En un escenario internacional marcado por conflictos geopolíticos, tensiones económicas y transformaciones tecnológicas, las ciudades europeas enfrentan desafíos sin precedentes. Su aspiración de liderar la transición hacia modelos urbanos inteligentes y sostenibles se ve tensionada por vulnerabilidades estructurales y dependencias estratégicas
En el año 2025, las ciudades europeas enfrentan una coyuntura crítica en su evolución urbana, donde las aspiraciones de construir entornos urbanos inteligentes y sostenibles se ven tensionadas por una convergencia de fuerzas geopolíticas, económicas y tecnológicas de escala global. Estas dinámicas, lejos de ser abstractas, impactan de forma directa y estructural en los modelos de desarrollo urbano, revelando una tensión fundamental entre la eficiencia tecnológica, la resiliencia estratégica y la autonomía regional. La idea de la “ciudad inteligente”, entendida como un ecosistema urbano altamente interconectado, optimizado mediante tecnologías digitales, sostenido por energías limpias y guiado por principios de sostenibilidad y participación ciudadana, se enfrenta a desafíos que trascienden lo técnico y se inscriben en el plano de la reconfiguración del orden mundial.
La persistente guerra en Ucrania, el debilitamiento de la alianza transatlántica, la intensificación de la rivalidad entre Estados Unidos y China, y la resurgencia de políticas económicas proteccionistas están transformando profundamente los marcos de referencia para el desarrollo urbano. Esta realidad pone en cuestión la viabilidad de estrategias urbanas que dependen de cadenas de suministro globalizadas, tecnologías foráneas y marcos de gobernanza supranacionales. Los conflictos geopolíticos actuales han evidenciado la fragilidad de las dependencias tecnológicas, especialmente en lo que respecta a componentes esenciales para las ciudades inteligentes, como los semiconductores, las infraestructuras de telecomunicaciones, los sistemas energéticos y las materias primas críticas. En este contexto, la promesa de un urbanismo digital y verde choca con la necesidad imperiosa de construir resiliencia y autonomía estratégica en el ámbito local.
Uno de los pilares fundamentales sobre los que se apoya el desarrollo de las ciudades inteligentes es la disponibilidad estable y asequible de tecnologías avanzadas. Sin embargo, la fuerte dependencia europea de las cadenas de valor globales —particularmente del Este asiático— en sectores estratégicos como la fabricación de microchips o la extracción y refinado de tierras raras, ha expuesto a las ciudades a vulnerabilidades estructurales. La creciente confrontación tecnológica entre EE. UU. y China, traducida en restricciones a la exportación, control de flujos tecnológicos y rivalidad por la supremacía digital, ha agudizado la inseguridad de suministro para las economías europeas. A pesar de los esfuerzos de la Unión Europea por fortalecer su soberanía tecnológica mediante iniciativas como la Ley de Chips (Chips Act), los avances en este campo requieren inversiones millonarias, largos plazos de implementación y una coordinación multinivel efectiva. Los costos de producción europeos, significativamente más altos que los asiáticos, agravan la dificultad de escalar una industria microelectrónica competitiva en suelo europeo.
Asimismo, la transición ecológica que constituye el núcleo normativo y ético del Pacto Verde Europeo, elemento central de la planificación urbana del siglo XXI, se basa en tecnologías que dependen de materias primas estratégicas —como el litio, el cobalto, el níquel o el grafito— de las cuales la UE es en gran parte importadora neta, siendo China uno de los principales proveedores y procesadores. Esta dependencia pone en riesgo los proyectos locales de electrificación del transporte, almacenamiento energético y generación renovable. En respuesta, la Ley de Materias Primas Críticas busca fomentar la exploración interna, promover la economía circular y establecer alianzas diversificadas con países terceros. No obstante, la implementación efectiva de estas estrategias enfrenta múltiples obstáculos: resistencia ambiental y social a nuevas explotaciones mineras, escasa infraestructura de reciclaje, y un entorno global cada vez más competitivo y restrictivo en la exportación de recursos críticos.
La paradoja entre el ideal ecológico y la realidad geopolítica se acentúa en el ámbito energético. La crisis energética de 2022-2023, catalizada por el conflicto ruso-ucraniano, impulsó a muchas ciudades a acelerar su transición hacia fuentes renovables. Sin embargo, la aceleración del despliegue de tecnologías limpias como los paneles solares, los vehículos eléctricos o las bombas de calor ha incrementado la exposición europea a nuevos monopolios tecnológicos, especialmente aquellos controlados por China. Esta situación reconfigura el mapa de las dependencias estratégicas: si antes era el gas natural ruso el principal vector de riesgo, ahora lo son las tecnologías verdes producidas en Asia. La presión para “relocalizar” parte de la producción verde choca con la dura realidad de la competitividad: las ciudades europeas se ven obligadas a elegir entre eficiencia de costes y seguridad estratégica.
En el plano internacional, las tensiones geoeconómicas también afectan la gobernanza climática global. Instrumentos regulatorios europeos como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), diseñado para evitar la fuga de carbono y proteger a las industrias locales ante importaciones más contaminantes, han generado fricciones diplomáticas, especialmente con países en desarrollo y socios comerciales estratégicos. Esta tensión puede erosionar la cooperación climática internacional, dificultando la alineación global en torno a objetivos comunes de descarbonización. Las ciudades, al ser actores subnacionales pero protagonistas de la acción climática, se ven así atrapadas entre las decisiones de política exterior y su compromiso con la sostenibilidad.
Por otro lado, el contexto macroeconómico de 2025 añade complejidades adicionales. La imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos, en el marco de una política industrial más proteccionista, ha afectado negativamente el crecimiento económico europeo, reduciendo márgenes fiscales para inversiones estratégicas en transformación digital y ecológica. Al mismo tiempo, el incremento del gasto en defensa, impulsado por la creciente percepción de inseguridad en Europa del Este y el Báltico, absorbe una parte importante de los presupuestos nacionales, reduciendo la capacidad financiera disponible para proyectos urbanos a largo plazo. Las ciudades, que tradicionalmente dependen de fondos europeos y nacionales, deben ahora competir por recursos en un entorno fiscal restrictivo y volátil.
Además, atraer inversión privada se vuelve cada vez más complicado en un escenario de creciente escrutinio geopolítico. La inversión extranjera directa, especialmente la de origen chino, está siendo sometida a controles más estrictos, lo que limita el acceso a capital para proyectos tecnológicos urbanos. Las ciudades que desean fomentar ecosistemas locales de innovación, incubadoras digitales o clústeres tecnológicos deben navegar un entorno regulatorio en el que las decisiones de inversión están condicionadas por consideraciones estratégicas nacionales y por la alineación geopolítica de sus socios.
Ante este panorama, se impone una transformación profunda en la gobernanza urbana. El ideal de eficiencia tecnológica debe ser complementado con estrategias de resiliencia estructural y autonomía estratégica. Esto implica aplicar marcos de autonomía estratégica definidos por la UE a nivel local: desarrollar capacidades propias en sectores clave, fomentar el talento tecnológico, crear alianzas entre universidades, empresas y gobiernos locales, y fortalecer infraestructuras críticas con criterios de soberanía tecnológica y sostenibilidad. La resiliencia urbana, más allá de resistir choques externos, debe entenderse como la capacidad de adaptarse proactivamente, anticipar riesgos y actuar con visión de futuro.
Finalmente, las ciudades deben convertirse en actores diplomáticos por derecho propio. La llamada “diplomacia urbana” emerge como una herramienta clave para construir redes internacionales resilientes, atraer inversión sostenible, intercambiar buenas prácticas y posicionarse estratégicamente en la geopolítica global. La creación de capacidades internas de prospectiva geopolítica permitirá a los gobiernos urbanos identificar oportunidades y amenazas en un entorno global cada vez más dinámico e incierto.
El futuro de las ciudades europeas dependerá de su capacidad para adoptar un enfoque estratégico integral que combine innovación tecnológica, resiliencia institucional, autonomía económica y liderazgo climático. Este enfoque debe trascender la eficiencia operativa para abrazar una visión estructural del desarrollo urbano, en la que las ciudades no solo respondan a las fuerzas globales, sino que también contribuyan activamente a modelar el futuro del orden global desde lo local.
