El oro financia a los grupos armados en el Sahel

En el Sahel, el terrorismo violento, ya permanente, y los golpes militares distraen la atención de una situación que sin duda los refuerza. Se trata del oro y de su producción y venta formal e informal. Ya no se puede descartar que los islamistas del Sahel tengan políticas más cercanas a las de sus hermanos de Afganistán, Somalia y otros lugares de lo que podríamos pensar, financiándose mediante la venta de un producto local o de un activista local lucrativo. Ya se trate de la exportación de opio para los talibanes, de la piratería marítima para Al Shabab o de la venta de oro para los grupos del Sahel

Limam NADAWA
MondAfrique

Muchos países del Sahel son ricos en oro. Este metal amarillo, codiciado en todo el mundo, es también un factor de conflictos dentro de los Estados y entre Estados a escala internacional. La industria del oro plantea inmensos peligros: conflictos entre las autoridades centrales, las multinacionales y las poblaciones locales, tráfico de seres humanos, competencia entre las tierras cultivables y los yacimientos auríferos, inseguridad en los yacimientos por falta de control estatal, fraudes en la comercialización, reclutamiento de jóvenes yihadistas en los yacimientos, financiación de guerras y redes criminales, equipamiento inadecuado, etc. El oro es una de las principales fuentes de riqueza del mundo.

El oro es una de las principales fuentes de riqueza en el Sahel. Las cifras oficiales, aunque subestimadas, así lo atestiguan. En 2022, Sudán exportó unas 42 toneladas de oro, que le reportaron cerca de 2.500 millones de dólares. Desde 2022, el oro de Tibesti (Chad) tiene un potencial minero estimado en más de 50.000 millones de francos CFA (76 millones de euros) semanales.

Al mismo tiempo, Malí consolidó su estatus de gran productor del metal, vendiendo cerca de 70 toneladas, lo que supone un aumento del 8,4% respecto a 2021. Estas exportaciones generaron 2001.000 millones de FCFA, es decir, 3.400 millones de dólares estadounidenses; el aumento representa 134.000 millones de FCFA. El oro industrial representa el 25% de los ingresos fiscales del país, a los que hay que añadir el 5% procedente del lavado de oro.

A 31 de diciembre de 2022, Burkina Faso contaba con trece minas de oro, cuatro de ellas cerradas, con una producción total de 57,645 toneladas de oro. En 2021, este metal aportó al Estado 2.172 millones de francos CFA, su principal ingreso de exportación. El sector artesanal genera una producción anual adicional de unas 10 toneladas, según el Ministerio de Minas. Además, el Fondo Minero para el Desarrollo Local (FMDL), al que contribuyen las empresas mineras desde 2019, ha recaudado unos 100.000 millones hasta el 31 de diciembre de 2022.

En Mauritania, las exportaciones de oro generaron 780 millones de dólares, frente a los 564 millones del hierro, que pasó al segundo lugar en 2020. Níger produjo 44 toneladas de oro en 2021.

Los grandes perdedores

En el Sahel Central, concretamente en Malí, Burkina Faso y Níger, el auge del oro representa una nueva fuente de financiación e incluso un campo de reclutamiento para diversos grupos armados, incluidos los yihadistas.

Los Estados del Sahel se enfrentan al problema del reparto de los ingresos entre los actores privados y los Estados. Las empresas mineras, en su mayoría multinacionales, son acusadas de erosión fiscal mediante la transferencia de beneficios y la importación de combustibles minerales. En algunos países existe una discrepancia entre la importancia de la industria minera en sus economías, las considerables cantidades invertidas y el peso del sector en las exportaciones, y el bajo nivel de ingresos percibidos por el Estado.

Los países productores de oro del Sahel están cayendo en una trampa fiscal. Para atraer a estas multinacionales y asegurar las inversiones extranjeras, algunos gobiernos reducen el tipo impositivo aplicado al sector, alimentando una competencia fiscal regional desequilibrada. También aceleran los trámites administrativos en favor de estas empresas. Por ejemplo, un permiso de explotación minera puede obtenerse en sólo un año, frente a los cinco años como mínimo que se tarda en Estados Unidos y Canadá. Estas multinacionales utilizan la transferencia internacional de beneficios para reducir la carga fiscal que, en principio, deben pagar en el lugar de producción. Mediante la corrupción y otros medios, los gobiernos eluden sus propios códigos mineros firmando acuerdos de exención fiscal con los operadores, ya sea oficialmente o a escondidas. Estas negociaciones, mina por mina, ofrecen un resquicio por el que pueden colarse muchos operadores. También ocurre que el precio de los minerales extraídos no está en consonancia con el precio del mercado mundial. En cuanto a las empresas mineras, lamentan la falta de energía y el elevado coste de la electricidad en el Sahel. En estas zonas sigue faltando financiación pública. También se quejan de la minería artesanal, también conocida como lavado de oro, que merma sus ingresos y la recaudación fiscal del Estado.

La codiciada región de Tibesti

En Chad, la región de Tibesti, situada en el norte y fronteriza con Libia, es codiciada por varios grupos armados, atraídos por el oro. Desde 2015 hasta hoy, se han desarrollado allí conflictos mortíferos, hasta el punto de que algunas autoridades creen que la región «constituye un yacimiento de reclutamiento de mercenarios». Se considera que los 40.000 mineros de oro que recorren los yacimientos son migrantes internacionales y nacionales. Sin ningún orden en particular, incluyen «aventureros, traficantes de oro y drogas y matones republicanos de Chad, Sudán, Libia, China, Níger…».

Los jóvenes reclutados en otras partes de Chad se intercambian por 10 gramos de oro por persona. Los 10 gramos de oro valen 250.000 FCFA, unos 464 dólares.

Las poblaciones locales denuncian el apetito del clan gubernamental por el oro, y exigen que se extraiga de forma regular, dentro de un marco legal, de acuerdo con el código minero. Entre 2016 y 2023, se produjeron sangrientos enfrentamientos entre el ejército chadiano y la población local, y después entre grupos armados.

En Malí, se ha denunciado el trabajo de niños mineros en los lavaderos de oro, expuestos a productos de transformación del oro como el mercurio. Se les emplea en movimientos de tierra y túneles de treinta metros de profundidad. Algunos se encargan de levantar la tierra con cubos o de transportarla desde los pozos hasta las zonas de lavado y clasificación. Sus herramientas de trabajo son rudimentarias: picos, cubos y martillos. No tienen equipo de protección ni de seguridad. Muchos han abandonado la escuela para dedicarse a estas actividades. Las niñas y los niños también son explotados sexualmente. Estas lacras afectan también a las explotaciones auríferas de Burkina Faso y Níger. El gobierno de transición de Malí inició recientemente una investigación sobre su sector minero, que reveló una serie de irregularidades que han supuesto una pérdida sustancial de ingresos para el Estado, estimada entre 300.000 y 600.000 millones de francos CFA. Sacar a la luz los numerosos fallos en la aplicación del código minero de 2019 podría permitir a Malí recuperar al menos la mitad de estas ganancias inesperadas.

En Burkina Faso, son frecuentes los incidentes en las explotaciones auríferas, donde los habitantes creen que los beneficios para las comunidades locales son muy escasos. Reaccionan con saqueos y pillajes, lo que a veces ha obligado a las empresas mineras a cerrar temporalmente sus operaciones. Una de estas empresas, Centamin PLC, que ya había invertido unos 74.000 millones de francos CFA, se vio obligada incluso, en parte a causa de estos incidentes, a abandonar sus actividades en agosto de 2022 en Batié, en el Suroeste. En estas ocasiones, las autoridades invitan a los vecinos a dirigirse a la administración para expresar sus preocupaciones. A principios de septiembre de 2023, más de mil mineros del oro fueron desalojados de un bosque del Noroeste. Habían talado árboles, excavado grandes pozos a cielo abierto, construido cientos de cobertizos y vertido toneladas de residuos plásticos y contaminantes al medio ambiente.

Financiación de la guerra en Sudán.

En Sudán, la violencia estalló el 15 de abril de 2023 entre el ejército del general Abdel Fattah Al-Bourhane, presidente del país desde el golpe de Estado del 25 de octubre de 2021, y su adjunto, el general Mohammed Hamdan Dagalo, conocido como Hemetti, jefe de la milicia Fuerzas de Apoyo Rápido (FPR). Se nutren en parte del tráfico de oro. En 2017, los ingresos por oro supusieron el 40% de las exportaciones de Sudán. Hemeti, que ya operaba en el sector, había creado una empresa comercial, Al-Junaid. Se hizo con las minas de oro más lucrativas del país por la fuerza. Se convirtió en el mayor comerciante de oro de Sudán, controlando las fronteras con Libia y Chad. Con esta riqueza, se encontró en la encrucijada de una vasta red de nepotismo, acuerdos secretos de seguridad y financiación política, convirtiéndose así en un «padrino». Es, en parte, esta inmensa fortuna la que le permite librar esta guerra. Cuenta con toda una cadena de asociados en la policía, la administración, la educación y las jefaturas tribales. También ha recurrido a los servicios de mercenarios chadianos bien pagados.

En Mauritania, el gobierno supervisa la pequeña minería y recauda nuevos ingresos fiscales. En el ámbito industrial, el gobierno anima a algunas empresas a «mauritanizar» su mano de obra, y también trabaja para aumentar su participación en los ingresos generados por el metal amarillo. Otras tienen más margen para operar sin demasiada transparencia ni preocupaciones medioambientales. Se están poniendo de relieve los problemas sanitarios, con la aparición del VIH-SIDA en algunas explotaciones.

Inseguridad en todas partes

En Níger, la industria del oro se considera una buena palanca de crecimiento económico, aunque se enfrenta a problemas de gobernanza. También es fuente de problemas medioambientales, sanitarios, de seguridad y de derechos humanos. Además, la afluencia de personas ha provocado una fuerte presión sobre los escasos recursos madereros.

La inseguridad es una característica común de las empresas de extracción de oro en el Sahel. Los atentados terroristas y de otro tipo han llevado a algunas a detener sus operaciones o incluso a cerrar. En abril de 2022, Adama Soro, Presidente de la Cámara de Minas de Burkina (CMB), declaró que el futuro minero del país podría verse comprometido por la inseguridad. Algunas minas de las regiones Norte, Sahel y Este ya no pueden transportar a su personal por tierra. Las minas también están invirtiendo considerables recursos en la seguridad de sus emplazamientos. En 2022 se produjeron varios atentados que provocaron el cierre de cuatro de ellas. El otro impacto es que los geólogos ya no pueden acceder a estas regiones para sus actividades de exploración e investigación.

Los peligros del lavado de oro

Junto con el desarrollo de la industria del oro, la práctica del lavado de oro también ha crecido rápidamente en las últimas décadas. Las autoridades estiman que más de 1,3 millones de personas, es decir, alrededor del 6% de la población de Burkina Faso, trabajan en unas 700 explotaciones mineras artesanales repartidas por todo el país, a menudo fuera del control del gobierno. Estas explotaciones, poco seguras, son un objetivo privilegiado para los grupos armados. También son terreno abonado para el reclutamiento de «jóvenes combatientes».

El otro gran reto es la comercialización de este oro saheliano. Gran parte se vende de forma fraudulenta, lo que permite a los traficantes eludir las trabas administrativas que supone el seguimiento y posterior pago de impuestos. En 2014, Suiza había importado al menos 7 toneladas de oro de Togo… a pesar de que el país no produce nada. Las investigaciones permitieron rastrear el oro hasta minas artesanales de Burkina Faso.

Este tráfico entre los dos países vecinos no cesa, y las pérdidas fiscales para Burkina Faso ascienden a miles de millones de francos CFA.

Las multinacionales que explotan oro en el Sahel son principalmente australianas, canadienses, rusas y sudafricanas, en asociación con nacionales locales y socios internacionales influyentes.

Al mismo tiempo, una parte importante del oro saheliano se introduce de contrabando por canales clandestinos, a través de nacionales, libaneses y otros establecidos en Suiza, Turquía, Dubai, Singapur y China. También hay operadores rusos que han inventado nuevos métodos para transferir su oro del Sahel a diversos destinos con el fin de eludir las sanciones occidentales.

En todo el Sahel, el lavado artesanal de oro progresa en general al margen del control gubernamental. Según la OCDE, esta actividad genera más de dos mil millones de dólares estadounidenses al año.

En el Sahel, la extracción de oro, tanto industrial como artesanal, está en expansión, enriqueciendo a su paso a multinacionales, Estados y funcionarios locales, al tiempo que crea peligros y aumenta los desafíos.

Suscríbete a nuestra newsletter – El observatorio del Sahel