La retirada del país de la CEDEAO supone un duro revés para una transición ya de por sí difícil: del Estado golpista al gobierno constitucional.
Emmanuel Yeboah, Analista de Investigación, CDD-Ghana y Red de Solidaridad Democrática de África Occidental
Enoch Randy Aikins, Investigador, Futuros Africanos e Innovación, ISS
Institute for Security Studies
Los líderes de los dos golpes de Estado que se produjeron en Burkina Faso en 2022 citaron la inseguridad y diversas formas de desgobierno como razones para sus tomas de poder militares. Ambos prometieron restablecer el orden constitucional antes de junio de 2024, según lo acordado en el marco de transición coordinado por la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO).
El capitán Ibrahim Traoré, que encabezó el segundo golpe y es el presidente interino del país, se comprometió a luchar contra el terrorismo y a respetar el calendario de transición de la CEDEAO. Pero Burkina Faso, junto con sus vecinos Malí y Níger (países que también sufrieron golpes de Estado en los últimos años), han notificado su retirada inmediata de la CEDEAO. Esta decisión aumenta las dudas sobre la capacidad de Burkina Faso para cumplir sus plazos de transición.
La hoja de ruta transitoria actualizada del 14 de octubre de 2022 establecía cuatro objetivos principales para el nuevo régimen. El primer compromiso de Traoré era luchar contra el terrorismo y restaurar la integridad territorial del país. El gobierno reorganizó las fuerzas de defensa y seguridad, adquirió nuevos equipos militares y contrató a unos 10.000 oficiales del ejército y la marina.
La contratación de 90.000 Voluntarios para la Defensa de la Patria recibió respuestas dispares por parte del ejército y de la opinión pública, debido a la preocupación por su formación, supervisión y perspectivas a largo plazo, todo lo cual podría empeorar la inseguridad. El gobierno también creó el Fondo de Apoyo Patriótico para impulsar la participación ciudadana en los esfuerzos de seguridad. La iniciativa recibió financiación de multinacionales, incluidas empresas mineras.
Burkina Faso ha reforzado su cooperación política y militar con Malí y Níger, aunque, como demuestra la retirada de la CEDEAO, esto se ha producido a expensas de unos lazos regionales más fuertes y, en algunos casos, internacionales. El pasado septiembre, estos tres países formaron la Alianza de Estados del Sahel para combatir el terrorismo y promover la cooperación económica. La alianza les da cobertura política y apoyo ante la creciente presión de la CEDEAO y otras instituciones regionales para que cumplan sus plazos de transición.
Sin embargo, a pesar de estas iniciativas, la seguridad en Burkina Faso ha empeorado. Según el Centro Africano de Estudios Estratégicos, las muertes causadas por la violencia islamista militante casi se han triplicado en comparación con los 18 meses anteriores al golpe de enero de 2022, y la violencia ha aumentado un 46%. Esta tendencia, combinada con la extensión de las actividades extremistas en torno a Uagadugú, sitúa a Burkina Faso al borde del colapso.
El segundo compromiso de Traoré fue hacer frente a la crisis humanitaria del país. Con casi dos millones de desplazados internos y más de 36.000 refugiados, Burkina Faso necesita unos 877 millones de dólares para proporcionar ayuda esencial, refugio, atención sanitaria y apoyo. Pero el déficit de financiación persiste, con consecuencias nefastas para los necesitados.
En cuanto al tercer objetivo de reconstruir el Estado y mejorar la gobernanza, la junta ha aprobado una nueva legislación importante contra el clientelismo y el patrocinio político en la función pública. La lucha contra la corrupción condujo a la detención de Vincent Dabilgou, ex ministro de Transportes, y de otras cuatro personas que fueron condenadas a 11 años de prisión por malversación y blanqueo de dinero. Pero, en general, los avances en la aplicación de las reformas y la lucha contra la corrupción han sido lentos, lo que suscita dudas sobre el compromiso del gobierno con este objetivo.
La última de las promesas de Traoré fue supervisar la celebración de elecciones para restablecer el régimen constitucional y democrático. A escasos cinco meses del final de la transición, no se aprecia urgencia en este aspecto. En una entrevista en la televisión estatal el pasado septiembre, Traoré afirmó que su prioridad era hacer frente a la inseguridad y salvaguardar la nación, no las elecciones.
Esto hizo temer a los partidos políticos que los comicios se retrasaran, sobre todo porque los preparativos técnicos no han comenzado. La mala situación de la seguridad también podría ofrecer un pretexto para posponer las elecciones indefinidamente. La retirada de la CEDEAO agrava estos temores, teniendo en cuenta que el plazo de las elecciones se acordó con el organismo regional.
También es preocupante que los partidos políticos se quejen de la falta de diálogo y hayan pedido el fin de la suspensión de sus actividades. La sociedad civil ha denunciado el uso represivo de la Ley de Movilización General de Abril de 2023, y varios de sus representantes que criticaban las decisiones del gobierno en materia de seguridad se han visto obligados a unirse a los Voluntarios para la Defensa de la Patria. También hay acusaciones de abusos por parte de miembros de las fuerzas de defensa, que las autoridades niegan.
El gobierno afirma que está controlando las comunicaciones como parte de sus medidas para derrotar a los grupos yihadistas. Pero las autoridades no deberían ignorar las peticiones de un enfoque más consensuado que proteja a los civiles, especialmente cuando la cohesión nacional es vital para la seguridad y la gobernanza duradera del Estado.
Más allá de estas preocupaciones, el país se ha alejado aún más de sus antiguos aliados internacionales. Aunque Traoré ha mantenido un velo de secretismo sobre sus alianzas, el aumento constante de soldados rusos en las misiones, el aterrizaje de aviones rusos y una visita al Kremlin en julio de 2023 sugieren nuevos vínculos con Rusia.
Estos vínculos se forjaron poco después de que finalizaran las operaciones francesas en Burkina Faso. El 6 de agosto de 2023, Francia suspendió la ayuda al desarrollo y presupuestaria al país después de que la junta apoyara a los golpistas de Níger. En respuesta, el gobierno de Burkina denunció el tratado de doble imposición con Francia, y Air France suspendió todos los vuelos hacia y desde Uagadugú y Bamako.
Todos estos retos ofrecen lecciones para los países en transición tras golpes militares. Las reformas electorales e institucionales son vitales para fortalecer el panorama político. Y las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel clave a la hora de contrarrestar la desinformación y la desinformación que socavan la democracia. El espacio para la acción cívica y la educación en comunicación digital es, sin embargo, limitado en el actual entorno político, y las OSC tendrán que elaborar estrategias al respecto.
Por último, la CEDEAO debería revisar sus protocolos sobre democracia y buena gobernanza para que el bloque pueda hacer frente a los retos contemporáneos. Se han detectado deficiencias, como la ausencia de límites a los mandatos. El protocolo se ha utilizado durante más de dos décadas, y el aumento de golpes de Estado y cambios inconstitucionales de gobierno, así como las recientes retiradas, sugieren que las reformas son vitales.
Los grandes retos a los que se enfrenta la transición de Burkina Faso se ven agravados por su decisión de salir de la CEDEAO. La retirada cuestiona no sólo el compromiso de la junta de celebrar elecciones antes de junio de 2024, sino todo el proceso de transición. La decisión, junto con los conflictos internos, la escalada de los problemas de seguridad y los cambios diplomáticos, ponen de manifiesto la fragilidad de la transición en Burkina Faso. Urge dialogar sobre la retirada y el calendario de la transición.