Analizamos la reciente elección presidencial en Corea del Sur como punto de inflexión en un ciclo de crisis institucional que ha sacudido al país desde fines de 2024
Ahn Young-joon/ 2025 The Associated Press.
La reciente elección de Lee Jae-myung como presidente de Corea del Sur representa, en apariencia, el cierre de un turbulento capítulo de inestabilidad institucional que comenzó con la proclamación de la ley marcial por parte del expresidente Yoon Suk-yeol el 3 de diciembre de 2024. Esta medida, de carácter excepcional y profundamente controversial, precipitó una cadena de eventos que culminaron en su destitución, la disolución de la cohesión interna del partido conservador y una reconfiguración sustantiva del panorama político nacional. Sin embargo, más allá de lo inmediato, los acontecimientos recientes deben analizarse en el marco de una transición estructural más amplia que atraviesa no solo el sistema político surcoreano, sino también su inserción geoestratégica en Asia Oriental y su papel en el orden global.
La destitución de Yoon Suk-yeol, formalizada tras un proceso de impeachment ratificado por el Tribunal Constitucional, puede entenderse como una expresión límite del conflicto entre presidencialismo fuerte y equilibrio democrático en contextos de crisis. El hecho de que parte de su propio partido haya facilitado la caída del mandatario evidencia una erosión significativa del liderazgo interno y una progresiva autonomización del Parlamento frente al poder ejecutivo. Esto abre interrogantes sobre la futura relación entre las instituciones centrales del Estado surcoreano, en especial en cuanto a los mecanismos de control, fiscalización y legitimidad de las decisiones presidenciales en contextos extraordinarios. A futuro, podría esperarse un fortalecimiento del rol parlamentario y judicial, como contrapesos activos, a costa de una menor capacidad de maniobra del Ejecutivo, incluso en momentos de tensión geopolítica o crisis interna.
La figura de Lee Jae-myung, si bien consolidada electoralmente con cerca del 49% del sufragio, se proyecta como la de un presidente pragmático, que ha construido su legitimidad sobre una plataforma centrista y de corte tecnocrático más que sobre una propuesta ideológica tajante. Su campaña ha combinado elementos del progresismo económico —como la promesa de fortalecer la financiación de las universidades regionales y la expansión del Ministerio de Igualdad de Género— con una retórica moderada, incluso conservadora, orientada a atraer votantes del centro y de sectores desilusionados con el Partido del Poder Popular (PPP). Esta estrategia de amplitud, sin embargo, conlleva riesgos a mediano plazo: la pérdida de apoyo entre las bases progresistas tradicionales y la fragilidad de una coalición electoral heterogénea que podría fracturarse ante decisiones políticas divisivas.
El tablero político surcoreano ha demostrado una polarización creciente, con un electorado dividido casi en partes iguales entre las dos principales fuerzas. La emergencia de actores como Lee Jun-seok, representante de una derecha altamente ideologizada y antisistema, refleja una dinámica de radicalización que se aleja del clivaje tradicional entre progresismo y conservadurismo, y empieza a estructurarse en torno a nuevas dimensiones como el antifeminismo, el nacionalismo exacerbado y la crítica a las élites. Esta evolución no solo cuestiona la estabilidad interna de los partidos, sino que anuncia la posible aparición de movimientos populistas con capacidad de captar una parte significativa del electorado, especialmente entre los jóvenes hombres urbanos, desencantados con el establishment político.
En cuanto a la política exterior, el nuevo gobierno deberá navegar un escenario particularmente complejo, marcado por la intensificación de las tensiones entre Estados Unidos y China, el estancamiento en las relaciones con Corea del Norte y la presencia creciente de actores como Rusia en el este asiático. Lee Jae-myung, que se ha mostrado más cauteloso que su predecesor respecto al alineamiento automático con Washington, parece inclinado a una política exterior de equilibrio, buscando mejorar la comunicación con Pekín y mantener canales abiertos con Pyongyang, sin abandonar la alianza estratégica con Estados Unidos. Esta postura implica riesgos considerables, dado que puede ser interpretada como ambigüedad o falta de compromiso por parte de los aliados occidentales, especialmente si la administración Trump sigue con un enfoque transaccional y poco predecible en materia internacional.
Asimismo, las relaciones con Japón enfrentan un momento crítico. El Partido Democrático de Corea, históricamente reticente a cualquier acercamiento sin una revisión crítica del pasado colonial japonés, deberá gestionar una relación bilateral plagada de tensiones históricas, disputas territoriales y diferencias de enfoque sobre seguridad regional. La percepción en Tokio de que Lee Jae-myung es un interlocutor hostil puede dificultar avances en cooperación económica y militar, en un momento en que los equilibrios regionales demandan mayor coordinación entre democracias asiáticas.
En el plano interno, la promesa de reformular las políticas de igualdad de género, fortalecer la educación pública y promover una transición ecológica más ambiciosa —incluyendo la eliminación gradual de la energía nuclear— apunta a un rediseño significativo del modelo de desarrollo surcoreano. El establecimiento de un Ministerio para la Emergencia Climática es una señal clara de la centralidad que ocupará el cambio climático en la agenda del nuevo gobierno. Sin embargo, estas reformas enfrentan resistencias estructurales: el poderoso lobby industrial y energético, la oposición parlamentaria fragmentada pero aún influyente, y una sociedad civil marcada por fuertes tensiones generacionales y de género. La implementación efectiva de estas transformaciones dependerá, en gran medida, de la capacidad del Ejecutivo para articular consensos duraderos y construir nuevas formas de legitimidad más allá del corto plazo electoral.
Finalmente, el futuro inmediato del país estará determinado también por los resultados de las elecciones municipales de 2026, que actuarán como termómetro del respaldo social al proyecto de Lee Jae-myung. Un éxito en estos comicios consolidaría su liderazgo y permitiría avanzar con mayor solvencia en reformas estructurales. Un revés, por el contrario, podría reabrir el escenario de inestabilidad y bloqueo institucional que caracterizó el periodo 2024-2025. En cualquier caso, Corea del Sur se encuentra ante una encrucijada crítica: puede emerger como un modelo de democracia resiliente y reformista en Asia o hundirse en una dinámica de polarización crónica y crisis cíclicas de gobernabilidad, todo dependiendo de cómo se gestionen en el país internamente las luchas de poder y las presiones que los diferentes socios y aliados, o posibles fuerzas desestabilizadoras, terminen ejerciendo sobre el gobierno.