El vertiginoso crecimiento económico de la India en la última década ha sido celebrado como un hito histórico, acompañado por una notable reducción de la pobreza a niveles sin precedentes. Sin embargo, tras estos logros se esconde una realidad más frágil y compleja, marcada por desigualdades persistentes y una creciente vulnerabilidad social
El ascenso reciente de la India como la cuarta economía más grande del planeta ha captado la atención mundial, alimentando la narrativa de un país en plena transformación y consolidación geoeconómica. No obstante, más allá del simbolismo de haber superado a Japón en términos absolutos de Producto Interno Bruto (PIB), el avance más significativo puede encontrarse en la notable reducción de la pobreza durante la última década. Según la más reciente Encuesta de Gasto en Consumo de los Hogares (HCES) realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas, la tasa de pobreza nacional descendió drásticamente del 29,5 % en 2011–2012 al 4,9 % en 2023–2024. A esta tendencia se suma el análisis del Banco Mundial, que muestra una caída en la pobreza extrema del 16,2 % al 2,3 % en ese mismo período, lo cual equivale a más de 170 millones de personas saliendo de la miseria absoluta.
Este logro no es menor si se considera el tamaño de la población india, que supera los 1.400 millones de personas, y la diversidad socioeconómica del país. Más sorprendente aún es que solo entre los años fiscales 2022–2023 y 2023–2024, la pobreza se redujo a la mitad, pasando del 9,5 % al 4,9 %. Este ritmo de progreso es excepcional y ha venido acompañado de una leve disminución en la desigualdad del consumo, medida por la caída del coeficiente de Gini. No obstante, un análisis más riguroso y contextualizado revela una realidad mucho más compleja y preocupante, en la que la reducción de la pobreza crónica convive con un aumento significativo de la pobreza transitoria, es decir, personas que logran salir de la pobreza pero que recaen por eventos inesperados como enfermedades graves, pérdidas de empleo, desastres naturales o inestabilidad laboral.
Las investigaciones del India Human Development Survey (IHDS), un estudio longitudinal de referencia, permiten observar esta fragilidad estructural. Según su última ronda, aproximadamente el 62 % de los pobres actuales en la India son “nuevos pobres”, personas que habían escapado previamente de la pobreza pero que han vuelto a caer en ella. Esta cifra pone en tela de juicio la sostenibilidad de los avances reportados. Se está ganando la batalla contra la pobreza estructural, pero se está perdiendo la guerra contra la vulnerabilidad sistémica. El país, en suma, parece estar atrapado en una dinámica de movilidad social inestable, donde una mayoría de ciudadanos aún no ha alcanzado una posición económica verdaderamente resiliente.
Uno de los factores clave que explica esta vulnerabilidad es la naturaleza del crecimiento económico indio en las últimas décadas. El impulso del PIB ha estado altamente concentrado en sectores intensivos en capital, con bajo coeficiente de empleo, como las tecnologías de la información, las finanzas y el comercio electrónico. Estas industrias, ubicadas mayoritariamente en grandes centros urbanos como Bangalore, Mumbai o Hyderabad, emplean en conjunto apenas al 30 % de la fuerza laboral. En contraste, la agricultura, que aún constituye el sustento de cerca del 50 % de los trabajadores indios, aporta solo el 18 % del PIB, reflejando una desconexión profunda entre crecimiento económico y bienestar generalizado.
Esta desconexión se traduce en una concentración alarmante de la riqueza. Según el World Inequality Report 2022, el 1 % más rico de la población india posee más del 40 % del patrimonio nacional, mientras que el 50 % más pobre tiene apenas el 3 %. Asimismo, el 10 % superior obtiene el 57 % del ingreso total del país. Tales cifras revelan una estructura socioeconómica profundamente desigual que debilita cualquier narrativa triunfalista sobre el desarrollo. A pesar de la magnitud del PIB—que ronda los 4 billones de dólares—el ingreso per cápita permanece estancado en unos modestos 2.880 dólares, muy por debajo de los 13.000 dólares de China y los 33.900 de Japón. Este indicador es mucho más revelador sobre la calidad de vida de la población y evidencia la necesidad urgente de corregir las fallas distributivas del modelo económico indio.
Uno de los motores más visibles de la pobreza transitoria es el sistema sanitario, que continúa siendo una fuente de fragilidad financiera para millones de familias. India presenta uno de los niveles más altos del mundo de gasto sanitario directo (out-of-pocket), representando cerca del 50 % del gasto total en salud. Esto significa que los hogares asumen de forma directa la mayor parte del coste de la atención médica. Un estudio de 2011–2012 encontró que 55 millones de personas cayeron en la pobreza debido a estos gastos, y 38 millones lo hicieron exclusivamente por el gasto en medicamentos. En un país sin una red sólida de protección social universal, un solo episodio de enfermedad puede tener consecuencias devastadoras, no solo en términos de salud sino también de estabilidad económica.
Para responder a esta realidad, el gobierno lanzó en 2018 el programa Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY), concebido como un seguro público de salud que cubre hasta 500.000 rupias por familia para el 40 % más pobre de la población. Aunque fue presentado como un “game changer” para la sanidad india, su implementación ha sido deficiente. Utiliza datos del Censo Socioeconómico de Castas de 2011, lo que deja fuera a millones de personas que han caído en la pobreza en la última década. Además, la adopción del programa ha sido desigual entre los estados, con escasa cobertura en regiones con altos niveles de pobreza como Uttar Pradesh o Bihar. Incluso entre los inscritos, los costes médicos directos siguen siendo comunes, lo que debilita la efectividad del programa.
Estudios de campo, como uno realizado en 2020 en Chhattisgarh, indican que el PM-JAY no ha logrado reducir significativamente el gasto catastrófico en salud ni ha fomentado un mayor uso de los servicios hospitalarios. Además, solo el 11 % de las reclamaciones se realizan en hospitales públicos, con la mayoría concentradas en un pequeño número de clínicas privadas, lo que plantea dudas sobre la transparencia, la equidad y la eficiencia del gasto público en salud.
Estos desafíos ponen de relieve una limitación estructural del diseño antipobreza de la India. Las políticas actuales siguen ancladas a una lógica de intervención estática, basada en censos decenales y programas focalizados en segmentos poblacionales específicos. Sin embargo, en una economía cada vez más volátil y con altos niveles de movilidad económica, esta lógica resulta obsoleta. La pobreza ya no es una condición permanente en muchos casos, sino un estado transitorio que requiere respuestas más ágiles, sensibles al contexto y capaces de activarse en tiempo real.
En este sentido, India necesita una nueva arquitectura de protección social que se base en sistemas de datos actualizados continuamente, esquemas de cobertura universal en áreas clave como salud y educación, y mecanismos de redistribución fiscal eficaces. La tributación progresiva sobre las rentas del capital, las grandes fortunas y las plusvalías puede y debe jugar un papel central en el financiamiento de esta nueva estrategia. Del mismo modo, es imperativo invertir en infraestructura social universal, especialmente en educación primaria y secundaria de calidad, sanidad pública y seguros sociales que mitiguen los efectos de los shocks individuales o familiares.
No se trata simplemente de mejorar los programas existentes, sino de avanzar hacia un modelo de derechos sociales universales que garantice un mínimo de seguridad material para todos los ciudadanos. Solo así se podrá romper el ciclo de vulnerabilidad estructural que impide que el progreso económico se traduzca en bienestar colectivo. La experiencia internacional, desde los países escandinavos hasta algunos estados de América Latina, demuestra que un modelo basado en derechos y no en caridad es no solo más justo, sino también más eficiente en términos económicos y sociales.
En perspectiva, el verdadero desafío para la India en su ruta hacia 2047, cuando se cumpla el centenario de su independencia, no es simplemente alcanzar un estatus de país desarrollado en términos macroeconómicos. El desafío es construir una sociedad en la que ningún ciudadano vuelva a caer en la pobreza por causas externas o incontrolables. Que una enfermedad, una muerte en la familia o una mala cosecha no sean sinónimos de ruina financiera. Para lograrlo, es necesario que el Estado abandone el enfoque centrado en rankings internacionales y declaraciones de éxito aisladas, y adopte una visión integral, centrada en la dignidad humana, la equidad estructural y la sostenibilidad del bienestar.
Solo una política pública informada por datos actualizados, orientada a la justicia social y comprometida con la redistribución efectiva del ingreso y la riqueza podrá garantizar que el crecimiento económico de la India se convierta en una base sólida para el desarrollo humano integral. El futuro de la lucha contra la pobreza no está solo en el crecimiento del PIB, sino en la capacidad de transformar ese crecimiento en derechos, seguridad y oportunidades reales para todos.