Por Patricia Huon
Periodista belga de radio y prensa escrita residente en Johannesburgo
THN
Dagnoudou Ouédraogo culpa a los grupos yihadistas de haber desarraigado a su familia el año pasado en el norte de Burkina Faso. Pero también culpa a sus vecinos, ganaderos de etnia fulani que, según él, trabajan codo con codo con los extremistas.
«Antes vivíamos juntos [con los pastores fulani], no había ningún problema», afirma Ouédraogo, agricultor de la etnia mossi, la mayor de Burkina Faso. «Pero ahora se han levantado contra nosotros».
Es una queja cada vez más común en Burkina Faso, donde la violencia extremista ha desplazado a casi 800.000 personas -todas menos 50.000 en los últimos 13 meses- y está abriendo una brecha entre comunidades antaño conocidas por su diversidad, tolerancia y cohesión social.
A medida que los ataques de grupos islamistas -algunos vinculados a Al Qaeda y al denominado Estado Islámico- han aumentado drásticamente, también lo han hecho las represalias contra algunas comunidades fulani marginadas, a las que se acusa de unirse a los militantes y darles cobijo.
Una serie de atentados contra iglesias en el norte y el este de Burkina Faso en los últimos meses -incluido uno el pasado domingo que causó 24 muertos y 18 heridos- ha hecho temer que los militantes también estén intentando crear una división religiosa en el país.
Las tensiones han sido alimentadas por las milicias comunitarias, algunas de las cuales han atacado a civiles fulani, y por las fuerzas de seguridad del gobierno, que también han atacado a la comunidad marginada durante operaciones antiterroristas, según grupos de derechos humanos.
Una nueva ley que ofrecerá a los voluntarios locales financiación y formación para combatir a los yihadistas puede dar más poder a las milicias y agravar las tensiones entre las comunidades.
«Dará legitimidad a algunos grupos, en contextos locales que ya son tensos, con conflictos en torno a la tierra, el ganado», advirtió Tanguy Quidelleur, doctorando de la Universidad de París Nanterre que investiga sobre Burkina Faso.
Sermones radicales
En Burkina Faso viven unos 60 grupos étnicos diferentes, a menudo presentados como un raro ejemplo de diversidad religiosa y tolerancia en África Occidental. A pesar de los conflictos ocasionales por la tierra, el agua y otros recursos, en su mayor parte coexisten pacíficamente, a menudo casándose entre sí y enviando a sus hijos a las mismas escuelas.
Pero el aumento de la violencia en los últimos meses ha traumatizado a muchas comunidades y está amenazando lo que los residentes llaman «vivre ensemble», su capacidad para vivir juntos.
Muchos de los problemas tienen su origen en el ascenso de un hombre: Ibrahim Malam Dicko, un predicador fulani del norte de Burkina Faso que fundó Ansaroul Islam -el primer grupo yihadista autóctono del país- en diciembre de 2016.
El predicador debió su éxito inicial a abordar las reivindicaciones sociales dentro de la comunidad fulani, un pueblo predominantemente musulmán dedicado al pastoreo de ganado que se siente desatendido por el gobierno central.
La radio local era su principal medio de comunicación. «Le dimos tiempo de antena, como hicimos con otros predicadores y teólogos», explica Roger Sawadogo, periodista y director de La Voix du Soum, una popular emisora del norte.
«Dicko era inteligente. Sostenía que había que cuestionar las desigualdades y la jerarquía de la sociedad. Mucha gente estaba de acuerdo», afirmó Sawadogo.
Al parecer, Dicko murió de sed y agotamiento tras una redada dirigida por Francia a mediados de 2017, pero sus ideas sobrevivieron y los grupos militantes han seguido reclutando a jóvenes fulani, sobre todo en zonas donde se percibe al Estado como ausente o corrupto.
Esto ha llevado al castigo colectivo de los fulani por miembros de otros grupos étnicos que han sido blanco de los militantes – violencia que luego juega en manos de los yihadistas, que pueden presentarse como protectores de los fulani.
«Mahamadou Sawadogo, investigador residente en la capital, Uagadugú, afirma: «Los yihadistas tienen tácticas muy inteligentes. «Juegan con eso para conseguir nuevos reclutas… es una gran arma».
Milicias comunitarias
La proliferación de milicias comunitarias ha empeorado las cosas.
En enero de 2019, el Koglweogo -una milicia de lucha contra el crimen mayoritariamente mossi que creció en estatura tras la caída del presidente Blaise Compaoré- presuntamente mató a docenas de civiles fulani después de la ejecución de un prominente jefe mossi por presuntos yihadistas en una aldea llamada Yirgou.
Aunque no participan formalmente en la lucha contra los yihadistas, los koglweogo han sido blanco de los militantes en repetidas ocasiones, ya sea como estrategia deliberada para sembrar tensiones étnicas o porque representan una forma de autoridad competidora.
En una entrevista concedida a The New Humanitarian, el portavoz del gobierno, Remis Dandjinou, negó la existencia de tensiones en la comunidad y afirmó que «se han aprendido lecciones» de lo que describió como el «desliz» de Yirgou.
Pero más de un año después, no se ha llevado a cabo ninguna investigación sobre Yirgou, no se ha responsabilizado a nadie, y entre las comunidades fulani crece un sentimiento de injusticia.
En una visita a un campamento que acoge a víctimas de la masacre de Yirgou a finales del año pasado, muchos residentes dijeron a TNH que todavía no se atreven a salir, en gran parte porque sus asesinos siguen en libertad.
«Pueden hacer lo que quieran», dijo un joven que pidió no ser identificado por temor a represalias. «Al gobierno le preocupan los terroristas, no lo que nos pasa a nosotros».
Ejército de voluntarios
Adama Dicko, víctima de la masacre de Yirgou del año pasado, fotografiado en el campamento de Barsalogho en marzo de 2019.
A los grupos de derechos humanos les preocupa que la aprobación de la ley de vigilancia parapolicial -que proporcionará dos semanas de formación y armas ligeras a los voluntarios locales- pueda afianzar el poder de grupos como los Koglweogo y ahondar las divisiones en la comunidad.
Philippe Frowd, profesor adjunto de la Universidad de Ottawa que estudia a los Koglweogo, afirmó que la decisión se tomó porque el Estado es «incapaz de tener todo su territorio asegurado por las fuerzas de defensa y seguridad».
En una entrevista concedida a THN en diciembre -antes de que se aprobara la ley un mes después-, Amado Ouédraogo, dirigente koglweogo de la ciudad septentrional de Pissila, declaró que su grupo estaría dispuesto a proporcionar voluntarios para el nuevo programa de formación.
«Si nos dan armas, podemos ayudar», afirmó. «Incluso hemos dado una lista de nombres al ayuntamiento: toda la gente que quiere defender a su comunidad. Pero hasta ahora no ha habido seguimiento».
El líder de Koglweogo añadió, sin embargo, que no le gustaría que el conflicto se intensificara por motivos étnicos o religiosos: «Dios tiene que ayudarnos. Debemos trabajar juntos y calmar las cosas», afirmó.
Ataques a iglesias
Además de estas tensiones intercomunitarias, algunos burkineses temen que grupos extremistas intenten abrir una brecha religiosa entre la mayoría musulmana y la minoría cristiana del país.
Los asesinatos del domingo en una iglesia protestante del norte de Burkina Faso fueron los últimos de una serie de ataques violentos contra comunidades y lugares de culto cristianos en el último año.
Sin embargo, los cristianos no han respondido con violencia en represalia, y algunos analistas de Burkina Faso han advertido del peligro de enmarcar el conflicto en términos religiosos, sobre todo teniendo en cuenta que los yihadistas también atacan regularmente mezquitas y musulmanes.
«En varios de estos atentados, parece que no se atacó a estas personas sólo porque fueran cristianas, sino porque se sospechaba que eran conocidas del ejército o de los koglweogo», declaró Louis Gosselin, director adjunto del CEFIR, un instituto de investigación sobre la radicalización.
Abusos militares
En lugar de luchar contra la estigmatización de los fulani, las fuerzas de seguridad de Burkina Faso han seguido alimentándola, cometiendo una serie de presuntos abusos contra la comunidad durante las operaciones antiterroristas.
En declaraciones a TNH en Uagadugú, un cabo en activo del ejército nacional -que pidió no ser identificado para poder hablar con libertad- no se mostró arrepentido de los abusos en los que admitió haber participado.
El cabo afirmó que se mantiene con vida a pocos prisioneros, a menos que merezca la pena interrogarlos para obtener información, una táctica que considera necesaria para contrarrestar la creciente militancia. «No se puede hacer una tortilla sin romper huevos», afirmó.