La gestión del agua se ha convertido en uno de los grandes retos estructurales de la Unión Europea. La escasez creciente, la contaminación y el impacto del cambio climático están tensionando un recurso esencial para la vida, la economía y la estabilidad social. Más allá de una cuestión ambiental, el agua emerge hoy como un factor geoeconómico y geopolítico de primer orden
La cuestión del agua, antaño relegada a la gestión medioambiental y sanitaria, ha escalado en los últimos años hasta convertirse en una prioridad estratégica para la Unión Europea. La creciente escasez de recursos hídricos, la degradación de su calidad, los efectos de los cambios climáticos y la presión creciente de sectores como la agricultura, el turismo y la industria, han obligado a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo a plantear una revisión profunda de su estrategia hídrica. En un contexto marcado por tensiones ecológicas, sociales y económicas, el agua se ha transformado en un recurso geopolítico clave, cuya mala gestión o escasez puede exacerbar las desigualdades, generar conflictos entre sectores productivos o entre Estados, y debilitar la cohesión territorial y económica de la UE.
Los datos actuales son preocupantes: en 2022, un 34 % de la población de la UE y el 40 % del territorio comunitario sufrieron escasez estacional de agua, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Esta cifra alcanza hasta un 70 % en regiones del sur de Europa durante los meses estivales, lo cual pone en jaque no solo el suministro doméstico, sino sectores estratégicos como la agricultura intensiva del sur de España, Italia o Grecia. La sobreexplotación de acuíferos, la contaminación por nitratos y productos fitosanitarios, y la fragmentación de las políticas hídricas entre niveles locales, regionales y nacionales, dificultan una respuesta unificada. A ello se suma la presión que ejercen las industrias intensivas en agua, como la agroalimentaria, la textil, la automotriz o la tecnología digital —esta última con su creciente red de centros de datos—, que requieren grandes volúmenes de agua para sus procesos y refrigeración.
En este contexto, la UE intenta relanzar su Directiva Marco del Agua (DMA), aprobada en el año 2000, cuyo objetivo era lograr que todas las masas de agua europeas alcanzaran un buen estado ecológico y químico en 2015. Sin embargo, el incumplimiento generalizado de los Estados miembros ha llevado a posponer esta meta hasta 2027, sin garantías de que se logre. A día de hoy, apenas el 37 % de las aguas superficiales europeas presentan una buena salud ecológica, y solo el 29 % cumplen con los estándares químicos exigidos. Aunque las aguas subterráneas presentan mejores resultados —el 77 % en buen estado químico y el 91 % en estado cuantitativo aceptable—, persisten problemas graves relacionados con la contaminación difusa proveniente de la agricultura y el vertido de aguas residuales sin tratamiento adecuado.
Desde una perspectiva estructural, la gestión del agua en la UE refleja múltiples asimetrías: geográficas, institucionales, tecnológicas y económicas. Mientras algunos países del norte de Europa como Suecia o Finlandia mantienen abundantes reservas hídricas y estructuras de gestión avanzada, los Estados mediterráneos enfrentan regularmente mayor escasez, menor eficiencia en sus redes de distribución y una dependencia creciente de fuentes vulnerables al cambio climático. A nivel de infraestructuras, la pérdida de agua en las redes de distribución es un problema transversal: en Francia, por ejemplo, el 20 % del agua potable se pierde debido a fugas, lo que representa una pérdida anual de más de 900 millones de m³. En otros países, como Italia o Bélgica, el rendimiento de las redes es incluso inferior, lo que genera un desafío técnico y financiero adicional para modernizar las infraestructuras existentes.
Más allá del plano técnico, el agua está adquiriendo una dimensión claramente geoeconómica. En un mundo globalizado, donde las cadenas de valor dependen de la disponibilidad de recursos críticos, la gestión eficiente del agua se ha convertido en un factor de competitividad. Sectores como la industria agroalimentaria exportadora, la producción energética —incluida la energía hidroeléctrica y el hidrógeno verde—, así como el sector turístico y la manufactura avanzada, necesitan un suministro hídrico predecible y sostenible. La escasez de agua puede provocar interrupciones productivas, aumentar los costes de operación, tensionar los precios de los alimentos y generar incertidumbre en los mercados. A medida que la transición ecológica avanza, la disponibilidad de agua también condicionará la implementación de políticas verdes, como la electrificación del transporte o el impulso de la economía circular.
En el ámbito geopolítico, el agua se está perfilando como un vector estratégico tanto dentro como fuera de la UE. En el espacio europeo, los ríos y acuíferos transfronterizos requieren una gestión conjunta entre Estados, lo que ha llevado al Parlamento Europeo a reclamar una mayor implicación de la Comisión para garantizar la solidaridad interregional. Pero la dimensión externa no es menos crítica: la UE importa bienes y alimentos procedentes de países con alto estrés hídrico, lo que implica una huella hídrica considerable que condiciona las relaciones comerciales y de cooperación. Además, el agua puede convertirse en un factor de migración forzada en regiones del África subsahariana o de Oriente Medio, donde la inseguridad hídrica se combina con conflictos armados y degradación ambiental, alimentando movimientos migratorios hacia Europa.
En este marco, la Comisión Europea presentará el próximo 4 de junio una nueva estrategia hídrica, cuyo objetivo es avanzar hacia una “economía inteligente del agua” y lograr la neutralidad en contaminación para 2030. La comisaria Jessika Roswall ha anunciado que la estrategia se centrará en la eficiencia del uso del recurso, sin imponer medidas legalmente vinculantes, pero sí con un paquete de recomendaciones a los Estados miembros para optimizar el uso del agua en todos los sectores. El plan prevé también un acelerador de inversiones, en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones, que financiará una veintena de proyectos piloto con soluciones tecnológicas avanzadas —como sensores de fuga, inteligencia artificial para predicción de sequías, o sistemas de reutilización de aguas residuales—.
Este enfoque pretende conjugar financiación pública y privada para cubrir una brecha estructural en inversión hídrica, y facilitar la transición hacia una gestión sostenible. Sin embargo, los expertos advierten que sin medidas obligatorias, los avances serán lentos y desiguales. La modernización del sistema no solo requiere recursos financieros, sino también voluntad política, reformas institucionales, coordinación intersectorial y educación ciudadana. La transformación de la agricultura intensiva, uno de los principales consumidores de agua en Europa, se perfila como uno de los ejes más delicados, especialmente ante las protestas recientes del sector por los costes asociados a la adaptación climática y las regulaciones medioambientales.
Por último, el derecho al acceso equitativo al agua emerge como una cuestión social crucial. En un continente que aspira a liderar la transición ecológica con justicia social, el diseño de tarifas que promuevan el uso eficiente del agua sin penalizar a los hogares vulnerables se plantea como una tarea urgente. La UE deberá encontrar el equilibrio entre el principio de “quien contamina paga” y el reconocimiento del agua como un bien común y un derecho humano.
En definitiva, el desafío del agua se entrelaza con todos los grandes vectores de transformación contemporánea: el cambio climático, la digitalización, la seguridad alimentaria, la transición energética, la cohesión territorial, y la política exterior europea. Su correcta gestión no es solo una cuestión técnica o medioambiental, sino un imperativo geoestratégico que determinará la resiliencia, la competitividad y la legitimidad de las políticas europeas en las próximas décadas. La UE se encuentra así en una encrucijada: transformar su modelo de gestión del agua para garantizar un futuro sostenible o arriesgarse a que las tensiones hídricas erosionen su estabilidad social, económica y política.
