A comienzos de 2025, más de 800 millones de personas viven en barrios marginales, reflejo de una urbanización desbordada y de políticas de vivienda insuficientes en gran parte del mundo en desarrollo. Esta realidad no solo plantea un desafío humanitario y social, sino que está redefiniendo las dinámicas económicas, políticas y estratégicas a escala global. El presente análisis examina los diez países con mayores poblaciones en asentamientos informales, contextualizando el fenómeno dentro de los cambios geoeconómicos y geopolíticos del siglo XXI
A inicios de 2025, el fenómeno de los barrios marginales continúa siendo uno de los desafíos estructurales más críticos para las sociedades urbanas del mundo en desarrollo. A pesar de décadas de esfuerzos por parte de organismos multilaterales, gobiernos nacionales y actores no gubernamentales para reducir la pobreza urbana y mejorar el acceso a la vivienda digna, las cifras actuales reflejan una realidad persistente y, en muchos casos, en expansión. De acuerdo con estimaciones conjuntas de ONU-Hábitat, el Banco Mundial y Worldometer, más de 800 millones de personas viven hoy en condiciones de barrio marginal (slums). Esta cifra equivale a más del 10% de la población mundial y representa un reto multidimensional que incide directamente en la estabilidad social, el desarrollo económico y la gobernabilidad de numerosos países.
Un barrio marginal —también denominado asentamiento informal o vivienda infranormal— se caracteriza por la falta de acceso seguro a servicios básicos como agua potable, saneamiento, energía, recolección de residuos y transporte público; viviendas construidas con materiales precarios o no regulados; hacinamiento; y, en muchos casos, la ausencia de derechos legales sobre la tierra. Este tipo de hábitat urbano no sólo refleja una carencia estructural de vivienda formal, sino que constituye un entorno de exclusión que limita las oportunidades educativas, laborales y sanitarias de sus habitantes, perpetuando un ciclo intergeneracional de pobreza y marginación.
Los diez países que concentran las mayores poblaciones en barrios marginales son India, Nigeria, Bangladesh, Pakistán, Indonesia, Brasil, la República Democrática del Congo, Etiopía, Filipinas y Kenia. Estos países no sólo comparten características demográficas similares —altas tasas de crecimiento poblacional y migración rural-urbana—, sino que también enfrentan sistemas de planificación urbana limitados, una capacidad institucional insuficiente y marcos regulatorios fragmentados en cuanto a políticas de vivienda y tenencia de tierra. En conjunto, albergan a más de 550 millones de personas en condiciones de informalidad urbana, lo que representa alrededor del 68% de la población mundial que vive en barrios marginales.
India encabeza con diferencia esta lista, con una estimación de 262 millones de personas viviendo en condiciones informales, una cifra que representa casi el 18% de su población total. Ciudades como Mumbai, Delhi y Kolkata enfrentan una presión demográfica colosal, con vastas extensiones de asentamientos informales como Dharavi, donde la densidad poblacional puede superar los 300.000 habitantes por kilómetro cuadrado. A pesar de los planes de renovación urbana como el “Pradhan Mantri Awas Yojana”, la capacidad de implementación ha sido lenta y fragmentada. Esta situación no solo plantea desafíos de equidad social, sino que también genera condiciones de vulnerabilidad para la economía urbana, dado que gran parte de la fuerza laboral reside en estos entornos.
En segundo lugar se sitúa Nigeria, con aproximadamente 64 millones de personas viviendo en barrios marginales. Lagos, la capital económica del país, ha crecido explosivamente hasta superar los 20 millones de habitantes, pero el desarrollo infraestructural y la provisión de servicios básicos no han seguido el mismo ritmo. El crecimiento descontrolado de asentamientos como Makoko, una comunidad flotante parcialmente construida sobre la laguna, simboliza la desconexión entre planificación estatal y dinámica urbana. Esta situación es representativa de muchos países africanos donde la urbanización avanza en ausencia de una gobernanza efectiva del territorio, lo que agrava los conflictos sociales, alimenta la economía informal y, en muchos casos, debilita la cohesión estatal.
Bangladesh y Pakistán, ambos con poblaciones en barrios marginales que superan los 40 millones, reflejan otra dimensión del problema: la densidad extrema en zonas urbanas sin planificación. Dhaka y Karachi, megaciudades que funcionan como centros industriales y comerciales regionales, enfrentan crisis habitacionales crónicas donde la infraestructura existente es obsoleta, fragmentaria o simplemente inexistente en los márgenes urbanos. Esta situación tiene consecuencias directas en la competitividad económica y la estabilidad social, ya que amplios sectores de la población viven sin acceso al agua potable, servicios de salud adecuados o transporte público seguro, condiciones que limitan el crecimiento sostenible y acentúan la vulnerabilidad a riesgos climáticos y sanitarios.
Indonesia y Brasil, con más de 30 millones de habitantes cada uno en barrios marginales, representan casos donde se han impulsado ambiciosos programas de renovación urbana y reasentamiento, aunque con resultados mixtos. En Brasil, por ejemplo, el programa “Minha Casa, Minha Vida” buscó ampliar el acceso a la vivienda social, pero ha sido criticado por su débil ejecución, corrupción y por no abordar integralmente la informalidad en las favelas. En Yakarta y São Paulo, el contraste entre las zonas planificadas y las áreas de informalidad subraya una profunda segregación urbana que afecta la movilidad, el acceso al empleo y la integración económica. Estos desequilibrios urbanos tienen un impacto directo en las tensiones políticas internas y en la percepción de legitimidad del Estado.
La República Democrática del Congo, con más de 31 millones de personas en asentamientos informales, se ha convertido en uno de los casos más preocupantes del África subsahariana. Con una de las tasas de urbanización más aceleradas del mundo, el país carece de políticas públicas estructuradas para responder a las necesidades básicas de una población urbana creciente. Kinshasa, una de las ciudades de más rápido crecimiento en el planeta, enfrenta desafíos de seguridad, salud pública y administración territorial, exacerbados por la debilidad institucional y los conflictos armados que afectan otras regiones del país.
Etiopía, Filipinas y Kenia completan la lista con entre 10 y 22 millones de habitantes en condiciones informales. Aunque sus economías han mostrado signos de dinamismo y modernización, los beneficios de dicho crecimiento no se han traducido en mejoras urbanas estructurales para las capas más pobres de la población. En Nairobi, Manila o Addis Abeba, los barrios marginales se entrelazan con zonas financieras y centros de poder político, generando un paisaje urbano fragmentado que reproduce la desigualdad y erosiona la gobernabilidad urbana.
Desde una perspectiva geoeconómica, la existencia de grandes poblaciones urbanas en condiciones de precariedad habitacional representa un freno significativo al desarrollo sostenible y a la competitividad internacional de estos países. Las ciudades son motores del crecimiento económico, pero cuando la mayoría de su población vive al margen del sistema formal, las bases para un desarrollo inclusivo y resiliente se debilitan. Esto afecta la productividad, desincentiva la inversión extranjera y aumenta los costos de transacción económica. Además, las crisis sanitarias, como las pandemias, encuentran en estos entornos un terreno fértil para su propagación, generando externalidades negativas que pueden trascender fronteras nacionales.
En el plano geopolítico, la expansión de barrios marginales en el Sur Global tiene implicancias críticas. Las desigualdades urbanas pueden ser fuente de inestabilidad social, protestas masivas y movimientos populistas que desafían el orden político. En contextos de debilidad institucional, estos factores pueden derivar en crisis de gobernabilidad, conflictos internos y flujos migratorios descontrolados, lo que a su vez impacta en la seguridad regional e internacional. Además, la urbanización informal desafía los marcos normativos de planificación y gestión del territorio, dificultando la implementación de políticas climáticas y de adaptación al cambio global, particularmente en ciudades costeras vulnerables al aumento del nivel del mar o eventos climáticos extremos.
En conclusión, la concentración de grandes masas humanas en condiciones de barrio marginal no es simplemente un fenómeno urbano o humanitario, sino un problema estructural con profundas ramificaciones económicas, sociales y geopolíticas. Abordar esta realidad requiere no sólo inversión en infraestructura y vivienda, sino una transformación profunda de los marcos de gobernanza urbana, planificación territorial y justicia social. La urbanización no puede ser vista únicamente como una oportunidad económica; debe entenderse como un proceso político y social que definirá la forma de vida de la humanidad en el siglo XXI.
