Anna van der Meulen
Unidad de Investigación de Conflictos de Clingendael
Periódicamente aparecen nuevas iniciativas, operaciones y coaliciones de lucha contra el terrorismo en el Sahel. Un importante efecto secundario negativo es que estas operaciones suelen tener graves repercusiones para las poblaciones locales. De hecho, a lo largo de los primeros meses de 2020, la violencia contra la población civil por parte de las fuerzas de seguridad del Estado saheliano se disparó en Burkina Faso, Malí y Níger, a medida que las fuerzas locales y extranjeras intensificaban sus operaciones. Por tanto, es crucial evaluar el marco normativo que subyace a estos esfuerzos y revisar críticamente los supuestos inherentes a la «lucha contra el terrorismo» en el Sahel.
Los terroristas como actores claramente definidos
La idea y el énfasis en la «lucha contra los terroristas» implica que existe un actor claramente delimitado, a saber, «los terroristas» (o, como suele decir Francia, «los grupos terroristas armados») a los que hay que combatir. Se corre el riesgo de simplificar la comprensión de la realidad, ya que implica una clara diferencia entre «la población» y «el terrorista». Sin embargo, la realidad demuestra que los grupos extremistas violentos se mezclan hábilmente con la población local cuando es necesario. En otras palabras, la realidad sobre el terreno muestra una realidad mucho más confusa y compleja de lo que sugiere el discurso de la «lucha contra los terroristas». Esta dicotomía errónea es problemática, ya que aumenta el riesgo de que se cometan abusos contra los derechos humanos, como ilustra la explicación del analista saheliano Ibrahim Yahaya Ibrahim sobre la perspectiva de las fuerzas de seguridad del Estado: «Sabes que te ha atacado gente de esta zona. Sabes que la gente que te ha atacado está en esta zona. Y cuando llegas buscando pelea, las únicas personas que encuentras son civiles».
En relación con esto, tanto si se utiliza el término «terrorista» como los términos aparentemente más matizados de «terrorismo», «grupo terrorista armado» o «amenaza terrorista», la palabra «terrorista» dista mucho de ser neutra. Como explica Demmers, «los terroristas, en la acepción del término posterior al 11-S, son personas ‘sin conciencia moral’, con las que ‘no se negocia’ y a las que ‘hay que sacar de sus agujeros'». El uso del controvertido término «terrorista» deslegitima automáticamente al «enemigo» contra el que se lucha, y deja a los insurgentes y a la lucha desprovistos de todo contenido y contexto político. Además, esta forma de encuadrar permite al actor que lucha contra «los terroristas» decidir quién es y quién no es un actor político legítimo. En el caso del Sahel, los gobiernos sahelianos del G5 están legitimados por el mero hecho de que la comunidad internacional coopere y apoye militarmente su lucha contra los terroristas, además de respaldar el retorno del Estado mediante iniciativas de seguridad, políticas y de desarrollo.
El Estado como actor legítimo
Esta cooperación con los Estados sahelianos lleva implícita la idea de que el Estado representa a todo su pueblo. Sin embargo, en realidad, los gobiernos sahelianos luchan por ser percibidos como legítimos por sus poblaciones, lo que se ha manifestado recientemente en la crisis política maliense y la dimisión forzada del presidente de Malí, Ibrahim Boubacar Keïta. La prolongada corrupción y la falta de previsión de las necesidades básicas de toda la población han ido en detrimento de la percepción de legitimidad de los gobiernos.
Además, los grupos extremistas violentos aprovechan hábilmente estos vacíos de gobernabilidad presentándose alternativamente como proveedores de » servicios clave de gobernabilidad». Todo ello sin olvidar el miedo a las represalias que los grupos extremistas violentos infunden entre la población en caso de deslealtad. Sin embargo, lo cierto es que la gente apoya a los grupos extremistas violentos por diversas razones, y la dicotomía de un «gobierno legítimo» frente a «terroristas ilegítimos» que la lucha contra el terrorismo corre el riesgo de implicar no tiene suficientemente en cuenta la situación actual.
Además, es crucial recordar que la dinámica del conflicto saheliano no consiste simplemente en una lucha entre «los terroristas islamistas» y el Estado del G5 Sahel y los actores internacionales, sino que también se produce, refuerza y exacerba por la violencia (intercomunitaria) y las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, las milicias étnicas y los grupos armados no islamistas. Todas estas dinámicas de conflicto, diferentes pero entrelazadas, deben tenerse muy en cuenta en una estrategia adecuada para lograr una paz y una estabilidad duraderas en todo el Sahel.
Un enfoque militarizado
Un tercer aspecto problemático del marco de «lucha contra la amenaza terrorista» es su riesgo de promover un enfoque militarizado. Se trata de una crítica muy frecuente a los esfuerzos internacionales en el Sahel. Francia, un actor internacional clave en la lucha militar contra el terrorismo junto a los ejércitos sahelianos, utiliza una estrategia consistente en debilitar primero suficientemente a los grupos extremistas violentos desde el punto de vista militar para allanar el camino a los ejércitos locales para que luchen contra estos grupos «por su cuenta» . Sin embargo, no está muy claro cómo podría tener éxito esta estrategia en el contexto saheliano. En general, se sabe que los ejércitos sahelianos son débiles; el ejemplo más destacado probablemente sea el caso burkinabé, en el que el gobierno ha decidido recurrir a fuerzas civiles a las que se permite luchar junto a fuerzas militares tras un mero entrenamiento de dos semanas.
Además, desde el final de la Operación Serval, los grupos extremistas violentos han demostrado su capacidad de resistencia extendiéndose y estableciéndose en otras partes del Sahel. Esto no sólo plantea la cuestión de si una estrategia de este tipo no da lugar de hecho a una mayor inestabilidad, sino que también deja que uno se pregunte hasta qué punto esta estrategia es eficaz en la batalla por la legitimidad, y no sólo por el territorio. Esto no quiere decir que los esfuerzos en el Sahel sean exclusivamente militares o que no deban llevarse a cabo acciones militares de ningún tipo. Sin embargo, la cuestión sigue siendo si la estrategia actual, en la que los esfuerzos militares deben llevarse a cabo antes que cualquier otro esfuerzo, como las iniciativas de desarrollo o de reconciliación aportará realmente la supuesta estabilidad sobre la que construir una paz y una seguridad duraderas.
En su lugar, al enmarcar la situación actual en términos de amenazas a la seguridad, tanto por parte de los actores sahelianos como internacionales, se hace hincapié en los «síntomas» (es decir, el «terrorismo») de la crisis de seguridad en lugar de en las causas profundas, en las que desempeña un papel clave la prolongada falta de buena gobernanza. Este discurso securitizado se traduce en una continua priorización de las medidas de seguridad tanto por parte de los gobiernos sahelianos como de los actores internacionales, a menudo a expensas de los objetivos de desarrollo sostenible. Varios actores internacionales en el Sahel, incluido el ejército francés, reconocen que una solución real a los problemas del Sahel pasa por un equilibrio adecuado entre la seguridad blanda, que incluye iniciativas de desarrollo y medidas para mejorar la gobernanza, y la seguridad dura a través de intervenciones militares. El problema es que este reconocimiento no conduce a un cambio en la estrategia global, en la que las medidas de seguridad «duras» siguen atrayendo la mayor parte de los recursos.
La gobernanza como camino a seguir
Incluso si la estrategia general para el Sahel se ajustara para centrarse más en el desarrollo, es poco probable que un buen equilibrio entre las iniciativas militares y de desarrollo por sí solo traiga consigo una paz y una seguridad duraderas. En última instancia, la crisis saheliana es una crisis de gobernanza. El «terrorismo», el reclutamiento por parte de grupos extremistas violentos, se ve favorecido en gran medida por los vacíos de gobernanza que han dejado los gobiernos sahelianos. Sin embargo, estos gobiernos son los mismos con los que cooperan los actores internacionales para «estabilizar» la región. Esto parece indicar una estrategia de «arreglar el coche mientras se conduce», expresión irónicamente tomada del propio ejército francés.
Nada de esto sugiere que debamos retirar todos los esfuerzos internacionales del Sahel. Sin embargo, una evaluación crítica del marco de la «lucha contra el terrorismo» debería hacernos replantearnos el actual modo de actuación en el Sahel. ¿No está empeorando las cosas la actual estrategia global militarizada/securitizada? Si se decide colaborar con los gobiernos de los Estados sahelianos, es imperativo pensar en formas de presionar a los gobiernos para lograr un cambio real para toda la población. Pero, en última instancia, ¿Cómo pueden los actores internacionales dar voz de verdad a las poblaciones sahelianas sin decidir por ellas? Es imperativo reflexionar sobre estas cuestiones y actuar en consecuencia, ya que cada acción y cada palabra repercuten en el futuro del Sahel.