias de derechos humanos más largas. En ausencia de tales esfuerzos, y a pesar de los problemas de derechos subrayados, los golpes de Estado seguirán siendo una alternativa viable y popular para los ciudadanos, en su detrimento.