En un contexto global marcado por la creciente congestión urbana, el aumento de la siniestralidad vial y la urgencia climática, las ciudades enfrentan el reto de transformar sus sistemas de movilidad sin depender exclusivamente de herramientas como la tarificación por congestión. Analizamos cómo, incluso en ausencia de este mecanismo, es posible implementar estrategias eficaces que optimicen el uso del espacio vial, mejoren la seguridad y promuevan una movilidad más equitativa y sostenible. Estas soluciones, basadas en la gestión dinámica del entorno urbano, la interoperabilidad de datos y el cambio modal, ofrecen un camino viable y transformador para las ciudades del presente y del futuro
En las primeras décadas del siglo XXI, las ciudades del mundo enfrentan un desafío sistémico en torno a la movilidad urbana: el colapso progresivo de los sistemas de transporte urbano derivados de la combinación de un crecimiento poblacional acelerado, una expansión urbana desordenada y un modelo de movilidad centrado en el automóvil particular. Las consecuencias de esta dinámica son múltiples y acumulativas: aumento exponencial de la congestión vial, incremento sostenido de accidentes graves y fatales, deterioro ambiental por emisiones contaminantes del parque automotor, y reproducción estructural de desigualdades en el acceso a medios de transporte seguros y eficientes. Ante este escenario, muchas urbes han comenzado a explorar soluciones audaces que trascienden los enfoques tradicionales, siendo la tarificación por congestión —como la que se implementará en Nueva York a partir de 2025— una de las políticas más emblemáticas de esta nueva generación de intervenciones.
El cobro por congestión, como instrumento económico, parte de una lógica clara: internalizar los costos sociales del uso excesivo del espacio vial urbano durante las horas punta, desincentivando el uso innecesario del automóvil mediante un esquema tarifario variable. En ciudades como Londres, Estocolmo y Singapur, esta política ha demostrado una eficacia considerable no solo para reducir la congestión, sino también para mejorar la calidad del aire y generar ingresos destinados a mejorar el transporte público. No obstante, su adopción no es universalmente factible. Múltiples ciudades enfrentan limitaciones estructurales que dificultan su implementación: marcos regulatorios inadecuados, oposición política o ciudadana, condiciones geográficas que impiden el control de accesos, insuficiencia tecnológica para su monitoreo o falta de recursos financieros para establecer la infraestructura necesaria. En este contexto, surge una pregunta clave: ¿qué pueden hacer las ciudades que no están en condiciones de aplicar este modelo?
La respuesta no implica resignación, sino reconceptualización. La tarificación por congestión no es la única herramienta disponible para transformar los patrones de movilidad urbana. Existen estrategias complementarias —y, en muchos casos, más accesibles— que pueden generar impactos significativos en el corto y mediano plazo. Estas se fundamentan en tres pilares interrelacionados: la gestión dinámica del espacio urbano (particularmente del bordillo), la coordinación intersectorial de datos para optimizar la operación de la red vial, y el fomento activo de un cambio modal hacia formas de movilidad sostenibles y equitativas.
La gestión del bordillo urbano: el nuevo frente de batalla por el espacio vial
Tradicionalmente considerado un espacio marginal del entorno vial, el bordillo (curb) ha adquirido en los últimos años una relevancia estratégica sin precedentes. En un ecosistema urbano atravesado por nuevas dinámicas de movilidad —como el auge de los servicios de entrega a domicilio, el transporte por plataformas digitales, la micromovilidad eléctrica y el incremento del comercio electrónico—, el bordillo se ha convertido en un recurso escaso y altamente demandado. Sin una gestión adecuada, este espacio tiende a convertirse en un punto crítico de fricción: estacionamiento en doble fila, obstrucción de carriles bici, bloqueo de pasos peatonales y pérdida de fluidez vehicular.
Para abordar este problema, las ciudades pueden aplicar estrategias de gestión dinámica del bordillo, las cuales combinan tecnología, tarificación inteligente y planificación urbana flexible. A través de sistemas de precios variables en función de la demanda, zonas reservadas para usos específicos en franjas horarias determinadas, y plataformas digitales de asignación en tiempo real, se puede reordenar de manera significativa la relación entre los diferentes actores que utilizan el espacio vial. Por ejemplo, se pueden establecer zonas de carga y descarga con tarifas dinámicas según la hora y la ubicación, reservar espacios para servicios de transporte por app en zonas de alta rotación, o liberar visualmente intersecciones para reducir riesgos de colisión.
Algunas ciudades pioneras, como San Francisco, ya han avanzado en esta dirección utilizando plataformas basadas en análisis de datos en tiempo real para ajustar la asignación y el precio del espacio urbano. Estas soluciones, operadas bajo esquemas de software como servicio (SaaS), permiten una implementación escalable y flexible, reduciendo la necesidad de infraestructura física costosa. Además, el uso de políticas de datos abiertos permite que operadores privados (como empresas de reparto, navegación o movilidad compartida) adapten sus operaciones de forma más eficiente a las regulaciones públicas.
Interoperabilidad y gobernanza de datos: el corazón del ecosistema de movilidad inteligente
El tránsito urbano no es solo una cuestión de infraestructura física; es también —y cada vez más— una cuestión de datos. La coordinación eficaz entre el sector público y el privado es fundamental para construir sistemas de transporte inteligentes, sostenibles y equitativos. Las entidades gubernamentales disponen de información estructural sobre el estado de la infraestructura y la operación del sistema (señalización, semáforos, rutas, eventos), mientras que las empresas privadas (aplicaciones de navegación, vehículos conectados, servicios de transporte) manejan datos comportamentales en tiempo real sobre patrones de desplazamiento, congestión y preferencias de los usuarios.
El reto es lograr interoperabilidad funcional: la capacidad de fusionar fuentes de datos heterogéneas para generar una visión integrada del ecosistema de movilidad. Esto permite implementar estrategias de gestión adaptativa, sistemas predictivos de control de tráfico, coordinación interjurisdiccional de semáforos y protocolos de respuesta rápida ante incidentes o eventos masivos. Un ejemplo paradigmático lo ofrece el Consejo de Gobiernos del Norte del Centro de Texas, que ha logrado coordinar 169 agencias locales mediante métricas compartidas para la sincronización de semáforos, mejorando la experiencia de los usuarios en toda la región metropolitana.
Asimismo, la gestión de normas viales en tiempo real es otra dimensión emergente de la gobernanza de la movilidad urbana. Herramientas basadas en la Mobility Data Specification (MDS) de la Open Mobility Foundation permiten a las autoridades actualizar, distribuir y monitorear digitalmente las reglas del tráfico urbano: desvíos por construcción, restricciones temporales, cambios en estacionamiento, rutas de eventos o festivales. En Filadelfia, estas herramientas se utilizan para informar tanto al público como a los operadores privados, generando una circulación más segura, coherente y predecible.
El cambio modal como objetivo estratégico: medir, gestionar y corregir inequidades
En última instancia, cualquier política pública orientada a la mejora del sistema de transporte debe tener como norte el cambio modal: es decir, inducir un desplazamiento progresivo desde modos de transporte contaminantes, ineficientes o excluyentes (como el automóvil particular) hacia modos sostenibles, accesibles y colectivos (como el transporte público, la bicicleta o la caminata). La tarificación por congestión apunta precisamente a este objetivo, al encarecer el uso innecesario del automóvil y promover alternativas. Sin embargo, este cambio no puede lograrse por medios económicos únicamente: requiere planificación estratégica, monitoreo constante y políticas compensatorias que eviten nuevas formas de exclusión.
Para ello, los datos vuelven a jugar un papel central. A través del análisis de patrones de viaje, segmentación socioeconómica y mapas de accesibilidad al transporte, las ciudades pueden identificar a los grupos poblacionales más vulnerables frente a los déficits del sistema actual. Estas poblaciones, con frecuencia ubicadas en periferias desconectadas, zonas con bajo nivel de servicio o barrios históricamente marginados, necesitan políticas específicas que garanticen su derecho a la movilidad. Algunas de estas medidas incluyen tarifas diferenciadas según nivel de ingreso, expansión de líneas de transporte público en zonas desatendidas, subsidios a servicios de micromovilidad o infraestructuras para modos activos.
Ejemplos concretos no faltan: Nueva York utiliza datos de vehículos conectados para planificar el impacto de nuevos desarrollos inmobiliarios en la red vial, mientras que Denver ha expandido su sistema de micromovilidad en más de un 900% en seis años, basándose en el análisis de datos de uso y patrones de desplazamiento. Estos casos demuestran que es posible alinear innovación tecnológica, justicia social y sostenibilidad ambiental en una estrategia integral de movilidad urbana.
Conclusión: una transformación posible sin esperar a la tarificación
Aunque la tarificación por congestión representa una herramienta poderosa y eficaz para reformar la movilidad urbana, no es una condición sine qua non para iniciar un proceso transformador. Las ciudades tienen a su disposición un conjunto amplio de estrategias —probadas, escalables y adaptables— que pueden desplegar hoy mismo para mejorar el flujo vehicular, reducir las emisiones, proteger a los usuarios más vulnerables y hacer más habitable el entorno urbano. La gestión dinámica del bordillo, la integración intersectorial de datos y las políticas activas de cambio modal conforman un trinomio de acción inmediata, basado en tecnología disponible, evidencia empírica y principios de equidad.
Este enfoque alternativo no sustituye a la tarificación, pero la complementa y, en muchos casos, la precede. Porque la transformación de la movilidad no depende solo de herramientas económicas, sino de una visión política de ciudad: una que priorice la vida urbana, el bienestar colectivo y la sostenibilidad a largo plazo.
