Las autoridades reprimen a la oposición y a los medios de comunicación y rechazan cualquier escrutinio de su gasto militar.
Ilaria Allegrozzi
Investigadora principal sobre el Sahel en Human Rights Watch
Las autoridades militares de Níger han reprimido a la oposición, los medios de comunicación y la disidencia pacífica desde que tomaron el poder mediante un golpe de Estado hace un año, han manifestado hoy Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Han detenido arbitrariamente al ex presidente Mohamed Bazoum, al menos a 30 funcionarios del gobierno derrocado y a personas cercanas al presidente depuesto, así como a varios periodistas. Han rechazado cualquier examen de sus gastos militares, a pesar de sus declaraciones a favor de la lucha contra la corrupción. Las autoridades nigerinas deben poner inmediatamente en libertad a todas las personas detenidas por motivos políticos; garantizar el respeto de las libertades fundamentales, en particular los derechos a la libertad de expresión, opinión y asociación; y comprometerse públicamente a la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los gastos militares.
«Un año después del golpe militar, en lugar de avanzar hacia el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho, las autoridades militares están intensificando la presión sobre la oposición, la sociedad civil y los medios de comunicación independientes», ha declarado Samira Daoud, directora regional del Programa Regional para África Occidental y Central de Amnistía Internacional. «Las autoridades militares nigerianas deben poner en libertad a Mohamed Bazoum y a todas las personas detenidas por motivos políticos y garantizar su derecho a un juicio con las debidas garantías.
El 26 de julio de 2023, el general Abdourahamane Tiani y otros oficiales del ejército nigeriano pertenecientes al Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) derrocaron a Mohamed Bazoum, que había sido elegido presidente en 2021, y lo detuvieron arbitrariamente a él, a su familia y a varios miembros de su gabinete. En respuesta al golpe, el 30 de julio de 2023, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) impuso sanciones, incluidas sanciones económicas, prohibición de viajar y congelación de activos, a los golpistas y al país en general. El 22 de agosto de 2023, la Unión Africana suspendió a Níger de toda participación en sus órganos, instituciones y actividades. El 28 de enero de 2024, Níger, Burkina Faso y Mali anunciaron su retirada de la CEDEAO, y el 24 de febrero la CEDEAO levantó las sanciones contra Níger.
Desde el golpe, Mohamed Bazoum y su esposa permanecen detenidos en el palacio presidencial de la capital, Niamey. Las tres organizaciones han expresado reiteradamente su preocupación por su bienestar. En agosto de 2023, las autoridades anunciaron su intención de procesar a Mohamed Bazoum por «alta traición» y atentado contra la seguridad interior y exterior, pero aún no ha comparecido ante un juez. En septiembre de 2023, Mohamed Bazoum interpuso una demanda ante el Tribunal de Justicia de la CEDEAO en Abuya, alegando violaciones de derechos humanos contra él y su familia durante su detención. En diciembre de 2023, el Tribunal de la CEDEAO dictaminó que Mohamed Bazoum había sido detenido arbitrariamente y pidió su liberación. En abril, las autoridades iniciaron procedimientos judiciales contra Mohamed Bazoum para levantar su inmunidad presidencial y que pudiera ser juzgado por presuntos delitos cometidos tras su elección como presidente en 2021. El 14 de junio de 2024, el Tribunal del Estado de Níger levantó la inmunidad tras un proceso que no cumplía las normas esenciales de garantías procesales ni las normas internacionales sobre juicios justos, incluido el derecho a la defensa.
Las autoridades militares también detuvieron arbitrariamente a al menos 30 funcionarios del gobierno derrocado, entre ellos ex ministros, miembros del gabinete presidencial y personas cercanas al ex presidente, sin concederles las debidas garantías procesales ni respetar su derecho a un juicio justo. Los abogados que representaban a los detenidos afirmaron que sus clientes habían sido recluidos en régimen de incomunicación por los servicios de inteligencia, antes de ser trasladados a prisiones de alta seguridad bajo acusaciones infundadas. Al menos cuatro de ellos quedaron en libertad bajo fianza en abril, mientras que todos los demás fueron acusados de «atentar contra la seguridad del Estado», entre otros delitos, por un tribunal militar a pesar de ser civiles.
Desde el golpe de Estado de 2023, la libertad de prensa se ha visto gravemente restringida en el país. Las autoridades han amenazado, acosado y detenido arbitrariamente a periodistas, muchos de los cuales afirman que se autocensuran por miedo a represalias.
El 30 de septiembre, unos hombres que se hacían pasar por miembros de las fuerzas de seguridad detuvieron a Samira Sabou, bloguera y periodista, en casa de su madre, en Niamey. Samira Sabou permaneció siete días en paradero desconocido. La policía judicial de Niamey negó inicialmente su detención, pero el 7 de octubre Samira Sabou fue trasladada a la unidad de investigación criminal de la policía de Niamey, donde recibió la visita de su abogado y su esposo. El 11 de octubre fue acusada de «producción y difusión de información susceptible de alterar el orden público» y puesta en libertad a la espera de juicio. Todavía no se ha fijado fecha para el juicio.
El 29 de enero, el ministro del Interior dictó un decreto por el que suspendía las actividades de la Maison de la Presse, medio de comunicación independiente, y anunciaba la creación de un nuevo comité de gestión de los medios de comunicación, encabezado por el secretario general del ministerio del Interior.
El 13 de abril, las fuerzas de seguridad detuvieron a Ousmane Toudou, periodista y antiguo consejero de comunicación del presidente depuesto. En los días posteriores al golpe de julio de 2023, Ousmane Toudou denunció la toma del poder por los militares en un mensaje ampliamente difundido en las redes sociales. En mayo de 2024, fue acusado de «conspirar contra la seguridad del Estado» y puesto en prisión preventiva.
El 24 de abril, las fuerzas de seguridad detuvieron a Soumana Maiga, director de publicación de L’Enquêteur, después de que el periódico difundiera un artículo publicado por un diario francés sobre la supuesta instalación de sistemas de escucha por agentes rusos en edificios oficiales del Estado. En mayo compareció ante el juez, fue detenido por cargos de defensa nacional y puesto en libertad el 9 de julio, a la espera de juicio.
Tchima Illa Issoufou, corresponsal en lengua hausa de la BBC Radio en Níger, ha declarado haber recibido amenazas de miembros de las fuerzas de seguridad, que la acusan de intentar «desestabilizar Níger» por su cobertura de la situación de seguridad en la región de Tillabéri, en el oeste del país, donde grupos islamistas armados llevan a cabo atentados contra civiles y fuerzas de seguridad. «Fui atacada por partidarios de la junta en las redes sociales», contó a Amnistía Internacional en mayo, tras huir de Níger a otro país. «Me acusaron de trabajar bajo influencia extranjera. El 26 de abril, las fuerzas de seguridad detuvieron a Ali Tera, activista de la sociedad civil a quien Tchima Illa Issoufou había entrevistado.
El 29 de mayo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos emitió una circular por la que suspendía todas las visitas de organizaciones de derechos humanos a prisiones nigerinas «hasta nuevo aviso», en violación de la legislación nacional e internacional sobre derechos humanos, incluida la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que Níger ratificó en 1988.
El 12 de junio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos emitió un comunicado de prensa en el que anunciaba la modificación de una ley de 2019 sobre ciberdelincuencia. Esta ley, que penalizaba «la difusión, producción y puesta a disposición de terceros de datos que puedan perturbar el orden público u ofender la dignidad humana por medio de un sistema de información», se utilizó para reprimir los derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión en línea en 2020. En 2022, el gobierno de Mohamed Bazoum, tras una sostenida campaña de la sociedad civil, enmendó la ley, sustituyendo las penas de prisión por multas por delitos de difamación. Sin embargo, las enmiendas del 12 de junio restablecen las penas de cárcel.
«La larga lista de agresiones a periodistas en el último año demuestra la determinación de las autoridades para restringir la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información», ha explicado Drissa Traoré, Secretario General de la FIDH. «La modificación de la ley sobre ciberdelincuencia en 2019 es un peligroso paso atrás y podría utilizarse para silenciar cualquier voz considerada disidente y, sin duda, para atacar aún más a los defensores de los derechos humanos, los activistas y los periodistas. Las autoridades de Níger deben revocar esta decisión y garantizar la libertad de expresión».
La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos ratificados por Níger en 1986, garantizan el derecho a la libertad de opinión y de expresión.
El 23 de febrero, Abdourahamane Tiani, que prometió luchar contra la corrupción tras tomar el poder, firmó una ordenanza que suprime todo control de los gastos militares. La orden estipula que «los gastos destinados a la adquisición de equipos o material o cualquier otro suministro, la realización de obras o la prestación de servicios destinados a las fuerzas de defensa y de seguridad […] quedan excluidos del ámbito de aplicación de la legislación sobre contratos públicos y contabilidad pública» y también están exentos de impuestos. La transparencia en materia de presupuestos y gastos militares es crucial en la lucha contra la corrupción y la mala gestión. También contribuye al respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho, a la correcta gestión del gasto militar y a la rendición de cuentas del gobierno, afirmaron las organizaciones.
«El escrutinio público de las actividades económicas del ejército es esencial no sólo para restaurar el régimen democrático civil y exigir responsabilidades a las autoridades militares por los abusos cometidos, sino también para evitar la pérdida de recursos públicos por la corrupción y la mala gestión», concluyó Ilaria Allegrozzi, investigadora principal sobre el Sahel de Human Rights Watch. «Las autoridades nigerianas deberían comprometerse con la transparencia y la rendición de cuentas mediante la divulgación inmediata de información financiera verificable sobre el gasto militar.