El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúne por videoconferencia este viernes, 5 de junio de 2020, para examinar la evolución sobre el terreno de la fuerza conjunta G5 Sahel y, sobre todo, los graves abusos cometidos contra la población civil por las Fuerzas de Defensa y Seguridad de los ejércitos nacionales de Burkina Faso, Malí y Níger.
Esta importante reunión del Consejo de Seguridad estará presidida por Francia, que ostenta la presidencia rotatoria durante el mes de junio, seguida de Alemania en julio. La implicación de Francia en los conflictos del Sahel y su presencia militar con los 5.100 efectivos de la fuerza Barkhane deberían permitirle ejercer una presidencia activa del Consejo de Seguridad y, en particular, restablecer la legitimidad de su presencia en el Sahel.
Dadas las similitudes entre las políticas exteriores de Francia y Alemania, en particular en materia de lucha contra el terrorismo, seguridad internacional y conflictos en África, debería existir una cierta continuidad en los trabajos del Consejo de Seguridad durante este bimestre. A modo de ejemplo, Francia y Alemania han lanzado una iniciativa para reforzar las capacidades militares de los Estados del G5, denominada «Asociación para la Estabilidad y la Seguridad en el Sahel» (P3S).
Estados en descomposición
El 11 de febrero de 2020, el Consejo de Seguridad reiteró que la lucha contra el terrorismo y la resolución de los conflictos en África Occidental debían formar parte de un «enfoque global», pero que dependía de la «implicación nacional» de los Estados afectados. Ahora se acepta que los conflictos de Burkina Faso, Malí y Níger sólo pueden resolverse por medios políticos, con una mayor implicación de las autoridades nacionales.
Desde la reunión de Pau del 13 de enero de 2020 y la Cumbre del G5 Sahel de Nuakchot del 25 de febrero de 2020, las operaciones militares de la Fuerza Barkhane y de la Fuerza Conjunta del G5 han logrado un éxito innegable en su lucha contra los yihadistas y otros terroristas. La «Coalición para el Sahel», encargada de garantizar la coherencia entre las distintas vertientes de la acción internacional, y la «Alianza para el Sahel», encargada de coordinar a los socios para el desarrollo, se están constituyendo progresivamente.
Población civil atacada
Por otra parte, la situación se ha deteriorado en términos de inseguridad ciudadana, con la pandemia del Covid-19 y los enfrentamientos intercomunitarios. Lo más grave es el aumento de las atrocidades y violaciones de los derechos humanos perpetradas por miembros de los ejércitos nacionales de Burkina Faso, Malí y Níger.
Este nuevo estado de cosas en los conflictos sahelianos puede provocar una creciente hostilidad de las poblaciones hacia los Estados y, a la inversa, una cierta benevolencia hacia los yihadistas, que no dejarán de aprovechar estas nuevas fallas de los Estados corruptos que soportan la impunidad y dejan en barbecho sus servicios públicos. Los alegatos pro domo de sus dirigentes ya no engañan a nadie, tanto más cuanto que los escándalos financieros relacionados sobre todo con el apoyo internacional alimentan su rechazo por parte de la opinión pública.
Ejércitos a prueba
En una nota fechada el 30 de abril de 2020, la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización en Malí (MINUSMA), cuyo mandato se renueva a finales de junio de 2020, documentó 101 ejecuciones extrajudiciales cometidas en el centro de Malí, 32 casos de tortura, 32 casos de desaparición forzada y un centenar de detenciones arbitrarias. El ejército maliense es el blanco directo de estos abusos. La MINUSCA también ha documentado incursiones del ejército nigeriano en territorio maliense, con ejecuciones sumarias de civiles.
En Burkina Faso, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha documentado abusos de las Fuerzas de Defensa y Seguridad contra refugiados malienses, y Human Rights Watch informó de que el 9 de abril de 2020, en Djibo, 32 civiles fueron ejecutados, decenas de otros torturados y un centenar detenidos arbitrariamente.
En Níger, las Fuerzas Armadas Nacionales están implicadas en un número creciente de masacres, ya que estos soldados sufren ataques en sus guarniciones o sobre el terreno, con derrotas aplastantes. El principal caso documentado es el de la desaparición de 102 civiles en la región de Tilleberi, tras un ataque de los yihadistas.
Crímenes de guerra
El Consejo de Seguridad no puede permanecer insensible ante estas graves acusaciones, que son efectivamente crímenes de guerra y no ya acciones antiterroristas. Está en juego la responsabilidad de los Estados implicados. El ministro mauritano de Asuntos Exteriores, Ismael ould Cheikh Ahmed, en su calidad de representante de Mauritania, que ocupa actualmente la presidencia del G5 Sahel, tendrá la onerosa tarea de hacer balance de los «créditos nacionales» de Burkina Faso, Malí y Níger, máxime cuando Níger es miembro no permanente del Consejo de Seguridad.
El viernes 5 de junio de 2020, la oposición maliense tiene prevista una gran manifestación en Bamako para exigir la destitución del presidente Ibrahima Boubacar Keïta, vencedor de las elecciones legislativas del 19 de abril de 2020, mientras que Soumaïla Cissé, líder de la oposición, fue secuestrado el 25 de marzo y aún no ha reaparecido. En Malí, como en muchos otros países, las elecciones se han convertido en meros espejismos de democracia, que permiten a los dictadores mantenerse en el poder y constituyen un caldo de cultivo para la oposición armada y el yihadismo en los Estados del G5 del Sahel.