En las últimas décadas, las ciudades enfrentan desafíos crecientes relacionados con la contaminación del aire, la congestión vehicular y el cambio climático. Frente a este panorama, las Zonas de Bajas y Cero Emisiones han emergido como herramientas clave para reconfigurar la movilidad urbana y mejorar la calidad de vida. Estas políticas, cada vez más adoptadas a nivel mundial, no solo buscan reducir emisiones, sino también impulsar una transformación profunda del entorno urbano. Su expansión representa un cambio de paradigma hacia ciudades más sostenibles, saludables y resilientes
En el contexto de la creciente urbanización, el cambio climático y la degradación ambiental, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y las Zonas de Cero Emisiones (ZCE) se han convertido en estrategias de vanguardia para enfrentar los retos asociados a la contaminación atmosférica urbana, la congestión vehicular y la necesidad de avanzar hacia sistemas de movilidad más sostenibles. Estas políticas, cada vez más adoptadas por grandes ciudades en Europa, Asia, América y otras regiones del mundo, representan no solo una respuesta técnica a problemas ambientales específicos, sino también una reorientación profunda de las políticas públicas urbanas hacia un paradigma ecológico que aspira a transformar el diseño, la gobernanza y la experiencia del espacio urbano.
Las ZBEy ZCE surgen como mecanismos reguladores que limitan, restringen o encarecen el acceso de vehículos contaminantes a determinadas áreas urbanas, especialmente aquellas con alta densidad poblacional, vulnerabilidad ambiental o valor patrimonial. Las primeras se caracterizan por establecer umbrales mínimos de emisiones —habitualmente basados en las normas “Euro” o en etiquetas medioambientales como la Crit’Air francesa— por debajo de los cuales los vehículos pueden acceder sin sanción. Las ZCE, en cambio, representan un avance normativo y conceptual al prohibir completamente el acceso a vehículos que generen emisiones por tubo de escape, admitiendo exclusivamente vehículos eléctricos puros, de hidrógeno u otros de propulsión no contaminante, además de bicicletas y medios de transporte no motorizados.
El objetivo de estas zonas va más allá de la mera mejora de la calidad del aire. Las ZBEs buscan reducir la concentración de contaminantes como los óxidos de nitrógeno (NOx), el material particulado (PM10 y PM2.5) y el dióxido de carbono (CO2), que inciden negativamente sobre la salud respiratoria, cardiovascular y neurológica de la población, especialmente de niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas. Las ZCE, además, se inscriben en una estrategia más amplia de descarbonización de la movilidad urbana, persiguiendo la neutralidad climática, la reducción del ruido urbano, la recuperación del espacio público y el fomento de una movilidad activa y colectiva.
La implementación de estas zonas ha sido particularmente intensa en Europa, impulsada por una combinación de factores normativos, financieros, sociales y tecnológicos. A finales de 2022, se contabilizaban más de 320 ZBE activas en Europa, cifra que se espera supere las 500 para 2025. La Unión Europea, a través de sus directivas sobre calidad del aire ambiente (2008/50/CE) y la creciente presión del Tribunal de Justicia de la UE ante incumplimientos nacionales, ha desempeñado un papel catalizador fundamental. Algunos países, como Francia, España, Alemania, Países Bajos e Italia, han legislado marcos nacionales que exigen a los gobiernos locales establecer estas zonas en función de su tamaño poblacional o situación ambiental. Por ejemplo, España, mediante la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021, obliga a todos los municipios de más de 50,000 habitantes a disponer de una Zona de Bajas Emisiones antes de 2023, mientras que Francia exige su instauración en ciudades con más de 150,000 habitantes para 2025.
El Reino Unido, tras su salida de la UE, ha mantenido una política igualmente ambiciosa. Londres, en particular, ha destacado con su Zona de Ultra Bajas Emisiones (ULEZ, por sus siglas en inglés), que desde su creación ha experimentado varias expansiones geográficas y endurecimiento de requisitos, generando reducciones significativas de NO2, PM2.5 y emisiones de gases de efecto invernadero. Según datos oficiales, la expansión de la ULEZ ha contribuido a una disminución del 27% en las concentraciones de NO2 a nivel urbano y del 54% en el centro de Londres. Además, las emisiones de NOx procedentes de automóviles y furgonetas en las zonas exteriores de la ciudad también experimentaron descensos notables.
En América Latina, aunque el fenómeno es más reciente, se observan avances prometedores. Ciudades como Bogotá, Medellín, Santiago de Chile y Guadalajara han comenzado a explorar o implementar ZBEs en el marco de sus compromisos internacionales de sostenibilidad, muchos de ellos canalizados a través de redes como C40 Cities. Asia, por su parte, muestra ejemplos destacados como Shenzhen, que ha electrificado gran parte de su flota logística mediante zonas de logística verde (una forma de ZCEs para transporte de mercancías), y Seúl, que ha desplegado ZBEs como parte de su estrategia de transición ecológica urbana. En Norteamérica, si bien los marcos normativos son más fragmentados, ciudades como Los Ángeles y Santa Mónica en California han desarrollado zonas piloto de entrega con cero emisiones, con la intención de consolidar zonas más amplias en el futuro.
Desde el punto de vista de los impactos, los beneficios ambientales de estas zonas están ampliamente documentados. Estudios realizados en distintas ciudades europeas evidencian reducciones promedio del 20% en las concentraciones de NO2 dentro de las ZBEs , llegando a alcanzar el 33% en Bruselas y el 22% en Lisboa. En Madrid, la creación de su zona de bajas emisiones ha reducido entre un 29% y 35% el NO2 en comparación con un escenario sin restricciones. En Barcelona, la ZBE logró en 2023 los niveles más bajos de dióxido de nitrógeno de los últimos 25 años.
Sin embargo, su efecto sobre la dinámica del tráfico es más complejo. Aunque alteran sustancialmente la composición del parque automotor, la reducción del volumen total de tráfico no siempre es inmediata ni lineal. En algunas ciudades se ha observado el fenómeno del desplazamiento del tráfico contaminante hacia las zonas periféricas, lo que obliga a adoptar una planificación integral del transporte metropolitano. Además, el éxito de estas zonas depende estrechamente de la existencia de alternativas de movilidad adecuadas, accesibles y seguras, así como de una red de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos suficientemente desarrollada.
Uno de los principales desafíos asociados a la implementación de ZBEs y ZCEs su aceptación social y la percepción de equidad. La restricción del uso de vehículos antiguos y contaminantes afecta desproporcionadamente a los hogares de bajos ingresos y a las pequeñas empresas, que disponen de menos recursos para adaptarse. Este dilema pone de relieve la necesidad de políticas complementarias que incluyan subsidios, programas de renovación de flotas, exenciones temporales y estrategias de comunicación claras que expliquen los beneficios y minimicen el rechazo social. La inversión en transporte público de calidad, asequible y bien conectado se convierte en una condición sine qua non para garantizar la justicia ambiental.
También surgen consideraciones económicas relevantes. Mientras algunos estudios destacan el riesgo de gentrificación y desplazamiento de poblaciones vulnerables debido al aumento del valor inmobiliario en las zonas reguladas, otros evidencian que los beneficios en salud pública, reducción de costes sanitarios y mejoras en la calidad de vida superan con creces los costes iniciales de implementación. En Londres, por ejemplo, no se ha observado un impacto negativo significativo sobre el comercio minorista en las áreas exteriores tras la expansión de la ULEZ, lo que refuerza la viabilidad económica de estas políticas.
En cuanto al futuro, la tendencia apunta a una generalización y endurecimiento progresivo de estas zonas. Muchas ciudades ya han fijado objetivos para la implementación total de ZCEs entre 2030 y 2035. La innovación tecnológica jugará un papel crucial, tanto en la gestión del tráfico mediante precios dinámicos en función de la calidad del aire, como en la integración de vehículos autónomos, inteligencia artificial y plataformas de datos para mejorar la planificación urbana, el monitoreo ambiental y la participación ciudadana. En el ámbito logístico, se exploran soluciones como los centros de microconsolidación, el uso de bicicletas eléctricas de carga y la electrificación total de las flotas de última milla.
En conclusión, las Zonas de Bajas y Cero Emisiones no deben entenderse como políticas aisladas, sino como elementos clave de una transición más amplia hacia ciudades resilientes, saludables, climáticamente neutras y socialmente inclusivas. Requieren enfoques integrales de planificación urbana, coordinación intergubernamental, participación activa de todos los sectores sociales y un compromiso sostenido a largo plazo. Si se diseñan e implementan adecuadamente, estas zonas tienen el potencial de convertirse en verdaderos laboratorios de transformación urbana, generando aprendizajes valiosos para una gobernanza ambiental más eficaz y democrática a escala global.