En un contexto de reconfiguración geopolítica y búsqueda de soberanía regional, la Alianza de los Estados del Sahel (AES), integrada por Malí, Burkina Faso y Níger, emerge como una nueva plataforma de cooperación económica y política en África Occidental. Esta alianza no solo representa una ruptura con las estructuras tradicionales como la CEDEAO, sino también una apuesta audaz por la autodeterminación y el desarrollo endógeno. A través de instrumentos financieros propios, integración comercial y perspectivas monetarias comunes, la AES plantea un modelo alternativo de integración regional. Su evolución podría redefinir el equilibrio económico y estratégico en el continente africano
La creación de la Alianza de los Estados del Sahel (AES) —compuesta por Malí, Burkina Faso y Níger— en septiembre de 2023 representa un hito significativo en la reconfiguración geopolítica y económica de África Occidental. Este bloque surge como respuesta directa a un contexto de inestabilidad persistente en la región del Sahel, caracterizado por la presencia activa de grupos yihadistas, el debilitamiento de las instituciones estatales y el creciente desencanto de las poblaciones locales hacia las estructuras regionales tradicionales, como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). Este desencanto se ha visto agravado por la percepción de que la CEDEAO, lejos de actuar como una entidad integradora y solidaria, ha adoptado una actitud punitiva hacia los regímenes militares que han tomado el poder en estos tres países. La imposición de sanciones, bloqueos comerciales y aislamiento político ha contribuido a una ruptura definitiva que culminó en el retiro formal de los tres Estados de dicha organización en enero de 2024.
La AES se presenta como una iniciativa de soberanía compartida y realineamiento estratégico, cuyo objetivo es construir un nuevo modelo de cooperación regional que priorice los intereses internos en materia de defensa, seguridad, desarrollo económico y gestión de recursos. Este modelo no solo pretende consolidar la estabilidad interna y la autonomía política, sino que también busca sentar las bases de un espacio económico alternativo, desvinculado de las lógicas neocoloniales aún presentes en los vínculos monetarios y comerciales heredados del período posindependiente. En este sentido, el lanzamiento de medidas concretas como la eliminación del roaming móvil, la creación de un pasaporte común y la aplicación de un arancel externo único del 0,5 % a las importaciones provenientes de terceros países son señales claras de una voluntad integracionista que busca crear sinergias económicas y facilitar la movilidad dentro del espacio AES.
El anuncio más significativo en esta hoja de ruta es, sin duda, la fundación del Banco Confederado para la Inversión y el Desarrollo (BCID-AE), con un capital inicial de 500.000 millones de francos CFA. Esta institución financiera nace con la ambición de financiar proyectos de infraestructura críticos (carreteras, energía, telecomunicaciones, logística), así como apoyar procesos de industrialización endógena y fomentar el tejido empresarial local. Este movimiento revela un cambio profundo en la concepción del desarrollo económico: frente a una dependencia histórica de la ayuda internacional y de los flujos financieros provenientes de Occidente, los países del Sahel optan ahora por canalizar recursos propios y buscar alianzas estratégicas no tradicionales, como las ofrecidas por los BRICS, China, India o los fondos soberanos africanos y árabes. El carácter político de esta medida es fundamental: la financiación ya no es vista solo como un medio técnico, sino como un instrumento de autodeterminación económica.
Sin embargo, esta apuesta no está exenta de desafíos estructurales. Para que la AES logre consolidarse como un actor regional relevante, deberá resolver cuestiones complejas como la capitalización efectiva del nuevo banco, la atracción de inversión extranjera directa bajo condiciones favorables, y la creación de marcos normativos comunes que generen confianza y predictibilidad. Asimismo, será necesario enfrentar los riesgos asociados a la falta de diversificación productiva, a los déficits comerciales crónicos y a la volatilidad del entorno macroeconómico regional. En palabras del economista Magaye Gaye, “no basta con crear nuevas instituciones; es imprescindible dotarlas de una visión estratégica clara, recursos humanos cualificados y alianzas bien dirigidas que aseguren su sostenibilidad”.
La AES también aspira a reconfigurar sus relaciones con las instituciones financieras multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo. En lugar de aceptar las condicionalidades tradicionales que han caracterizado la ayuda al desarrollo —como los recortes presupuestarios, la liberalización abrupta o la subordinación de las políticas fiscales a metas de inflación importadas—, los Estados del Sahel buscan negociar nuevos términos que privilegien la inversión productiva, el empleo juvenil y el fortalecimiento de capacidades internas. Este enfoque sugiere una ruptura ideológica con el paradigma dominante de las últimas décadas, al tiempo que reabre el debate sobre el rol del Estado como promotor del desarrollo.
Un elemento clave que está en evaluación es la creación de una moneda común que sustituya al actual franco CFA, moneda vinculada al Tesoro francés y criticada desde hace años por limitar la soberanía monetaria de los países que la utilizan. Esta posible divisa regional encuentra fundamentos sólidos: los tres miembros de la AES representan el 75 % del territorio de la UEMOA (Unión Económica y Monetaria de África Occidental) y el 50 % de su población, lo que les otorga una masa crítica significativa para sostener un proyecto monetario propio. Sin embargo, como advierte Gaye, la sustitución del franco CFA no debe ser solo simbólica; debe ir acompañada de una revisión profunda de las políticas fiscales, presupuestarias y comerciales, así como de una coordinación macroeconómica que evite errores del pasado, como la sobrevaloración de la moneda o la obsesión desproporcionada por la estabilidad de precios en contextos de desempleo masivo y pobreza estructural.
En este marco, la AES se proyecta como un laboratorio de innovación política y económica en el continente africano. Si bien los retos son múltiples —entre ellos la amenaza persistente del terrorismo, la presión de actores externos, la debilidad institucional y la fragmentación de los mercados—, la iniciativa ofrece una narrativa alternativa: la de una África que se piensa y se construye a sí misma desde dentro, sin esperar soluciones impuestas ni recetas únicas. A mediano y largo plazo, el éxito o fracaso de la AES podría tener repercusiones profundas en otros procesos de integración continental, como la Zona de Libre Comercio Continental Africana (ZLECAf), y estimular una reflexión más amplia sobre la necesidad de repensar el desarrollo desde criterios de soberanía, complementariedad y resiliencia.
Mientras tanto, en otros puntos del continente, los desafíos del desarrollo adoptan formas distintas pero igualmente críticas. En Nigeria, la caída de la inversión extranjera directa, que en el segundo trimestre de 2024 alcanzó solo 29,83 millones de dólares —una disminución del 65 % interanual—, ha obligado al país más poblado de África a mirar hacia el sector digital como motor de reactivación económica. La aparición de zonas económicas digitales especiales, como la promovida por Itana, permite a las empresas tecnológicas extranjeras instalarse con facilidades administrativas, fiscales y laborales, lo cual refuerza la visión de un ecosistema digital africano integrado que, con el tiempo, podría competir con hubs globales. El éxito de cinco unicornios tecnológicos nigerianos, a pesar de la inestabilidad macroeconómica, es un síntoma de la resiliencia e innovación de un país que busca convertirse en referencia continental en el ámbito digital.
Por otro lado, en Kenia, el posible fin del Acuerdo de Crecimiento y Oportunidad en África (AGOA) amenaza con desmantelar su industria textil, especialmente en Nairobi, donde se fabrican anualmente 8 millones de jeans para marcas como Levi’s y Wrangler. Este sector, que emplea a 66.000 personas, en su mayoría mujeres, depende de las exenciones arancelarias que permite el AGOA para acceder al mercado estadounidense. El precedente de Etiopía, que perdió el acceso al acuerdo en 2022 y vio colapsar su sector textil, ha encendido todas las alarmas. Frente a este escenario, los expertos instan al gobierno keniano a anticiparse mediante diversificación de mercados, particularmente hacia África, utilizando la ZLECAf, y negociando directamente con Washington. El desafío aquí es más amplio: reposicionar a Kenia en la cadena de valor global, no solo como productor de bajo costo, sino como proveedor de productos con valor añadido y sostenibilidad social.
En conjunto, estas dinámicas regionales ilustran la multiplicidad de caminos que los países africanos están explorando para redefinir su lugar en el sistema económico internacional. En un momento en que el orden mundial experimenta tensiones crecientes y las instituciones multilaterales enfrentan crisis de legitimidad, iniciativas como la AES no deben leerse como simples respuestas coyunturales, sino como expresiones de una transformación estructural que podría moldear el futuro del continente. África, más que nunca, está tomando la palabra.