Para contrarrestar la escalada de violencia de los grupos islamistas militantes en el Sahel será necesaria una mayor presencia de las fuerzas de seguridad y un mayor acercamiento a las comunidades locales.
Por Pauline Le Roux
Investigadora adjunta visitante en el Centro Africano de Estudios Estratégicos
En los últimos años, el Sahel ha experimentado el aumento más rápido de la actividad de los grupos islamistas militantes que cualquier otra región africana. Los eventos violentos que involucran a grupos extremistas en la región se han duplicado cada año desde 2015. En 2019, se han producido más de 700 episodios violentos de este tipo y las víctimas mortales vinculadas a estos sucesos han aumentado de 225 a 2000 durante el mismo periodo. Este aumento de la violencia ha desarraigado a más de 900.000 personas, 500.000 de ellas en Burkina Faso solo en 2019.
Tres grupos, el Frente de Liberación de Macina (FLM), el Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) y Ansaroul Islam, son responsables de aproximadamente dos tercios de la violencia extremista en el Sahel central. Sus ataques se concentran principalmente en el centro de Malí, el norte y el este de Burkina Faso, y el oeste de Níger. Para hacer frente a esta crisis se han desplegado múltiples respuestas en materia de seguridad y desarrollo. Aunque se han logrado algunos avances, la continua escalada de violencia extremista pone de manifiesto que aún queda mucho por hacer.
Lecciones de la lucha contra el FLM, la ISGS y Ansaroul Islam
El FLM, la ISGS y Ansaroul Islam son organizaciones autónomas con áreas geográficas, liderazgo y modalidades diferenciadas. No obstante, de sus operaciones se desprenden ciertos rasgos comunes.
Explotación de los agravios para la radicalización
Cada grupo, en particular el FLM y Ansaroul Islam, ha incorporado hábilmente los agravios locales para crear narrativas de reclutamiento centradas en la marginación percibida. Con frecuencia, estos esfuerzos se han dirigido a los jóvenes pastores fulani, avivando sus sentimientos de injusticia y resentimiento hacia el gobierno. Aunque carecen de un profundo apoyo local, los grupos militantes han utilizado esta narrativa del agravio para radicalizar a los individuos.
Tanto el FLM como Ansaroul Islam se han beneficiado del carisma, la ideología y el compromiso personal de sus líderes para atraer seguidores. El fundador del FLM, Amadou Koufa, se radicalizó a través de viajes y contactos extranjeros que promovían una visión ultraconservadora del Islam. A su vez, desempeñó un papel directo en la radicalización de Ibrahim Malam Dicko, que más tarde fundaría Ansaroul Islam. Tanto Koufa como Dicko utilizaron sus credenciales religiosas como predicadores fulani para promulgar sus puntos de vista. Los tres grupos han utilizado los medios de comunicación tradicionales, como la radio, junto con redes sociales como WhatsApp, Telegram y Facebook, para difundir sus mensajes, avivar las tensiones con el Gobierno e impulsar el reclutamiento.
Estos grupos también han aprovechado los agravios para fomentar la discordia entre comunidades e incitar a la violencia. El ISGS ha explotado la ira por el robo de ganado para exacerbar las tensiones entre los nómadas tuareg, considerados ladrones de ganado, y los pastores fulani a lo largo de la frontera entre Níger y Malí. La creciente animosidad entre los dos grupos ha aumentado la inseguridad en estas zonas. Asimismo, el FLM ha aprovechado los agravios locales más arraigados para explotar las divisiones sociales entre los fulani y otros grupos locales como los bambara y los dogon. Estas recriminaciones han degenerado en enfrentamientos étnicos en el centro de Malí.
Ibrahim Dicko siguió una estrategia similar al criticar las jerarquías religiosas y tradicionales que organizaban la política y la sociedad en la provincia de Soum, en Burkina Faso. Dicko argumentó que el orden social en Soum beneficiaba desproporcionadamente a los jefes tradicionales y a los líderes religiosos a expensas de la población en general. Cuando las fuerzas de seguridad que buscaban a los militantes islamistas de Malí emplearon tácticas de mano dura en Soum, Dicko entretejió los acontecimientos en una narrativa de agravio dirigida tanto al gobierno central como a la presunta complicidad de los líderes tradicionales para lanzar la campaña violenta de Ansaroul Islam.
Aunque estos grupos se benefician de la propagación de la inseguridad, hasta ahora no han logrado generar un apoyo significativo entre las comunidades locales. Aun así, sus tácticas complican el reto de seguridad al que se enfrentan los gobiernos de la región.
Socavar el gobierno
Como parte de su esfuerzo por cuestionar la autoridad gubernamental en las zonas periféricas en las que operan, el FLM, Ansaroul Islam e ISGS han atacado a las fuerzas de seguridad, profesores, funcionarios y miembros de la comunidad considerados colaboradores de los representantes del gobierno. El vacío creado por la menor presencia gubernamental da a los grupos militantes más influencia para imponerse en las comunidades afectadas. Con el tiempo, una parte cada vez mayor de las actividades de estos grupos ha consistido en ataques violentos contra civiles. Ansaroul Islam ha destacado en este sentido, con el 55% de los sucesos violentos atribuidos al grupo dirigidos contra civiles.
Así pues, las comunidades intimidadas se han vuelto reacias a colaborar con las fuerzas de seguridad. En ocasiones, esto ha fomentado la desconfianza de las fuerzas de seguridad, especialmente en Malí y Burkina Faso, lo que ha dado lugar a represalias colectivas y abusos contra los derechos humanos. Esto ha deteriorado aún más los niveles de confianza entre las comunidades y las fuerzas de seguridad.
El FLM y Ansaroul Islam han tratado activamente de vincular este ciclo a sus narrativas de radicalización, destacando los abusos y el desinterés de los gobiernos por las comunidades locales. En cambio, ISGS no parece haber desarrollado una narrativa ideológica sostenida o cohesionada. En lugar de ganarse a la población, el grupo se ha centrado en ampliar el campo de batalla y explotar las fronteras nacionales empleando tácticas muy móviles para atacar objetivos en Malí, Burkina Faso y Níger.
Alto grado de adaptación y coordinación
Otra característica común de los tres grupos es su capacidad de adaptación y coordinación. La aparición de Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimeen (JNIM) en 2017, una coalición de grupos islamistas militantes en la región del Sahel, refleja una compleja estructura organizativa que sirve a múltiples propósitos. Aunque no es una entidad operativa en sí misma, la JNIM facilita las comunicaciones y la coordinación entre los grupos afiliados, mitigando las luchas internas. Prueba de ello es la concentración geográfica de las actividades de sus grupos miembros. Al igual que otras asociaciones paraguas, JNIM también protege a sus miembros individuales de la atención no deseada. Por ejemplo, aunque el FLM es el principal actor militante en el centro de Malí, su alianza estratégica a través de la JNIM oculta el alcance de las actividades del FLM y le permite mantener un perfil internacional relativamente bajo evitando una mayor atención extranjera.
Aunque no forma parte oficialmente de la coalición, el ISGS mantiene estrechos vínculos con los miembros del JNIM, lo que facilita la coordinación de sus respectivas actividades. La capacidad y disposición del ISGS para coordinarse con el JNIM les permite desconflictuar sus actividades al tiempo que amplían las zonas en las que operan los militantes. La coordinación también demuestra que, a pesar de haberse separado formalmente de la red Al Qaeda en 2015, el ISGS sigue operando como una filial de Al Qaeda, aunque mantiene una alianza nominal con el ISIS.
Ansaroul Islam sufrió una transición de liderazgo tras la muerte de Dicko en 2017 que dio lugar a un aumento de los atentados reivindicados durante 2018. Posteriormente, el número de sucesos violentos atribuidos a Ansaroul Islam ha disminuido drásticamente. Sin embargo, a medida que las actividades declaradas de Ansaroul Islam han disminuido, los ataques vinculados al JNIM han aumentado en el norte de Burkina Faso, lo que sugiere que muchos combatientes de Ansaroul Islam pueden haberse unido a las filas de la coalición o simplemente haberse pasado a la delincuencia. Así pues, aunque la degradación de las capacidades de Ansaroul Islam apunta a los efectos de una presión militar sostenida, la adaptabilidad de los grupos islamistas militantes de la región sigue frustrando los esfuerzos por derrotarlos.
Iniciativas prometedoras en marcha en la región
A pesar de los numerosos retos a los que se enfrentan, las fuerzas de seguridad, los funcionarios del gobierno, las ONG y las comunidades locales han emprendido una serie de iniciativas prometedoras para combatir la amenaza que suponen el FLM, el ISGS y Ansaroul Islam.
Respuestas en materia de seguridad
Los gobiernos de Malí, Burkina Faso y Níger han movilizado sus estructuras de seguridad en un esfuerzo por responder al aumento de la violencia de los grupos islamistas militantes. Los presupuestos dedicados a las fuerzas armadas en los tres países afectados se han duplicado desde 2013: del 5,4% del gasto público, de media, al 10,6%. Esto equivale a un aumento de casi 600 millones de dólares en gastos militares para estos tres países.
El aumento del gasto en seguridad ha ido acompañado de un incremento de los efectivos militares. El ministro de Defensa de Burkina Faso anunció un aumento del 50% en el número de reclutas anuales en agosto de 2019. Como parte de una revisión de su sector de seguridad, las fuerzas armadas y la gendarmería de Malí han tratado de añadir 5.000 y 1.500 nuevos reclutas (aumentos de alrededor del 30 por ciento y 18 por ciento), respectivamente. El número de tropas nigerianas se ha mantenido en torno a los 10.000 soldados en los últimos años, pero el aumento del gasto militar ha incrementado los salarios de las tropas y la adquisición de equipos.
En 2017, las fuerzas armadas malienses lanzaron la Operación Dambé desplegando 4.000 soldados en 8 zonas que cubren el norte y el centro de Mali en un esfuerzo por contrarrestar las actividades de los grupos extremistas violentos. La misión, actualizada en 2019, consiste en establecer una postura centrada en la población en Mali y a lo largo de la frontera con Burkina Faso y Níger. Estos esfuerzos se complementan con unidades móviles desplegadas para interrumpir las actividades de los grupos militantes islamistas mediante el aumento de las patrullas. Aunque continúan las amenazas del FLM en el centro de Malí, el aumento de la presencia de las fuerzas de seguridad ha frenado sin duda la influencia del grupo extremista en núcleos de población clave de la región.
Las fuerzas armadas burkinesas lanzaron la Operación Otapuanu en marzo de 2019 para contrarrestar la insurgencia yihadista en el este del país y la Operación Ndofou en mayo de 2019 para las regiones Norte, Centro-Norte y Sahel. El gobierno burkinés también declaró el estado de emergencia en diciembre de 2018, que abarca 14 de las 45 provincias del país. La Operación Otapuanu ha tenido cierto éxito al limitar la capacidad de ISGS para atravesar el territorio con facilidad. Por otro lado, la Operación Ndofou ha tenido dificultades para restablecer la seguridad en el norte, donde los militantes están familiarizados con el entorno y cruzan fácilmente la frontera con Mali aprovechando el terreno.
En Níger, el ejército ha dirigido varias operaciones conjuntas de fuerzas especiales con la operación Barkhane, dirigida por Francia, contra los líderes de los grupos islamistas militantes. Níger ha puesto repetidamente los 10 departamentos fronterizos con Malí y Burkina Faso bajo estado de emergencia. En abril de 2019, Níger proporcionó apoyo aéreo y aumentó las tropas comprometidas en operaciones militares activas en las regiones occidentales del país-Dongo, Saki 2 y las misiones conjuntas Dongo-Barkhane. Saki 2 tiene como objetivo a los bandidos armados, Dongo proporciona una mayor protección a las comunidades, y las operaciones conjuntas de Dongo con Barkhane tienen como objetivo desmantelar las organizaciones extremistas violentas yendo tras objetivos de alto valor. (Las fuerzas armadas de Malí y Burkina Faso llevan a cabo periódicamente operaciones conjuntas similares con Barkhane).
Esto se lleva a cabo a través de la Fuerza Conjunta del Sahel del G5 (destinada a mejorar la cooperación en las zonas fronterizas compartidas), las misiones de formación de la Unión Europea en Malí y Níger, la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) y otros programas de desarrollo de capacidades. Entre 2015 y 2019, la Operación Barkhane neutralizó a más de 600 terroristas. Del mismo modo, la capacidad de Barkhane para desplegar y reforzar rápidamente las fuerzas regionales mejora sus capacidades antiterroristas.
Si bien estos despliegues han demostrado avances notables, la amenaza que representan los grupos islamistas militantes sigue siendo una grave preocupación. Además, los grupos han adaptado sus tácticas colocando artefactos explosivos improvisados (IED), así como tendiendo emboscadas a las fuerzas de seguridad tras vigilar sus rutas de patrulla.
Reforzar la cohesión social
Un reto de seguridad paralelo que plantean el FLM, el ISGS y Ansaroul Islam es su amenaza a la cohesión social. Estos grupos han tratado deliberadamente de explotar las divisiones sociales para fomentar la inestabilidad. El resultado ha sido un aumento de la violencia entre comunidades. En Burkina Faso, esto amenaza la solidaridad social que históricamente ha proporcionado estabilidad entre las diversas comunidades del norte. Por ello, los esfuerzos para promover la consolidación de la paz y la cohesión social son vitales.
Algunas iniciativas pequeñas pero eficaces en Burkina Faso han intentado mitigar estas amenazas reforzando los lazos sociales. En cooperación con los líderes de la comunidad local, el Instituto Estadounidense de la Paz (USIP) inició en 2015 el Diálogo sobre Justicia y Seguridad en Saaba, provincia de Kadiogo, para explorar formas de mejorar el entorno de seguridad. En este diálogo participaron miembros de la Koglweogo (una milicia de autodefensa formada en su mayoría por hombres mossi), mujeres, organizadores comunitarios, representantes de la juventud y políticos locales. A través de este diálogo, la comunidad entabló un amplio intercambio con la policía y la gendarmería burkinesas. El diálogo ha contribuido a reducir las tensiones intercomunitarias y a restablecer la confianza entre las fuerzas de seguridad y los miembros de la comunidad.
Otras iniciativas han tratado de ofrecer una plataforma para las preocupaciones de las poblaciones vulnerables de la región. Dos organizaciones paraestatales, la Haute Autorité pour la Consolidation de la Paix (HACP) en Níger y el Centre de Suivi et d’Analyses Citoyens des Politiques publiques (CDCAP) en Burkina Faso, desempeñan un papel importante a la hora de implicar a los jóvenes y las comunidades sahelianas más susceptibles a los mensajes de los grupos islamistas militantes. En la región nigerina de Tillabéri, la HACP organiza diálogos comunitarios para hacer balance de los proyectos en curso y abordar las deficiencias. Cuando estos intercambios se organizan de forma rutinaria, permiten a las comunidades expresar sus preocupaciones y garantizar que se tienen en cuenta en la elaboración de las políticas públicas. Del mismo modo, en Burkina Faso, el CDCAP creó una red de la sociedad civil que recoge las contribuciones de las poblaciones de las regiones periféricas a través de grupos de consulta comunitarios («cadres de concertation communaux») para transmitir sus puntos de vista a las autoridades burkinesas. Los órganos representativos locales como éstos representan una oportunidad inestimable para poner en contacto a las autoridades tradicionales y a los jóvenes.
Las actividades del HACP y el CDCAP indican que ampliar la participación de la comunidad puede reducir los agravios y el resentimiento percibidos hacia el gobierno. Actividades similares pueden resultar útiles en el centro de Malí, ya que el gobierno y los grupos locales intentan restablecer la seguridad y ampliar la representación local. Hacerlo puede ayudar a reducir aún más el limitado apoyo a las organizaciones extremistas violentas.
Sin embargo, los actores que participan en iniciativas vinculadas al gobierno se han convertido muy a menudo en objetivos de gran valor para los grupos militantes. Todos los grupos, FLM, ISGS y Ansaroul Islam, han tenido como objetivo a líderes comunitarios en asesinatos y han aterrorizado a las comunidades matando a sospechosos de colaborar con el gobierno. Este fue el caso de una iniciativa similar en la región nigerina de Tillabéri, donde el ISGS tomó como objetivo a altos dirigentes tuaregs en un intento de aplastar los esfuerzos en curso por mejorar el diálogo intercomunitario. Por lo tanto, para que cualquier iniciativa de consolidación de la paz basada en la comunidad tenga éxito, es necesario proteger a los líderes comunitarios.
Ampliar el alcance del gobierno
Una realidad en el Sahel es el reto que supone para los gobiernos mantener una presencia en sus extensos territorios en un entorno de recursos muy limitados. Cualquier estrategia de gobernanza y seguridad para Malí, Níger y Burkina Faso requerirá, por tanto, la creación de redes con diversos actores no estatales, como líderes tradicionales, grupos comunitarios y ONG. Un ejemplo de ello es el sector de la justicia. En Burkina Faso, el Mouvement Burkinabè des droits de l’homme et des peuples (MBDHP) recibe denuncias, inicia acciones legales y acompaña a los clientes con abogados pro bono para quienes han sufrido conflictos. Esta importante labor contribuye a proporcionar algún recurso legal a las comunidades afectadas por la inseguridad. En otros lugares de África, se ha observado que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos que apoyan a las instituciones judiciales desbordadas aumentan la percepción de la justicia y, en consecuencia, incrementan la estabilidad.
Las ONG también pueden desempeñar un papel fundamental en la formación de las fuerzas de seguridad para que observen mejor los derechos humanos y hagan frente a posibles abusos. En Burkina Faso, organizaciones locales de la sociedad civil como el Centre d’information et de formation en matière de droits humains en Afrique (CIFDHA) y el MBDHP imparten formación sobre derechos humanos y sensibilización cultural a la policía y la gendarmería, al igual que organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja. Actualmente, estas formaciones deben ampliarse y adaptarse a todas las fuerzas de seguridad antes de su despliegue en las zonas afectadas por la violencia.
El sector de la educación es otro ámbito en el que la colaboración entre el gobierno, las ONG y las comunidades locales ha dado resultados. En el Sahel central, la mayoría de las escuelas públicas carecen de financiación y a menudo no pueden matricular a todos los niños, especialmente a los que siguen un modo de vida nómada. En consecuencia, los niños de las comunidades de pastores han asistido históricamente a escuelas coránicas. Estos alumnos están en desventaja porque no han pasado por un sistema educativo formal, lo que les hace menos empleables y potencialmente más propensos a la radicalización. La ONG con sede en Ouagadougou, l’Association IQRA, trabaja en colaboración con donantes extranjeros y líderes religiosos para crear y difundir un plan de estudios común para las escuelas coránicas.
Recomendaciones
A pesar de algunos pasos significativos para contrarrestar al FLM, ISGS y Ansaroul Islam, aún queda mucho por hacer. Dadas las estrategias polifacéticas desplegadas por estos grupos, será necesario un conjunto diverso de respuestas para derrotarlos.
Mantener una presencia de seguridad en las zonas marginadas
Mali, Níger y Burkina Faso han dado algunos pasos alentadores para contrarrestar al FLM, ISGS y Ansaroul Islam a través de las operaciones militares Dambé, Dongo, Otapuanu, Ndofou y Saki 2. Estas operaciones necesitan un apoyo continuado si se quiere degradar las capacidades de los grupos islamistas militantes. Complementar estas operaciones con fuerzas de reacción rápida mejorando la movilidad de unidades selectas para reforzar posiciones y atacar a los grupos islamistas militantes a medida que llega la inteligencia será crucial para derrotarlos. El concepto revisado de operaciones de 2019 en Malí refleja la necesidad de cambiar las estrategias hacia ofensivas de gran movilidad y refuerzos de reacción rápida para combatir las tácticas asimétricas de estos grupos.
Este es particularmente el caso en la lucha contra ISGS, que utiliza su propia movilidad rápida como una ventaja táctica sobre las fuerzas armadas de Níger, Burkina Faso y Malí. Aumentar la movilidad de determinadas unidades también reforzará la posición defensiva de las tropas estacionadas en bases estratégicas y contribuirá a desbaratar la capacidad de la coalición JNIM para coordinarse entre sí.
En el caso de las tropas ya desplegadas para proteger a las comunidades en las zonas cubiertas por estas operaciones, es necesario un mayor esfuerzo para integrar a los líderes y representantes comunitarios en la planificación de la seguridad. El establecimiento de equipos de enlace entre las comunidades y los batallones podría crear un punto de contacto entre las diferentes partes, ayudando a garantizar que las líneas de comunicación sean claras y estén abiertas. Mejorar la coordinación de esta manera reforzaría la capacidad de las tropas para responder a las necesidades de seguridad de las comunidades.
Un elemento clave para mantener una mayor presencia de seguridad en las zonas marginadas es proporcionar una mejor protección a los líderes y miembros de la comunidad que se relacionan con los representantes del gobierno y las fuerzas de seguridad, para que no teman las represalias de los extremistas violentos. En consecuencia, las fuerzas de seguridad deben garantizar a las comunidades que estarán protegidas. Esto es especialmente importante en la lucha contra el FLM, que está arraigado en muchas comunidades del centro de Malí.
Mejorar la seguridad en las regiones fronterizas
Las vastas y poco patrulladas regiones fronterizas de los países del Sahel ofrecen refugio a militantes islamistas. También proporcionan a estos grupos fuentes de ingresos explotables al conectarles con redes de tráfico de armas, drogas y personas, además de ofrecerles un territorio extenso sobre el que establecer esquemas de protección sobre las comunidades. El ISGS, en particular, se ha beneficiado tácticamente de esta situación y ha aumentado su acceso a equipos, financiación y comunicaciones, al tiempo que ha estrechado lazos con otras organizaciones extremistas activas en el Sahel.
La Fuerza Conjunta del G5 Sahel se encuentra en una posición única para ayudar en las regiones fronterizas, así como para proporcionar una plataforma que coordine y refuerce la colaboración regional en materia de seguridad. El G5 Sahel y las fuerzas armadas nacionales de Malí, Níger y Burkina Faso deberían considerar la posibilidad de desarrollar fuerzas de despliegue rápido u otras unidades no tradicionales capaces de responder a las amenazas que emanan de zonas terrestres extensas y a través de las fronteras de los países. Los gobiernos tendrán que considerar la reestructuración de sus fuerzas armadas para afrontar mejor los retos que plantean la guerra asimétrica y la gran movilidad de los adversarios. Para ello será necesario mejorar la coordinación y colaboración transfronterizas, incluyendo el intercambio de inteligencia.
Reforzar el compromiso del gobierno con las comunidades locales. Una lección constante de las ONG en Níger y Burkina Faso es que una presencia gubernamental comprometida en las comunidades locales puede permitir a los gobiernos recuperar el apoyo de las comunidades donde su autoridad ha sido desafiada por grupos islamistas militantes. Esto significa que en Malí y Burkina Faso la mejora de las relaciones entre los civiles y las fuerzas de seguridad debe ser una prioridad, y en Níger estas relaciones deben profundizarse. Apoyar a unas fuerzas armadas más profesionales contribuye directamente al éxito de las operaciones militares sobre el terreno y a la confianza que las comunidades locales depositan en las fuerzas de defensa y seguridad.
Al responder al FLM, ISGS y Ansaroul Islam de formas que a veces han violado los derechos humanos y abusado de las poblaciones locales, las fuerzas armadas malienses, burkinesas y, en menor medida, nigerinas pueden haber empujado a algunas personas vulnerables a unirse a estos grupos para protegerse o vengarse. Para evitar la reiteración de acciones tan perjudiciales, es fundamental que las respuestas de seguridad se apliquen de forma que las fuerzas armadas muestren el máximo nivel de profesionalidad y que las autoridades civiles garanticen una supervisión constante y estrecha de la actuación de las fuerzas de seguridad. Del mismo modo, para que cualquier iniciativa de consolidación de la paz sea eficaz, debe confiarse en que las fuerzas de seguridad garanticen la seguridad de los actores implicados en las conversaciones de paz e intercomunitarias.
Mejorar la capacidad de las autoridades para impartir justicia
Reforzar la percepción de que la justicia es posible ayudará a restablecer la confianza entre las comunidades y sus gobiernos. La aplicación efectiva y equitativa de la justicia indica a los ciudadanos que los grupos extremistas violentos se enfrentarán a repercusiones por la inestabilidad que han causado en la sociedad. La justicia también implica la rendición de cuentas por parte de los funcionarios corruptos y los agentes de seguridad que cometen abusos contra los derechos humanos (aunque sea en nombre de la lucha contra el terrorismo).
Muy pocas de las masacres cometidas en el Sahel central se han investigado a fondo. Y aún son menos los responsables que han comparecido ante la justicia. De diferentes maneras, el FLM, el ISGS y Ansaroul Islam han aprovechado esta narrativa para convencer a algunos individuos de que la mejor solución es exigir justicia en sus propios términos. Por tanto, es crucial reforzar la capacidad de investigación del poder judicial y de las fuerzas de seguridad en Malí, Burkina Faso y Níger. La injusticia y la supuesta falta de imparcialidad del Estado son aspectos esenciales de las narrativas que promueven el extremismo violento. Impartir justicia mediante sentencias y decisiones judiciales adecuadas reducirá el apoyo a los grupos militantes.
La creación de una gendarmería prévôtale (policía judicial militar) o servicio equivalente establecería la autoridad para hacer cumplir los procesos judiciales dentro de las fuerzas armadas desplegadas en zonas afectadas por conflictos. La gendarmería y la policía deberían estar dotadas del personal y los recursos necesarios para atender las denuncias de violaciones de derechos humanos. El desempeño de estas funciones reforzará la legitimidad institucional y aportará pruebas del compromiso de los gobiernos con el Estado de derecho. Se podría designar a determinadas tropas como «referentes en derechos humanos», antes y durante cualquier operación. Dicha designación otorgaría a esas tropas la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las disposiciones de los conflictos armados y del derecho internacional humanitario.
Los miembros de la gendarmería preventiva también deberían encargarse de reunir pruebas y proseguir la investigación de los sospechosos, incluidos los detenidos por cargos de terrorismo por las fuerzas armadas. Esto ayudaría a garantizar que los sospechosos se enfrentan al debido proceso y, en caso necesario, a una condena adecuada, limitando así la posibilidad de que los terroristas queden en libertad por falta de pruebas incriminatorias.
Contrarrestar las narrativas radicales que exacerban las tensiones sociales
El FLM, la ISGS y Ansaroul Islam han utilizado diversas plataformas mediáticas para promover un discurso radical y difundir una interpretación extremista del Islam que aboga por la violencia. Se cree que Amadou Koufa fue radicalizado por la secta pakistaní Dawa, un grupo que financió mezquitas y madrasas en Malí durante la década de 2000 y que se adhiere a una visión anacrónica del Islam.
Por tanto, para abordar el componente ideológico del enfoque de los islamistas militantes será necesario trabajar con los líderes religiosos para establecer y aplicar directrices que regulen la financiación de la educación y las actividades religiosas. Esto debería complementarse con esfuerzos para amplificar las voces de la no violencia, que durante mucho tiempo han sido la norma en el Sahel.
Hacer un seguimiento de la financiación externa y, cuando sea necesario, prohibir la financiación que apoye a grupos, escuelas o institutos religiosos que promuevan la violencia ayudaría a prevenir la difusión de narrativas extremistas. Estas medidas ayudarían a transmitir mensajes de coexistencia pacífica dentro de las comunidades religiosas y entre ellas, y evitarían que los miembros descontentos de la sociedad sintieran que la violencia es su mejor medio de expresión.