Por
Emmanuel Freudenthal, Periodista independiente residente en Addis Abeba
Patricia Huon, Periodista belga de radio y prensa escrita residente en Johannesburgo
Héni Nsaibia, Investigador senior en ACLED y fundador de Menastream, una consultoría de riesgos
Youri van der Weide, Investigador de código abierto y formador de Bellingcat
Mamoudou Bolly, Estudiante universitario y traductor residente en Bamako
Para The New Humanitarian
Esta investigación ha contado con una subvención del fondo Periodismo de Investigación para Europa (IJ4EU).
Investigación adicional de Walid Ag Minami, Martin Miski, Logan Williams, Giacomo Zandonini, y colaboración con Bellingcat.
Editado por Obi Anyadike.
Traducción: Instituto IDHUS
Era una tarde de enero cuando Madabbel Diallo oyó sobrevolar aviones de combate. No les prestó atención: Los aviones franceses persiguen regularmente a los yihadistas en esta parte del centro de Malí. Estaba asistiendo a una boda, sentado con el padre del novio a las afueras de su pueblo de Bounti, dijo Diallo, tomando té con amigos y parientes, esperando con impaciencia el banquete que se estaba preparando.
Entonces se produjo la primera explosión devastadora, seguida rápidamente por otra, y luego una tercera. La metralla atravesó la pierna de Diallo, dejándole sangrando abundantemente, incapaz de mantenerse en pie. Los cadáveres y los cuerpos destrozados -invitados a lo que momentos antes era una celebración- se esparcieron por el suelo.
El primo de Diallo, Mamoudou Diallo, también fue alcanzado por la bomba. Cuando recobró el sentido, casi todos a su alrededor estaban muertos. Por la noche, contó Mamoudou, los supervivientes «recogieron cabezas, brazos y pies y los metieron en un gran agujero para enterrarlos».
Las fuerzas francesas se encuentran en Malí en el marco de la operación Barkhane, una misión militar de 5.100 efectivos para erradicar la violencia yihadista en el Sahel. El conflicto en las regiones del norte y centro de Malí ha obligado a 370.000 personas a abandonar sus hogares y ha agravado los problemas existentes de inseguridad alimentaria, pobreza rural y tensiones mortales entre comunidades.
El ejército francés sostiene que «unas 30» personas murieron en el ataque de Bounti -no ha facilitado una cifra más exacta-, mientras que la misión de mantenimiento de la paz de la ONU, conocida como MINUSMA, ha fijado en 22 el número de víctimas mortales. Francia insiste en que todos los muertos eran yihadistas armados y niega que aquel día se celebrara ninguna boda en Bounti.
Ocho supervivientes entrevistados por periodistas durante una investigación conjunta de The New Humanitarian y Der Spiegel rebaten la versión de los militares sobre el incidente de Bounti.
«No había yihadistas», dijo Madabbel Diallo en enero por teléfono desde su cama de hospital en Douentza, a 50 kilómetros de Bounti. «No había armas… ni siquiera un cuchillo».
Una investigación de la MINUSMA llegó a una conclusión similar en un informe publicado en marzo: «El grupo afectado por el ataque estaba compuesto en su inmensa mayoría por civiles que son personas protegidas contra los ataques en virtud del derecho internacional», afirmaba.
El ejército francés ha admitido haber matado accidentalmente a un total de siete civiles en Mali desde 2013, el inicio de su primer despliegue en el país. Sin embargo, basándose en un examen de las denuncias cotejadas por la organización sin ánimo de lucro Armed Conflict Location & Data Project (ACLED), The New Humanitarian calcula que es probable que las fuerzas francesas hayan matado a más de 50 civiles desde entonces hasta ahora.
The New Humanitarian y Der Spiegel examinaron nueve casos en profundidad, en gran parte mediante reportajes sobre el terreno que incluían entrevistas personales con supervivientes y testigos, y otras entrevistas telefónicas.
Ni la oficina de prensa del ejército francés en París ni el mando de Barkhane en Bamako (Malí) respondieron a las preguntas concretas que THN y Der Spiegel les formularon en repetidas ocasiones sobre las muertes de civiles en las que estaban implicadas fuerzas francesas.
THN confirmó de forma independiente 25 muertes de civiles, además de las siete reconocidas oficialmente, un número más de cuatro veces superior al recuento oficial francés.
Uno de los casos se refería a la muerte, de la que no se había informado anteriormente, de un civil a manos de las fuerzas francesas cerca de la aldea de Tagarangabout, en el centro de Malí, el 17 de mayo de 2020. El hombre fue abatido a tiros cuando se acercaba a los soldados barkhane en una motocicleta en la que viajaban otros dos pasajeros. Fue enterrado en el lugar, un incidente que se había mantenido en secreto.
Leyes de guerra
El ataque a Bounti por aviones de combate Mirage franceses el 3 de enero ha suscitado dudas sobre si la operación Barkhane hace todo lo posible por evitar víctimas civiles -especialmente en sus operaciones aéreas- y si sigue el derecho internacional humanitario para que sus fuerzas rindan cuentas cuando las cosas van mal.
Bréma Ely Dicko, académico y asesor del ex primer ministro maliense Moctar Ouane, declaró a The New Humanitarian en una entrevista telefónica desde Bamako el mes pasado que la falta de rendición de cuentas por parte de Francia sobre las muertes de civiles alimenta la ira local. Añadió que esto tiene el potencial de aumentar el apoyo a los movimientos yihadistas que luchan contra el gobierno maliense y las fuerzas francesas.
«Si al menos hubiera habido disculpas, quizá la gente podría haber llorado y seguir adelante», dijo Dicko a The New Humanitarian. «Pero esta negación es motivo de frustración. Los que han perdido hermanos, primos… algunos lo dejarán en manos de Dios, mientras que otros querrán vengarse».
Es probable que la guerra del cielo de Francia se intensifique. El 10 de junio, el presidente Emmanuel Macron anunció una reducción de las fuerzas francesas, pero en lugar de retirarse por completo, el esfuerzo antiyihadista se basará más en el poder aéreo, las fuerzas especiales y la colaboración con los ejércitos europeos y locales, dijo Macron.
Según el derecho internacional humanitario, las fuerzas armadas tienen la obligación de garantizar que «no atacan deliberadamente a civiles y que no causan bajas civiles desproporcionadas», declaró a The New Humanitarian Dapo Akande, abogado y profesor de derecho internacional en la Universidad de Oxford.
Si surgen dudas sobre la posible violación del derecho internacional humanitario -también conocido como leyes de la guerra-, los militares tienen la obligación de investigar, una norma aceptada y aplicable en cualquier tipo de conflicto armado.
«La postura de Francia es que tiene pruebas de que sus ataques están bien dirigidos, pero no las presenta», afirmó Ornella Moderan, responsable del programa sobre el Sahel del Instituto de Estudios de Seguridad, con sede en Pretoria (Sudáfrica). «Esencialmente dicen: ‘Hágannos caso y todo irá bien’. Por supuesto, esto no es muy convincente».
Bounti es el caso reciente más conocido de víctimas civiles a manos de las fuerzas francesas. Varios otros han pasado relativamente desapercibidos, han quedado enterrados en las noticias o no se ha informado de ellos en absoluto.
En el caso más reciente, el 25 de marzo, cinco jóvenes murieron en un único ataque aéreo a unos 25 kilómetros de la aldea de Talataye, en el este de Malí. Según la información extraoficial facilitada a The New Humanitarian por un investigador de la MINUSMA, todos los muertos eran civiles de entre 16 y 20 años.
«Uno de ellos era mi hijo», dijo Sabidine Ag’Cheikhanoun, hablando por teléfono con The New Humanitarian, con la voz entrecortada por la emoción. Formaba parte de un grupo de amigos que habían ido a cazar al monte con sus rifles. «Los niños asesinados no son yihadistas», insiste. «Exijo justicia para nuestros hijos».
El ejército francés confirmó que llevó a cabo un ataque aéreo en Talataye, pero dijo que todos los muertos eran yihadistas. No dio más explicaciones ni detalles -ni siquiera una cifra de muertos-, limitándose a decir que tres motocicletas habían sido destruidas.
En otro incidente, en febrero de 2020, un portavoz de las fuerzas francesas anunció que habían llevado a cabo dos ataques aéreos contra «terroristas» cerca de un campamento nómada en Tine Alidda, en el centro de Malí. Según cuatro testigos entrevistados por The New Humanitarian, el primer ataque mató a un número indeterminado de personas, pero no está claro si pertenecían a un grupo armado ni por qué fueron atacados.
A la mañana siguiente, los que habían sobrevivido fueron cargados en una camioneta para llevarlos al hospital. El vehículo fue blanco de un segundo ataque que, según los testigos, mató a decenas de civiles que se habían reunido cerca para llevar su ganado al mercado.
«Cuando se produjo el ataque, yo estaba trabajando en el campo. Estaba muy cerca. Me tiré al suelo», dijo Ibochka ag Mossa, un agricultor de unos sesenta años. «Conozco a 15 personas que murieron ese día… Eran mis vecinos. Todos eran pastores».
Reconocer a un yihadista
Desde que el ejército francés llegó a Malí para luchar contra los yihadistas hace más de ocho años, la zona bajo control del gobierno maliense se ha ido reduciendo constantemente, y los grupos armados se han alimentado de los agravios locales, especialmente por las violaciones de los derechos humanos del ejército maliense, pero también, cada vez más, por la presencia francesa, con una serie de manifestaciones antifrancesas en Bamako.
En la actualidad, los yihadistas operan en más territorio que el gobierno. Al menos 50 soldados franceses han muerto en el conflicto, y más de 800 soldados malienses, según datos de ACLED.
Los soldados franceses están entrenados para respetar las «reglas de enfrentamiento». Dicen estar orgullosos de ello, aunque a veces un poco frustrados. «Somos un ejército que respeta la ley», dijo un capitán que quiso permanecer en el anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios de comunicación. «No puedo contar cuántas misiones hemos cancelado, o lanzado demasiado tarde, a causa de las leyes», añadió. «Todo tiene que ser validado a través de una cadena de mando».
A menudo, las tropas francesas se encuentran en Malí por primera vez y suelen cumplir misiones de tres o cuatro meses. A menudo es difícil distinguir entre civiles y combatientes enemigos, dijeron varios de los que hablaron con The New Humanitarian. Un soldado explicó que entre los signos reveladores en los que se basa para identificar a los yihadistas están los pantalones cortos que suelen llevar, un signo de piedad. «Y las armas, por supuesto», dijo otro.
Cuatro de los siete civiles que el ejército francés ha admitido haber matado fueron abatidos cuando no se detuvieron en los puestos de control. El mando de Barkhane no ha procesado a ningún soldado por la muerte de civiles, y las autoridades malienses no pueden procesarlos en virtud de un acuerdo entre ambos países.
En el tiroteo cerca de la aldea de Tagarangabout en mayo del año pasado, del que no se había informado hasta ahora, los militares franceses admitieron haber matado accidentalmente al civil en una carta de agosto de 2020 enviada a la MINUSMA y filtrada a The New Humanitarian.
Según el relato oficial francés del incidente, un soldado abrió fuego contra una motocicleta que se dirigía hacia una unidad barkhane y no se detuvo a pesar de las advertencias de los soldados. En la moto viajaban dos hombres y un niño. El conductor fue muerto a tiros y enterrado en el acto, mientras que el otro hombre se dio a la fuga. El niño, hijo del fallecido, fue entregado a los servicios sociales del gobierno. Posteriormente, los militares franceses pagaron una indemnización al padre de la víctima, siempre según la carta filtrada.
Un soldado francés del 2º Regimiento de Ingenieros Extranjeros registra a un hombre durante una operación de control de área en la región de Gourma durante la Operación Barkhane en Ndaki, Malí, 27 de julio de 2019.
Barkhane investigó y determinó que sus soldados no eran culpables de ningún delito. La carta indica que los militares franceses también informaron al Comité Internacional de la Cruz Roja, pero el asesinato nunca se hizo público, un ejemplo de la falta de transparencia que, según algunos, socava la rendición de cuentas de las fuerzas francesas.
Estas acusaciones de violencia contra civiles por parte del ejército francés no son nuevas, afirma Raphaël Granvaud, investigador de la organización francesa sin ánimo de lucro Survie, que supervisa las relaciones de Francia con sus antiguas colonias, y que escribió un libro sobre la presencia del ejército francés en África.
«Su reacción es casi siempre la misma», explica a The New Humanitarian. «En primer lugar, no dicen nada, esperando que las acusaciones sigan siendo inaudibles, marginales. Si adquieren más peso, entonces prometen una investigación militar interna… Luego, unos meses más tarde, cuando la polémica está un poco olvidada, nos enteramos por casualidad de que la investigación interna no encontró nada y los militares franceses están limpios de toda sospecha».
En Francia falta un debate abierto sobre cuestiones militares. «Francia tiene una cultura de opacidad en todos los temas relacionados con su seguridad», afirmó Aymeric Elluin, responsable de la defensa de las transferencias de armas en Amnistía Internacional Francia. «El debate sobre las operaciones militares es casi inexistente».
Descifrar lo ocurrido en Bounti
La investigación de la MINUSMA sobre lo ocurrido en Bounti es la más exhaustiva hasta la fecha sobre la conducta de la acción militar francesa en Malí, y es condenatoria de sus fallos, especialmente de la toma de decisiones que condujo al ataque.
Francia insiste en que su ataque cerca de la aldea siguió un sólido proceso de selección de objetivos en consonancia con las «leyes de los conflictos armados».
Según el ejército francés, uno de sus aviones no tripulados estadounidenses Reaper había estado vigilando la zona de Bounti durante una hora y media antes del ataque, siguiendo la pista de una motocicleta en la que viajaban dos hombres que, según el ejército, eran yihadistas.
Los grupos yihadistas son muy activos en la región central de Malí: Dos soldados franceses murieron en diciembre de 2020 en un atentado con artefactos explosivos improvisados reivindicado por insurgentes vinculados a Al Qaeda a sólo 100 kilómetros de Bounti.
El motorista se unió entonces a otro grupo de hombres cerca de Bounti, que fueron todos «formalmente identificados como terroristas» por el ejército. Se recurrió a dos cazas Mirage 2000 y se lanzaron tres bombas sobre el grupo.
Florence Parly, ministra de las Fuerzas Armadas, defendió esa decisión. Y ha insistido repetidamente en que Bounti era un objetivo legítimo y que no se estaba celebrando ninguna boda. «No había mujeres ni niños, sólo hombres», declaró en una entrevista concedida en enero a France Inter. En general, el gobierno francés ha recibido pocas impugnaciones a esta postura en el parlamento, a pesar de que los militares no han proporcionado información adicional que confirme la afirmación de Parly.
El equipo de la MINUSMA realizó al menos 200 entrevistas, analizó imágenes por satélite y visitó el lugar del ataque. Llegaron a la conclusión de que 19 civiles habían muerto en el ataque contra lo que era claramente una boda, junto con tres individuos que presuntamente pertenecían a Katiba Serma, un grupo armado afiliado a Al Qaeda.
En total, según la MINUSMA, podría haber habido cinco yihadistas potenciales en el evento -al que asistieron unas 100 personas-, dos de los cuales se habían marchado en el momento del lanzamiento de las bombas: Un escenario que haría difícil justificar el ataque bajo el principio de proporcionalidad del derecho internacional.
Además, según el informe, la presencia de yihadistas no era razón suficiente para atacar la reunión. «La lealtad o el apoyo esporádico de un individuo [a grupos armados] no es suficiente para considerarlo miembro de un grupo armado organizado, según el derecho internacional humanitario, ni para establecer que participa directamente en el conflicto», decía.
El informe también planteaba dudas sobre la calidad de la toma de decisiones francesa que condujo al ataque. «Parece difícil creer que en esas circunstancias (una hora y media de observación con drones) [el ejército francés] pudiera determinar que todos los participantes en la reunión eran miembros de un grupo armado organizado», señalaba.
Alimentar el agravio
Los relatos de Madabbel Diallo, Mamoudou y otros seis testigos entrevistados por The New Humanitarian coinciden con las conclusiones de la investigación de la ONU. También proporcionan un contexto más amplio de lo que ocurrió aquel día, y un posible indicio de lo que salió mal.
Según Madabbel Diallo, la boda de un joven novio de Bounti con una novia de un pueblo cercano fue un acontecimiento segregado por sexos, ya que «los hombres del monte», los yihadistas, prohíben la mezcla de hombres y mujeres.
Los hombres se habían reunido a la sombra de los árboles, a un kilómetro de distancia de las mujeres que se habían quedado en la aldea preparando la comida, lo que podría explicar por qué el acontecimiento no parecía una boda para los militares franceses que observaban desde el dron.
Cuando Diallo llegó, se sentó con otros ancianos no lejos de un par de motocicletas. Fue categórico al afirmar que nadie iba armado: «A los ancianos no les gusta ver a los jóvenes con armas», dijo a The New Humanitarian.
La MINUSMA ha instado tanto al gobierno maliense como al francés a poner en marcha una investigación independiente. Pero ninguno de los testigos de Bounti entrevistados por The New Humanitarian dijo haber sido contactado por Barkhane.
En cambio, Francia ha cuestionado la credibilidad del informe de la ONU, poniendo en duda las «lealtades desconocidas» de los testimonios anónimos que publicó. Incluso ha afirmado que la MINUSMA formaba parte de una «guerra de información» contra Francia.
«Debemos estar constantemente atentos a estas manipulaciones», declaró el general François Lecointre, entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa del ejército francés, en una entrevista al diario francés Figaro. «Muy claramente [el informe de la ONU] era un ataque contra el ejército francés, contra la operación Barkhane, contra la legitimidad de nuestros compromisos».
El conflicto es mucho más que una «guerra de información» para Aliou Barry, un agricultor de 43 años que huyó de Bounti tras el ataque aéreo. Llevó a su familia a Sevaré, a 180 kilómetros de distancia, para unirse a otras miles de personas desarraigadas por la violencia en el centro de Malí y que buscan refugio.
Barry no encuentra trabajo, pero tiene demasiado miedo para volver a casa. Sus tres hijos siguen afectados por lo que presenciaron, llorando en sueños por los amigos que ya no están con ellos. «Si esto ocurriera donde vives, tampoco dejarías de pensar en ello», dijo a The New Humanitarian.