Bosnia y Herzegovina transita un complejo y prolongado camino hacia su integración en la Unión Europea, marcado por tensiones internas, estructuras institucionales frágiles y la influencia de actores geopolíticos externos. A pesar de avances formales como el estatus de país candidato, los obstáculos estructurales y políticos siguen condicionando el ritmo del proceso
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Bosnia y Herzegovina constituye uno de los escenarios más delicados y paradigmáticos dentro del proceso de ampliación de la Unión Europea (UE) hacia el sudeste europeo. Su trayectoria de adhesión, marcada por avances tímidos y obstáculos persistentes, revela no solo las complejidades institucionales internas del país, sino también las tensiones latentes en el equilibrio geopolítico de la región de los Balcanes Occidentales. La incorporación de este Estado, profundamente afectado por los legados de la guerra y dividido en líneas étnicas, no es simplemente un acto administrativo de integración supranacional, sino un movimiento que podría redefinir las dinámicas de seguridad, cohesión regional y competencia estratégica en una de las fronteras más sensibles del continente europeo.
Desde la firma de los Acuerdos de Dayton en 1995, que pusieron fin a uno de los conflictos más sangrientos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Bosnia y Herzegovina se ha estructurado como un Estado federal compuesto por dos entidades autónomas —la Federación de Bosnia y Herzegovina, de mayoría bosníaco-croata, y la República Srpska, de mayoría serbia— y una unidad administrativa adicional, el Distrito de Brčko. Este diseño institucional, concebido como un mecanismo de paz y equilibrio, ha derivado en una arquitectura estatal disfuncional, caracterizada por la fragmentación administrativa, la superposición de competencias y el uso frecuente del veto étnico como herramienta de bloqueo político. Este entramado ha resultado en una parálisis legislativa crónica y en una incapacidad estructural para implementar reformas fundamentales, especialmente aquellas exigidas por Bruselas como condición previa para avanzar en el proceso de adhesión.
La Unión Europea ha mantenido una presencia activa en Bosnia y Herzegovina a través de múltiples mecanismos: misiones de paz como EUFOR Althea, asistencia financiera a través del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA), y apoyo técnico para la consolidación institucional. No obstante, el impacto de estas intervenciones ha sido limitado frente a la persistencia de la corrupción sistémica, la falta de independencia judicial, la debilidad del Estado de Derecho y la politización extrema de la administración pública. En el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, Bosnia y Herzegovina ocupa los puestos más bajos entre los países de los Balcanes, lo cual desalienta la inversión extranjera directa y frena el desarrollo económico sostenible.
La obtención del estatus de país candidato en octubre de 2022, confirmado por el Consejo Europeo en diciembre del mismo año, representó un avance simbólico importante, aunque más diplomático que estructural. En diciembre de 2023, el Consejo Europeo anunció su disposición a abrir formalmente las negociaciones de adhesión una vez que el país logre un grado suficiente de cumplimiento de los 14 criterios esenciales identificados por la Comisión Europea en su dictamen de 2019. Estos criterios incluyen reformas clave en áreas como la funcionalidad del sistema judicial, la lucha contra la corrupción, la protección de los derechos fundamentales y la libertad de prensa. Sin embargo, el progreso en estos frentes ha sido lento, con divisiones internas que continúan obstaculizando un consenso político mínimo.
Uno de los desafíos centrales radica en la falta de voluntad política para acometer transformaciones profundas que limiten los márgenes de poder de las élites locales. La transferencia de competencias a nivel supranacional, condición necesaria para una integración efectiva en la UE, es percibida por muchos actores internos como una amenaza a sus prerrogativas. Esto se traduce en bloqueos legislativos, tácticas dilatorias y un uso instrumental del discurso europeísta para obtener legitimidad internacional sin comprometerse realmente con las reformas estructurales. Paradójicamente, todos los partidos se declaran a favor de la adhesión, pero pocos están dispuestos a asumir el coste político de los cambios requeridos para hacerla viable.
En este contexto, las influencias externas desempeñan un papel determinante. Potencias como Rusia, Turquía y China han intensificado su presencia política, económica y cultural en Bosnia y Herzegovina, desafiando la hegemonía normativa de la Unión Europea. Rusia, en particular, ha apoyado abiertamente las posturas secesionistas de la República Srpska, socavando los esfuerzos europeos por mantener la integridad territorial y la cohesión institucional del país. Turquía, por su parte, mantiene estrechos vínculos con los líderes bosníacos, mientras que China ha incrementado sus inversiones en infraestructura dentro del marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, lo cual ofrece alternativas a la financiación europea sin las mismas condiciones basadas en las reglas democráticas que imponen el resto de donantes e instituciones. Este juego de influencias convierte a Bosnia y Herzegovina en un tablero de competencia geoestratégica donde se enfrentan modelos de gobernanza divergentes: el liberal-democrático europeo y el autoritario-cliente de otros actores globales.
El factor étnico sigue siendo determinante tanto en la configuración del poder interno como en la orientación geopolítica de sus comunidades. Una encuesta del National Democratic Institute de 2019 mostraba un apoyo abrumador a la integración europea entre los bosníacos (88%) y los croatas (75%), mientras que en la República Srpska este apoyo descendía al 54%, con un 39% de rechazo explícito. Este desequilibrio refleja no solo diferencias identitarias e históricas, sino también expectativas económicas divergentes. Para muchos serbios de Bosnia, alinearse con la UE no garantiza beneficios tangibles y se percibe como un paso hacia la dilución de su autonomía. Además, el nacionalismo étnico sigue siendo instrumentalizado por las élites locales para reforzar sus bases de poder, alimentando una narrativa de victimización y amenaza externa que dificulta cualquier forma de consenso pluralista.
Desde una perspectiva geoeconómica, la integración de Bosnia y Herzegovina en la UE tiene el potencial de transformar profundamente su estructura productiva y su inserción en las cadenas de valor regionales. Con una economía aún muy dependiente de las remesas, el sector público y las transferencias internacionales, el país necesita diversificar su base industrial, modernizar su infraestructura y mejorar su entorno empresarial. El acceso al mercado único europeo podría atraer inversión extranjera, favorecer la convergencia tecnológica y reducir la emigración de capital humano calificado, uno de los mayores problemas estructurales del país. Sin embargo, para que estos beneficios se materialicen, es imprescindible que se implementen marcos regulatorios estables, se combata la captura del Estado por intereses particulares y se garantice la seguridad jurídica.
Desde el punto de vista geopolítico, la ampliación de la UE hacia los Balcanes Occidentales, y en particular hacia Bosnia y Herzegovina, tiene una relevancia estratégica que trasciende los límites del proyecto europeo. La inclusión efectiva de este país contribuiría a cerrar un vacío de gobernanza que ha sido históricamente explotado por potencias externas, fortalecería el flanco sudeste de la OTAN y consolidaría una zona de estabilidad frente a escenarios de fragmentación estatal o radicalización. En un momento en el que Europa se enfrenta a amenazas híbridas, conflictos prolongados como el de Ucrania y una competencia creciente por zonas de influencia, la estabilización de los Balcanes no es solo un acto de solidaridad regional, sino una inversión en la resiliencia estratégica del continente.
Tal y como está la situación actualmente, el camino de Bosnia y Herzegovina hacia Bruselas está plagado de obstáculos estructurales, resistencias internas y presiones externas. Sin embargo, sigue representando una de las principales apuestas de la UE por extender su modelo de integración y gobernanza a una región históricamente inestable pero vital para la seguridad y cohesión europea. La clave estará en la capacidad de los actores internos para superar sus divisiones, en el compromiso sostenido de la UE con una política de ampliación coherente y ambiciosa, y en la habilidad de ambos para transformar el proceso de adhesión en una palanca efectiva de democratización, desarrollo económico y estabilidad duradera.
