La provincia de Santiago de Cuba atraviesa una profunda crisis en su sistema de transporte público, reflejo de un deterioro estructural que afecta tanto a zonas urbanas como rurales. Con rutas paralizadas, vehículos obsoletos y una infraestructura vial colapsada, las autoridades recurren a soluciones improvisadas como el “transporte solidario”. Este panorama evidencia no solo una emergencia logística, sino también una grave fractura en el modelo de servicios públicos en la isla
La crisis del transporte público en Santiago de Cuba constituye uno de los rostros más visibles del deterioro estructural que experimenta la infraestructura de servicios básicos en el país. Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, esta situación se enmarca dentro de una crisis sistémica más amplia que afecta a múltiples sectores de la vida social y económica cubana, agravada por un contexto nacional de escasez crónica de recursos, una economía semiestatal altamente centralizada, y las restricciones impuestas por el embargo estadounidense. La provincia de Santiago de Cuba, segunda en importancia demográfica y económica después de La Habana, enfrenta un escenario especialmente crítico que pone en cuestión la sostenibilidad del sistema de movilidad urbana y rural.
Actualmente, el sistema de transporte santiaguero presenta un colapso casi total. De las 196 rutas formalmente registradas en la provincia, más de la mitad se encuentran fuera de servicio o funcionan con una frecuencia extremadamente limitada. El Plan Turquino, iniciativa gubernamental destinada a garantizar el acceso a servicios básicos en regiones rurales de difícil acceso, es uno de los principales afectados: de las 102 rutas correspondientes a este plan, la mayoría están inoperantes debido a la carencia de neumáticos, baterías, piezas de repuesto y combustible. Esta situación implica un impacto directo en comunidades rurales que, al quedar desconectadas de los centros urbanos, ven restringido su acceso a servicios de salud, educación, comercio y trámites institucionales, profundizando la brecha territorial y social.
El deterioro del parque vehicular es otra manifestación aguda del problema. La flota de ómnibus públicos envejecida, mal mantenida y sometida a un uso intensivo en condiciones adversas, ha dejado de ser funcional. El gobierno ha recurrido a soluciones improvisadas y de emergencia que incluyen el alquiler de vehículos de empresas estatales y privadas, algunos de los cuales originalmente estaban destinados a funciones muy diferentes, como ambulancias y carros fúnebres. Esta medida, lejos de ser una estrategia sostenible, es reflejo de la desarticulación y precariedad del sistema logístico y de planificación del transporte en la región.
En este contexto, ha surgido la iniciativa denominada “transporte solidario”, inspirada en un modelo previamente ensayado en la provincia de Guantánamo. Esta estrategia consiste en la participación de taxistas, tanto estatales como cuentapropistas bajo contrato, que ofrecen traslados gratuitos durante las primeras horas del día, especialmente en puntos de alta demanda. La propuesta, si bien loable en su intención, se enfrenta a los mismos problemas estructurales que afectan al resto del sistema: falta de organización continua, escasez de recursos operativos y una débil institucionalización que impide su consolidación como política pública permanente.
El Ministerio de Transporte ha anunciado la llegada de 20 microbuses nuevos con capacidad para 14 pasajeros, que se integrarán en cuatro rutas principales de la ciudad de Santiago de Cuba. Estos vehículos, fabricados en China bajo la marca Fotón, son similares a los que se utilizarán en La Habana para sustituir a las denominadas “gacelas” que se encuentran actualmente fuera de servicio. Sin embargo, esta medida es insuficiente para responder a la magnitud del problema: no representa una ampliación de la flota, sino una simple reposición parcial. Además, los triciclos eléctricos que operan en la zona sur de la ciudad, aunque útiles para desplazamientos cortos, tienen un impacto limitado en términos de cobertura territorial y capacidad de transporte, y también están siendo afectados por la crisis energética nacional.
El transporte ferroviario ha sido introducido como una alternativa puntual en algunas zonas, pero su implementación no ha estado exenta de dificultades. La mayoría de las rutas previstas en el Plan Turquino continúan inoperativas debido a la falta de insumos básicos. Por su parte, el mal estado de las carreteras agrava aún más el panorama: según datos oficiales, el 69,2% de la red vial provincial —más de 4.200 kilómetros— se encuentra en condiciones deficientes o malas. Este deterioro no solo dificulta el tránsito vehicular, sino que también incrementa los costos de mantenimiento y reduce significativamente la vida útil de los pocos vehículos operativos.
La situación también evidencia la fragilidad del modelo económico de servicios públicos en Cuba, donde los servicios estatales —subvencionados pero ineficientes— conviven con servicios privados que, aunque más dinámicos, son inaccesibles para buena parte de la población debido a sus elevados costos. El propio Ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, ha reconocido la “inestabilidad en el suministro de combustibles y lubricantes”, así como la imposibilidad de garantizar una cobertura adecuada de los servicios básicos bajo las actuales condiciones del país. Asimismo, las conexiones con municipios importantes como Guamá, II Frente y III Frente permanecen en estado crítico, lo que a su vez repercute en la actividad económica, escolar y comunitaria.
Ante la inminencia del verano —tradicionalmente una época de alto movimiento interno en la isla—, las autoridades locales han puesto en marcha una operación de emergencia que incluye 21 vehículos estatales, 60 alquilados, tres trenes, cuatro “guarandingas” (camiones adaptados para el transporte de pasajeros) y dos ómnibus de dos pisos. No obstante, estas medidas son reactivas, limitadas en alcance y dependientes de la disponibilidad puntual de recursos, sin una planificación estratégica a largo plazo.
En conclusión, la crisis del transporte en Santiago de Cuba no puede entenderse como un simple problema técnico o logístico, sino como una manifestación de un modelo económico en crisis, afectado por la falta de inversión, la planificación centralizada ineficiente, el embargo externo y la pérdida de capacidades internas de gestión. La recuperación del sistema requerirá no solo inversiones materiales, sino también reformas profundas en la forma en que se concibe, organiza y gestiona el transporte público en la isla.