La Comunidad Internacional, especialmente la CEDEAO, mostró su inquietud por el hecho de que a principios de enero todavía no se hubiese disuelto el Comité Nacional por la Salud del Pueblo
BEATRIZ DE LEÓN COBO
Atalayar
El Comité Nacional por la Salud del Pueblo (CNSP) se estableció en Mali tras el golpe de Estado de agosto de 2020. El presidente Bah N’Daw el pasado 18 de enero decretó la disolución de esta junta militar, aunque las informaciones no se han conocido hasta hace unos días. Tras haber disuelto la junta el presidente N’Daw fue recibido en el Palacio del Eliseo por Emmanuel Macron.
Según la Constitución establecida por la junta militar transitoria cuando llegó al poder, esta debería haber sido disuelta en el momento en el que se constituyeron los organismos de gobernanza de la transición. Entre esos organismos está el Gobierno de transición, encabezado por Bah N’Daw como presidente y Assimi Goïta como vicepresidente, que fueron nombrados en septiembre, y, por otro lado, el Consejo Nacional Transicional (CNT) que es el órgano que realiza las funciones del legislativo, que fue constituido en diciembre del año pasado.
A pesar de que la disolución de la junta militar era cuestión de tiempo, la Comunidad Internacional, especialmente la CEDEAO mostró su inquietud por el hecho de que a principios de enero todavía no se hubiese disuelto el Comité Nacional por la Salud del Pueblo. A pesar de que se disolvió la junta unos días después, muchos de sus miembros han sido integrados en diferentes organismos de este Gobierno de transición. Por ejemplo, el coronel Goïta, que antes era el líder de la CNSP ahora es el presidente encargado de la Seguridad y la Defensa. Hay otros ejemplos entre los militares que dieron el golpe, estando todos en una posición de poder en este Gobierno teóricamente civil. Aparte de a este alto nivel en Bamako, otros militares han sido colocados como gobernadores de ciertas regiones de Mali. Esos puestos estaban ocupados anteriormente en su mayoría por civiles e iban a ser teóricamente ocupados por responsables escogidos por los representantes políticos, tal y como indicó el informe de diciembre de 2020 sobre la implementación de los Acuerdos de Paz y Reconciliación de 2015 publicado por el Observador Independiente del Centro Carter. Tras el golpe de Estado, la CEDEAO pidió al Gobierno maliense que se establecieran elecciones en un plazo de 14 meses. Una vez disuelta esta junta el Gobierno maliense deberá convocar elecciones y celebrarlas antes de que termine este año, aunque se calcula que, debido a los retrasos de la pandemia, lo más probable es que se convoquen para 2022.
Aparte de estos desafíos políticos, Mali se enfrenta a un problema de seguridad grave. A pesar de las numerosas fuerzas internacionales, como el G5 Sahel, la Operación francesa de Barkhane, las operaciones de entrenamiento de la Unión Europea y de la ONU, el número de grupos yihadistas y de atentados ha ido aumentando en los últimos ocho años, expandiéndose desde el norte de Mali, hasta la totalidad del país, llegando a haber atentados en las fronteras de Costa de Marfil y hasta Senegal. Por otro lado, en la zona de Liptako Gourma, en las fronteras con Níger y Burkina Faso, se concentra la mayor actividad yihadista de todo el Sahel. Desde la irrupción del yihadismo en el centro de Mali, también ha aumentado la violencia intercomunitaria entre los distintos grupos étnicos que conviven en la región.
Los próximos 15 y 16 de febrero se celebrará la cumbre del G5 Sahel en N’Djamena. En la pasada cumbre en Pau, Emanuel Macron aumentó el número de efectivos en el terreno de 4.500 a 5.100, destinando una gran parte de esos esfuerzos a la región de Lipkato Gourma. Desde que la ministra de Defensa francesa, Florence Parly, anunció que se reduciría el número de tropas sobre el terreno, se ha especulado sobre lo que ocurrirá en la próxima cumbre de la semana que viene. La visita del presidente Bah N’Daw a Francia reafirma la posición del país galo de seguir comprometido con reforzar la seguridad y aumentar la estabilidad en el país. Aun así, además del yihadismo, Mali se enfrenta a una crisis de cohesión social, a los estragos de la pandemia y a una transición complicada tras el golpe de Estado.